Puigdemont fija septiembre como límite para firmar la singularidad nuclear catalana

Puigdemont, que sabe que el presidente Sánchez está necesitado de apoyos para mantenerse a flote en el Congreso y para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2026, no quiere demorar más la firma por escrito a ciertas cesiones pactadas más allá del mero compromiso verbal con un Gobierno que, acuciado por la corrupción, podría tener fecha de caducidad más pronto que tarde. Entre estas, tal y como adelantó ABC, el acuerdo no escrito sobre una suerte de singularidad nuclear catalana.

Así, según ha podido saber este periódico de fuentes políticas catalanas, el líder de Junts ha marcado como fecha límite el próximo mes de septiembre para encauzar la independencia energética para Cataluña, a través de la ampliación de la vida útil de sus centrales nucleares. Una exigencia que venía de lejos pero que se aceleró tras el apagón del pasado 29 de abril, que puso en evidencia las carencias energéticas de la región.

El expresident, sabedor de que los siete diputados de su partido son indispensables para sacar adelante cualquier iniciativa legislativa del Gobierno, quiere acelerar lo hablado con el presidente, y ampliar cuanto antes la fecha límite para el cierre de sus tres reactores vivos –los dos de Ascó y el de Vandellós–, en contra del calendario pactado en 2019 de las empresas y que recoge tanto el PNIEC enviado a Bruselas como el Plan General de Residuos Radiactivos, y alejar así el fantasma de la dependencia energética de por vida de la región.

Una dependencia que es más que evidente y que para los independentistas se antoja indispensable revertir. No en vano, según un reciente informe de PwC, el cierre nuclear de las centrales catalanas acarrearía catastróficas consecuencias en Cataluña por su condición de gran consumidora de energía y por la pobre, casi nula, implantación renovable. La región, además, se ve obligada a importar electricidad de sus comunidades vecinas –Aragón y Comunidad Valenciana– pero en una cantidad aún relativamente pequeña, autoabasteciéndose, sobre todo, gracias a sus tres reactores nucleares, que suman casi un 60% de la generación eléctrica, frente al 20% que aportan al conjunto del país las cinco centrales existentes en España, que suman siete reactores.

Mientras, según dicho informe, las energías llamadas a reemplazarla cuando se produzca su apagado (Ascó en 2030 y 2032; Vandellós en 2035) continúan suponiendo un porcentaje residual en la región en una situación contraria a la de otras autonomías. En Cataluña, la generación renovable (sobre todo eólica y fotovoltaica) supone sólo un 8% del total.

No obstante, el Gobierno, que sabe que se le echarán encima el resto de comunidades autónomas, ha intentado atrasar al máximo poner sobre papel un acuerdo que guardaban en absoluto secreto hasta para con sus socios de Gobierno –Sumar, opuestos radicalmente a la energía nuclear–. Sánchez sabe que el compromiso, una vez escrito, abre el melón de la discordia con el resto de autonomías en las que están asentadas las otras centrales nucleares, tanto como con aquellas que reciben su servicio, que pedirán idéntico trato, tal y como está ocurriendo con el acuerdo fiscal singular.

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Las regiones advierten de que perderían igualmente competitividad y empleos de forma masiva y pondrán pie sobre pared si se permite a Cataluña variar el calendario de cierre. Pero, lo cierto es que no representan interés político para el presidente Sánchez.

Almaraz (en Cáceres) tendría que cerrar su primer reactor en 2027, después de 45 años de funcionamiento, un año después le tocaría al segundo; mientras el turno de Cofrentes, en Valencia, sería en 2030, y el de Trillo, en Guadalajara, sería el último en desenchufarse. Los dos reactores de la central extremeña dan servicio a Extremadura, Andalucía y Madrid y ninguna de estas tres regiones están en la órbita sanchista para revertir la decisión. Dar marcha atrás en el cierre de Almaraz supondría además para Sánchez defraudar una vez más a Sumar, y sobrado de apoyos no está.