La maraña burocrática suma 1,3 millones de páginas más en los BOE

La maraña burocrática es mastodóntica y sigue instalada en España y disparada. El pasado ejercicio se publicaron el récord de 1.329.865 páginas en los Boletín Oficial del Estado (BOE), la cifra más elevada en 11 años y un 22% más que en 2021. El 80% correspondió a los boletines autonómicos y fue un 24% más elevada que un año antes. Este escenario es recurrente, y sigue provocando incertidumbres jurídico-económicas en el tejido empresarial, además de afectar de forma significativa a la unidad de mercado.

La superposición de las disposiciones normativas ha creado un sudoku de normas en España en el que no es fácil orientarse, ni para los ciudadanos ni para las empresas. Esta complejidad origina distorsiones en el mercado y estrés en los empresarios, que se ven obligados a enfrentarse a un nivel de cargas administrativas y de procedimientos que suponen una traba al desarrollo de su actividad y, por ende, a la generación de empleo, riqueza y bienestar social, según denuncia la CEOE en un informe sobre «La producción normativa en 2022».

Al margen de los más de 1,3 millones de páginas en los BOE, solo en 2022 se aprobaron 849 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone una ligera disminución respecto a las 851 del año anterior. Las que salieron adelante el pasado ejercicio suponen dos nuevas novedades legislativas por día natural, entendiéndose por novedad legislativa tanto las nuevas normativas como las modificaciones de las ya existentes. Esto posiciona a 2022 como el sexto año con mayor producción normativa desde las altas cifras alcanzadas durante la primera década del inicio del periodo democrático (1977-1986), y el tercero más alto de los últimos 10 años.

Para poner en perspectiva la magnitud de estas cifras, la CEOE explica en su informe que un ciudadano que quisiera estar al día de todas las normativas publicadas en el BOE en 2022 tendría que leer 698 páginas al día, denuncia

Recuerda la patronal que dirige Antonio Garamendi que en la Unión Europea existe el programa o directriz «Better Regulation», que entre sus principios recoge la seguridad jurídica, entendida como que «la iniciativa normativa debe ejercerse de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas».

Puntualiza CEOE que «surgen serias dudas del seguimiento que se está realizando de estos principios en la práctica legislativa en nuestro país, ya que el impacto de la superposición de las disposiciones normativas en los diferentes niveles administrativos (europeo, nacional, autonómico y local) sobre los administrados es, cuando menos, abrumador».

Explica que en el caso de las empresas, «el mero seguimiento y actualización de la normativa que deben cumplir para el desarrollo de sus actividades requiere la dedicación de grandes esfuerzos y recursos. Esto, unido a la inseguridad jurídica creciente del sistema, tiene importantes repercusiones sobre la competitividad de las empresas españolas en los actuales entornos globalizados».

Cita la organización empresarial en su trabajo los últimos datos publicados por el «World Justice Project», que analiza cómo se experimenta y percibe el estado de derecho en el mundo. En su edición de 2022, sitúa a España en la posición número 14 entre los 27 países de la UE analizados (en la edición de 2021 España ocupaba la posición décima), y en el puesto 23 de entre los 140 países considerados a nivel mundial (en la edición de 2021 España ocupaba la posición 21). «Estos datos señalan cómo la percepción del estado de derecho en España ha empeorado respecto al año anterior», puntualiza la CEOE.

El pasado año el número de leyes aprobadas se incrementó en un 77,3% y cuando se analiza el marco legal, se hace patente, de nuevo, el apego que el Ejecutivo por gobernar a golpe de decreto ley. 20 fueron el número total de reales decreto, una cifra que sigue siendo la sexta más elevada de los últimos 40 años, pese a que esta figura legislativa está reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Todos estos real decreto fueron convalidados, pero sólo menos de la mitad (9) tramitados posteriormente como proyectos de ley en las Cortes.

El Estado publicó dos normas por día el pasado, tres las regiones y una los ayuntamientos, lo que hizo de 2022 un de los años más prolíficos en materia regulatoria. La profusión normativa de las autonomías fue la más alta de la última década, casi un 30% superior a la media y, de nuevo, fue Cataluña la región que, con mucho, despuntó en la publicación de normas (166.405), a larga distancia de Madrid (93.487) y Castilla y León (93.193).

Pasos en firme para atajar la burocracia los han dado regiones como Madrid. Su Ley de Mercado Abierto permite que empresas y autónomos de cualquier punto de España puedan operar en Madrid sin necesidad de tener que sacar una nueva licencia de actividad o permiso. Un nuevo paso hacia la unidad de mercado que el Ejecutivo autonómico ha justificado en que «la reducción de cargas fomenta la inversión y la creación de empleo y contribuye a la dinamización y reactivación de la economía madrileña, imprescindible en un contexto de crisis».