El parón político tapona la llegada de 110.000 millones en fondos europeos

Entre la prefinanciación y los tres primeros desembolsos, España ha recibido ya 37.000 millones de euros de recursos comunitarios para la recuperación y reconstrucción. El último tramo, de 6.000 millones, se solicitó en noviembre de 2022 y se recibió en marzo. Desde entonces no se ha producido ninguna solicitud más.

El cuarto pago de los fondos, de 10.000 millones, tenía que haberse solicitado en la primera mitad de 2023; un tramo delicado para el Ejecutivo porque deberá escuchar las opiniones sobre la evolución de la reforma de pensiones por parte de las autoridades comunitarias, lo que se producirá después de que el mundo académico prácticamente al completo rechazara los cambios del Gobierno por considerar que no asegura la sostenibilidad del sistema. Junto a esos 10.000 millones, en la segunda mitad del año, se debería solicitar a Europa el quinto desembolso, de 7.000 millones.

En caso de que la situación acabe en bloqueo electoral y haya que llegar a segundas elecciones, estas peticiones de fondos Next Generation podrían quedar en un 'standby', según las fuentes consultadas por este diario. Principalmente, porque no se pueda avanzar con las reformas e inversiones prometidas.

En medio de este proceso está la denominada adenda, un anexo adjunto al plan de recuperación inicial para solicitar los créditos blandos que permite el Mecanismo de Recuperación europeo, en la que se incluye una batería de reformas e inversiones para lograrlo. Lo recibido hasta ahora eran transferencias a fondo perdido.

A principios de junio el Ejecutivo presentó el documento con nuevas reformas e inversiones y lo remitió a la Comisión Europea. Lo hicieron sin consultar con el Partido Popular, principal partido de la oposición, y casi sin diálogo con las comunidades autónomas y agentes sociales. Con esta solicitud España accedería a 84.000 millones en créditos blandos y 10.300 millones más en dinero a fondo perdido extra.

Y en esa adenda se incluyó la implantación de peajes por uso en las autovías españolas en 2024. Un compromiso que se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez y que llevan meses intentando revertir con intensas negociaciones -había de plazo hasta el 6 de agosto- con la Comisión Europea. El Ministerio de Asuntos Económicos pactó con las autoridades europeas darse un mes más, hasta mañana, para negociar este cambio y muchos otros.

La llegada de la financiación del plan de recuperación vive, por tanto, horas decisivas. En principio, las conversaciones entre el Gobierno y Bruselas no se dilatarán nuevamente, según trasladan fuentes del departamento de Nadia Calviño a este periódico. Explican las mismas fuentes que hasta ayer, la negociación de la exclusión de los peajes y de otras medidas seguían abiertas y que una vez cerrado el nuevo texto, la Comisión Europea tendrá que trabajar internamente para dar luz verde al nuevo plan.

Por el momento se desconoce cuál es la alternativa al pago por uso en autovías que el equipo económico del Gobierno ha trasladado a Bruselas. A la pregunta de este periódico, ni Economía ni Transportes han realizado declaraciones al respecto. Tampoco la Comisión Europea ha respondido al cierre de esta edición.

Pero desde el Ejecutivo siguen insistiendo en que los españoles no tendrán que abonar un céntimo para transitar por la red española de carreteras a partir del año que viene. El miércoles fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que volvió a negar la mayor. «No hay ninguna idea de implantar ningún peaje en las autovías y autopistas, no hay esa idea», señaló durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El pago por uso en las autovías españolas se recoge en hasta dos componentes del proyecto inicial del plan de recuperación, el 1 y el 28. En el plan se justifica su implantación por la necesidad de «garantizar la conservación de la red viaria» y «bajo el principio del cobro al 'usuario pagador' y del principio de 'quien contamina paga'».

El documento que remitieron en junio pasado a Bruselas todavía sigue siendo un misterio para el conjunto de la ciudadanía. Lo que comunicó el Gobierno públicamente fue un documento de 192 páginas en el que se recogían nuevas líneas de fondos, Pertes, reformas extra... y también «la modificación de un número limitado de hitos y objetivos del plan de recuperación para adaptarlo al contexto socioeconómico actual y a las necesidades que han ido surgiendo tras la puesta en marcha de la primera fase del plan». No se daba detalle exhaustivo de las nuevas reformas e inversiones y no se desvelaba qué compromisos pasados habían pedido modificar.

Hoy está previsto que la Comisión Europea haga pública su opinión sobre los cambios incluidos en la adenda española, lo que incluiría también un pronunciamiento sobre los peajes. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, mantendrá hoy en Bruselas encuentros con varios con comisarios europeos después de intervenir en el Parlamento Europeo.