El Gobierno niega que Bankia haya sido intervenida

Por su parte, Rodrigo Rato ha declarado al adiario ABC que «el Gobierno ha decidido que lo mejor es que yo no siga en Bankia», justificando el anuncio que hizo ayer de que abandonaba la entidad. El comunicado supuso una sorpresa mayúscula en la recta final de la reconversión bancaria. Rato,presentaba ayer su dimisión y propuso a un veterano del sector, el exconsejero delegado del BBVA José Ignacio Goirigolzarri, para ocupar su puesto. La salida de Rato allana el camino a una nueva inyección de ayudas de entre 7.000 y 10.000 millones de recursos públicos.

Se habían juntado varios factores difíciles de superar. A la presión de los mercados, y las dificultades de la entidad para digerir el 'ladrillo' con problemas -sus préstamos morosos, promociones inacabadas y viviendas adjudicadas adcanzan el importe más alto de todas las entidades españolas- se unieron las sugerencias del Fondo Monetario Internacional para poner remedio a los problemas de una institución de gran tamaño a la que todos identificaron como Bankia. También el Banco Central Europeo apremiaba a concluir el saneamiento bancario.

Rato no aportó explicaciones de su decisión. En el comunicado en el que daba cuenta de su salida se limitó a comentar que había decidido «pasar el testigo a un nuevo gestor por estimar que es lo más conveniente para esta entidad». Horas más tarde, tras pronunciar una conferencia en Esade, elogiaba «el gran prestigio profesional y personal» de José Ignacio Goirigolzarri, y le consideraba «la persona más adecuada» para dirigir la institución. También lanzaba un mensaje tranquilizador a los más de 10 millones de clientes y más de 400.000 accionistas de Bankia, evocando la «gran solvencia» de la entidad.

Según Rato, su mandato ha coincidido con «una de las coyunturas más críticas que jamás haya sacudido el sistema financiero español». Pese a ello y a «las adversas condiciones del mercado», se apuntó los méritos de la salida a Bolsa, el arranque el plan estratégico y la obtención de 309 millones de resultados en 2011, tras adelantar 1.200 millones de provisiones. También recordó que Bankia ha cerrado 800 sucursales y realizado un ajuste de plantilla equivalente al 25% del sector.

En su despedida, el ya expresidente de Bankia omitió sin embargo cualquier referencia a los problemas de la entidad para cumplir con los últimos requerimientos del Gobierno, que impone elevar las provisiones por los activos problemáticos del ladrillo, que en este caso ascienden a 31.800 millones de euros. Para solventarlos, el ministerio de Economía ha confirmado que se prepara al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para inyectar en el Banco Financiero y de Negocios, que es la matriz de BFA, dinero público a través de bonos convertibles en acciones, lo que en el lenguaje financiero se conoce como 'cocos'. La cuantía, todavía por determinar, podría estar entre 7.000 y 10.000 millones de euros. El último real decreto del ministerio de Economía abre camino a esta opción en caso de fusiones, y bastaría integrar de nuevo Bankia y BFA para cumplir esta condición, aunque será una vía compleja que supondrá desandar en parte lo ya andado.

Los 'cocos' son préstamos que no otorgan derechos políticos, y el banco tiene que retribuirlos con un tipo interés de mercado, en la actualidad cercano al 8%. Su principal característica es que se transforman obligatoriamente en acciones en momentos en que la entidad reduce su capital básico por debajo de determinados límites. Si Bankia no pudiera mantener los niveles exigidos, el Estado vería convertido su préstamo en una participación en el banco. Con las cifras que se barajan, esa posibilidad supondría su práctica nacionalización.

Los sindicatos creen que los planes sobre Bankia no son una improvisación. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernandez Toxo, sugirió que la dimisión de Rodrigo Rato podría ser consecuencia de un pacto con el Gobierno, aunque afirmó desconocer los motivos últimos de la salida del cargo del exdirector gerente del FMI. El responsable de UGT, Cándido Méndez, censuró que se estén tomando decisiones «a toda velocidad» y sin darse explicaciones a la sociedad, por lo que demandó una comparecencia del presidente del Ejecutivo en el Parlamento para dar cuenta de estas y otras decisiones.

Y es que, junto al saneamiento de Bankia, el Consejo de Ministros del próximo viernes tiene previsto aprobar las normas que permitirán a los bancos sacar fuera de sus balances los activos inmobiliarios problemáticos, e integrarlos en unas sociedades que tendrán como principal objetivo su venta o liquidación. Queda por ver quien paga la factura si la puesta a valor de mercado de las viviendas, promociones a medio construir o suelo en poder de los bancos les ocasiona nuevos quebrantos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no descartó que, en este caso «como en otras situaciones límite», además de «perder dinero los promotores o los bancos» se tengan que aportar recursos públicos. «No está decidido», manifestó en declaraciones a Onda Cero, pero añadió que «si fuera necesario para salvar al sistema financiero» no renunciaría a ello, y evocó las actuaciones de otros gobiernos europeos.

Este nuevo paso de la reforma bancaria, concluyó Rajoy, debe permitir que, en poco tiempo, «las entidades queden perfectamente capitalizadas, para que los bancos puedan financierse fuera de España». Desde la oposición, el secretario general del PSOE advirtió de que su partido vigilará para que el saneamiento financiero de Bankia y del resto de entidades con activos tóxicos del ladrillo no cuesta «ni un euro» a los españoles.