El Gobierno controlará Bankia

El consejo ha solicitado la conversión de los títulos emitidos por importe de 4.465 millones de euros recibidos en forma de préstamo público por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en acciones ordinarias, según ha informado el Banco de España. El organismo que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez explica que los acontecimientos de las últimas semanas han hecho aconsejable la aportación de recursos públicos en su capital para acelerar el saneamiento. Sostiene que BFA-Bankia es una entidad solvente que sigue funcionando con absoluta normalidad y sus clientes y depósitantes "no han de tener motivo de preocupación".

Una vez que se materialice la nacionalización de BFA, el Estado pasará a tener más del 45% de Bankia, lo que le permitirá controlar la entidad, al ser su accionista mayoritario, según ha precisado el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado. El departamento dirigido por Luis de Guindos precisa que inyectará el capital "que sea estrictamente necesario para realizar los saneamientos precisos" con el fin de llevar a cabo los planes de reestructuración, viabilidad y mejora de gobierno corporativo que deberá presentar al Banco de España el nuevo equipo directivo de Bankia. De esta forma, impulsará los trámites para la conversión en capital de las participaciones preferentes por un valor de 4.465 millones de euros que posee el FROB en BFA.

El Ejecutivo considera que la entrada en el capital es "un primer paso necesario" para garantizar la solvencia, la tranquilidad de los depositantes y disipar las dudas de los mercados sobre las necesidades de capital de la entidad. Ningún acreedor, incluidos los depositantes y titulares de participaciones preferentes, se verá perjudicado por esta decisión, precisa.

La nacionalización se producirá para cubrir el desajuste conocido tras la auditoría de Deloitte en la que se indicaba que existía una sobrevaloración de los activos en BFA de al menos 3.500 millones de euros. Esta cantidad es imposible de cubrir salvo una inyección de dinero público.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante las noticias sobre la intervención, dejaba claro que serán los nuevos dirigentes del banco quienes determinarán las medidas a tomar tras evaluar la situación. Sin embargo, Rajoy ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los clientes de la entidad: "El Gobierno tomará las medidas necesarias para mantener la viabilidad del sistema financiero", ha asegurado desde Portugal, donde se ha reunido con su homólogo luso. El Ejecutivo es consciente que lo último que necesita Bankia es una cola de clientes a las puertas de la entidad dispuestos a retirar su dinero. De ahí los reiterados mensajes de confianza.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha hablado con el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez para abordar el asunto. Tras dicha conversación, Gómez ha señalado que su partido no se opone a la nacionalización y que avalará la nueva reforma financiera que el viernes aprobará el Consejo de Ministros y que exigiría aumentar las provisiones de los bancos entre 20.000 y 30.000 millones más, un asunto que tratará más detalladamente con De Guindos en una reunión que tendrá lugar mañana y a la que también asistirá la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero.

Con respecto a Bankia, el portavoz de Economía del PSOE ha recordado que los socialistas no se opusieron tampoco a la intervención de Nova Caixa Galicia. Menos aún lo harán en este caso, teniendo en cuenta que Bankia es la cuarta entidad bancaria del país y una "pieza clave" del sistema financiero español.

La propuesta de nacionalización se ha realizado tras el cierre de la Bolsa, donde la entidad se ha desplomado un 5,84% después de llegar a perder más de un 6%. La semana está siendo especialmente dramática para la entidad en el parqué. En los últimos tres días sus acciones han perdido hasta un 15% de su valor, lo que equivale a unos 650 millones de euros.

Una vez que la operación se lleve a cabo, Bankia se unirá a un importante número de entidades que permanecen bajo el control del Estado desde que estalló la crisis: Banco de Valencia, Novagaliciacaixa y CatalunyaBank.