Hacienda cerrará el grifo de la financiación barata del Estado a las CC.AA. tras la quita

El texto del anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para la Comunidades Autónomas de Régimen Común, aprobado el martes por el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso ABC, confirma en efecto que el Gobierno no establecerá ningún tipo de requisito para asumir la deuda de las autonomías -como sí pedía, por ejemplo, Yolanda Díaz, que quería vincularla al compromiso previo de no aprobar ninguna rebaja más en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones-, pero revela también un cambio significativo de las condiciones que se encontrarán las comunidades autónomas para obtener financiación del Estado una vez esta norma entre en vigor.

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El plan del Ministerio de Hacienda va mucho más allá de lo revelado hasta la fecha. En primer lugar, prevé cerrar el acceso a la financiación barata del Estado a las comunidades autónomas que cumplan sus objetivos de déficit y deuda, por mucho que tengan una carga de endeudamiento muy elevada y por tanto una factura importante en intereses. Ello conllevará el cierre definitivo a partir del 1 de enero de 2029 de la Facilidad Financiera, uno de los mecanismos extraordinarios de financiación ideados en la era Montero, en el que todavía hay embalsados 45.940 millones de euros pendientes de devolución y que en los últimos años ya solo era utilizado por Andalucía.

Además, plantea un cambio muy sustancial de las condiciones en que las autonomías en peor situación financiera, como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Murcia, obtienen del Estado los recursos que necesitan para financiar sus desequilibrios.

Una vez entre en vigor la mal llamada quita -en realidad en un traspaso de deuda de las comunidades autónomas al Estado sin ningún ahorro real para el contribuyente- se activará una nueva cláusula que impedirá que las autonomías que recurran al Estado para financiarse lo hagan a un coste inferior al que soporten las autonomías que se estén financiando por su cuenta en los mercados.

En otras palabras, apelar al auxilio financiero del Estado no saldrá más barato que acudir al mercado, en contra de lo que ha ocurrido en los últimos años en los que incluso las arcas estatales han tenido que asumir unos costes millonarios por garantizar a las autonomías en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) un coste de financiación más barato que el que obtenía el Tesoro Público.

El anteproyecto del Gobierno deja claro que su intención es que el FLA «se convierta en un mecanismo de último recurso», es decir, en una ventanilla a utilizar exclusivamente cuando el resto de opciones de financiación privada no estén disponibles.

Para lograrlo, el Ministerio de Hacienda romperá la actual adhesión casi automática al FLA cuando haya gastos que el gobierno regional entiende que no podrá sufragar con sus recursos. Si el proyecto del Gobierno prospera será el Ministerio de Hacienda el que decida si se dan las condiciones o no para que una determinada comunidad autónoma acceda al FLA, y esa adhesión no implicará que se financien todas las necesidades que el gobierno regional de turno haya puesto de manifiesto, como sucede en buena medida en el esquema actual, sino que será el propio Gobierno el que diga cuántos son los fondos disponibles y cómo se reparten. Ese reparto, además, no se hará según criterios decididos de forma consensuada con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sino que serán decididos por el Gobierno en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

En la documentación a la que ha tenido acceso ABC Hacienda defiende que su propuesta de absorción de la deuda autonómica es más adecuada para lograr el objetivo final de facilitar el acceso de los gobiernos autonómicos a los mercados de capitales que la reestructuración de deuda que propone por ejemplo el PP, aunque admite que el proceso de consulta pública al que se sometió el texto ha revelado una frontal oposición de la mayoría de los gobiernos autonómicos a la solución técnica propuesta y que su desarrollo práctico no solo tendrá costes para el Estado sino una complejidad técnica elevada.