El País Vasco y Navarra negocian con Hacienda para que la quita de deuda al resto de autonomías no les cueste ni un euro

El melón lo abrió hace unos días la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite. En una intervención en el parlamento regional anunció una reunión con Hacienda para «negociar una compensación económica en el pago de nuestra aportación al Estado respecto a la cantidad que finalmente resulte en la condonación de la deuda a las comunidades del régimen común».

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La reivindicación del ejecutivo navarro se sustenta en la ley de 1990 que regula su concierto económico con el Estado. Esta incluye entre las cargas no asumidas por las que tiene que hacer una aportación a los gastos generales «los intereses y cuotas de amortización de las deudas del Estado».

Según la lógica de la aportación navarra, que es la misma que rige para el cupo vasco, la aportación de las haciendas forales a las cargas generales del Estado debe incluir la parte que les corresponda de la factura de intereses a la que cada año hace frente el Tesoro, en un porcentaje del 1,6% en el caso de Navarra y del 6,24% en el del País Vasco.

El mensaje de Chivite es claro. Si el Gobierno decide absorber una parte de la deuda de las comunidades de régimen común y esa operación eleva la carga de intereses del Estado, esa decisión «no puede suponer ningún perjuicio para nuestra comunidad» o, de otro modo, no le puede costar ni un solo euro.

Lo que la presidenta socialista de Navarra quiso trasladar con luz y taquígrafos para demostrar su compromiso con el autogobierno, el Gobierno vasco ya lo había dejado acordado y rubricado con el Ministerio de Hacienda el pasado 10 de abril, según refieren fuentes del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Vitoria.

Ese día se reunió la Comisión Mixta del Concierto Económico y aunque por aquel entonces la absorción de la deuda autonómica no pasaba de ser un proyecto, el gobierno de Imanol Pradales se las apañó para que Hacienda se comprometiera de manera formal a que en la siguiente renovación del cupo «se realizarán las adecuaciones y ajustes precisos para garantizar la neutralidad financiera de los efectos que pudieran derivar de la aplicación del acuerdo relativo a la asunción por el Estado de una parte de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común», señalan estas fuentes, que confirman ese blindaje preventivo que protege a las haciendas vascas de cualquier potencial coste por esta operación.

Y es que sobre el papel y a la luz de las manifestaciones realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la operación de absorción de esos 83.252 millones de euros de deuda autonómica por parte del Estado supondrá un ahorro en intereses para las autonomías beneficiadas y, por tanto, un potencial sobrecoste para el Estado de hasta 7.000 millones de euros, en el caso de que todas las autonomías decidieran acogerse a la misma, algo que a día de hoy parece improbable.

El asunto es que en la medida en que la operación eleve la carga de intereses del Estado, también aumentaría la cuantía de la aportación navarra y del cupo vasco a las arcas estatales en una aplicación estricta de las leyes reguladoras de ambos regímenes forales. Eso es lo que tanto Chivite como Pradales pelean por evitar.

A juzgar por su disposición a negociar y acordar el Ministerio de Hacienda está siendo más permeable a las reivindicaciones de los regímenes forales que a las quejas de las comunidades autónomas de régimen común, que vienen denunciando desde hace meses que lejos de suponer un alivio financiero para sus ciudadanos el proceso de absorción de deuda autonómica, activado por el Gobierno para cumplir con uno de los compromisos que firmó con ERC para garantizarse su apoyo a la investidura como presidente de Pedro Sánchez, lo único que va a conseguir es redistribuir esas cargas en beneficio de territorios, como Cataluña, y en perjuicio de otros, como la Comunidad de Madrid, que estima que cada madrileño tendrá que asumir 483 euros más de deuda del Estado.

Para Diego Martínez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y ex alto cargo del Ministerio de Hacienda, no está tan claro que la operación vaya a incrementar la carga de intereses del Estado y que, por tanto, requiera de compensar a las haciendas forales. «Por lo que se conoce hasta ahora, el Estado no va experimentar pérdida de recursos corrientes por los intereses que deje de percibir de las comunidades autónomas al condonarse la deuda; el anteproyecto establece que las autonomías seguirán pagando intereses hasta el vencimiento con lo que el Estado no verá incrementado su gasto financiero por la deuda que tuvo que emitir en su momento».

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Más allá de que la absorción por parte del Estado de la deuda autonómica le genere o no una mayor carga de intereses, el experto cuestiona el derecho de las forales a reclamar una compensación. «Existen indicios fundados para pensar que las haciendas forales no abonan en estos momentos la parte que deberían satisfacer por los intereses de la deuda pública estatal, ni por la del FLA ni por cualquier otra, cuando en rigor ese concepto debería pagarse vía cupo o aportación».

Coincide en ese análisis el economista e inspector de Hacienda, Francisco de la Torre, coautor de 'La factura del cupo catalán', que entiende que ceder a las maniobras de Navarra de País Vasco con la quita supondría «mejorar más la sobrefinanciación de la que ya disfrutan» y que les asegura una financiación per cápita un 70% superior a las CC.AA. de régimen común.

«La teoría dice que tendrían que realizar una aportación para sufragar la factura de intereses del Estado, la realidad es que su aportación a los gastos generales en negativa», remacha.