La presión de las energéticas para mantener las nucleares choca contra la indiferencia del Gobierno

En el plano empresarial, Iberdrola, Endesa y Naturgy sostienen desde hace meses que debería existir una prórroga en el calendario de cierre que se pactó en 2019. De esta forma, en vez de que la central nuclear de Almaraz eche su cierre en 2027, todos estiman que esa fecha se debería llevar a 2030. En eso están todos de acuerdo, más o menos. Porque la fricción fiscal supone un problema.

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Mientras que Iberdrola y Endesa son intransigentes, Naturgy es más flexible. Es decir, las dos eléctricas asumen que cualquier negociación, para cualquier fecha, debe llevar asociada una reducción de impuestos. La gasista, por su parte, no es tan exigente con este asunto. En todo caso, las tres compañías coinciden en la necesidad estratégica de alargar la vida útil de las centrales.

No obstante, tampoco se conoce mucho más. El calendario de cierre se inicia en 2027 y se prolonga hasta 2035, momento en que Vandellós II y Trillo cesarán su actividad. Esa falta de información se produce, básicamente, porque no existe una negociación formal sobre el asunto y, por tanto, todo circula bajo el radar de los condicionales. Una situación que utiliza el Gobierno para desactivar este debate.

Así, el Ministerio para la Transición Ecológica se lanzó en tromba para desmentir unas informaciones periodísticas donde se aseguraba que el Gobierno está abierto a negociar el calendario de cierre. En cierto modo se trata de una certeza. El propio presidente, Pedro Sánchez, ya dijo que el Ejecutivo estaba dispuesto a abordar la situación. Pero hay un condicionante de entrada –tres en realidad– que fija el punto de partida: la situación fiscal no se moverá un centímetro puesto que entienden que eso afectaría a la factura final de los ciudadanos.

En este contexto, la situación se resume de manera sencilla. El Gobierno, que es quien marca la agenda energética, quiere que se cumpla el calendario de cierre. Las empresas, por su parte, estiman que por cuestiones técnicas las centrales nucleares deberían permanecer abiertas más tiempo, aunque tampoco precisan con claridad –ni unanimidad– cuánto sería. Todavía en el tejado empresarial, deberían ser las propietarias de los reactores quienes soliciten alargar la vida útil.

En ese punto, el Ejecutivo sostiene que no se cierra a negociar salvo que alguna de las peticiones afecte a los consumidores. Asimismo, las energéticas también tienen una línea roja económica: no se puede seguir con la presión fiscal que existe en estos momentos.

En mitad de esta pelea surgió el apagón del pasado mes de abril. Una situación que ha puesto de manifiesto que, quizá, el sistema eléctrico español no puede soportar un crecimiento tan masivo de las renovables sin que haya tecnologías de respaldo. Siendo la nuclear el mejor aliado.

Todo esto se desarrolla sin que el Gobierno haya presentado los números claros sobre lo que supondría el fin de la energía nuclear en España. Ni a nivel técnico, ni económico. Guste más o menos, el sector nuclear lleva meses exprimiendo diversos informes de la consultora PwC sobre la presión fiscal, lo que supondría en la factura de la luz para los consumidores, etc. Sin embargo, desde Transición Ecológica simplemente se atienen al acuerdo firmado en 2019 sin aportar, justamente, más detalles sobre dicho impacto.

En mitad de estas peleas, la energía nuclear sigue cumpliendo su función. Por lo que respecta a los datos de 2024, en ese ejercicio la nuclear se convirtió en la segunda fuente de generación con el 20% de la generación. Es muy significativo debido a que la potencia instalada apenas representa el 5% de la capacidad total que hay en nuestro país.

En cuanto a los tiempos de producción, se trata de la tecnología que más genera con cerca de 8.000 horas. Una situación que, además de no generar CO2, ofrece gran estabilidad al sistema eléctrico español. Algo que se ha demostrado como una gran necesidad tras el gran apagón. Estos datos confirman la fuerza de una tecnología con un futuro incierto.