La Justicia de EE.UU. pone contra las cuerdas a España por las primas a las renovables

Fuentes conocedoras del caso explican que se refuerza así una línea jurisprudencial cada vez más adversa para el gobierno español, que deberá llegar a un acuerdo con los acreedores para evitar nuevos embargos de bienes y condenas internacionales.

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La cuestión es que el Tribunal de Distrito de Columbia ha desestimado dos nuevos intentos del Gobierno de España por bloquear la ejecución de laudos arbitrales en favor de inversores europeos, un nuevo golpe a la estrategia de defensa de Madrid ante decenas de reclamaciones similares.

Se trata de un movimiento importante porque ya ni siquiera se trata de los laudos de empresas no europeas. Son dos sentencias que afectan directamente a grupos inversores europeos y la justicia de EE.UU. lo que dice claramente es que los argumentos de España no se sostienen, aseguran las fuentes consultadas. Por tanto, recuerdan, se pueden autorizar embargos en el país norteamericano, si así procede.

En este caso concreto, el tribunal federal negó la moción de España que pretendía desestimar la demanda presentada por RREEF y confirmó la ejecución del laudo de 2019 emitido por el Ciadi. RREEF desarrolló dos plantas solares en Andalucía y su caso ha sido gestionado por Blasket Renewable Investments.

Asimismo, el Tribunal de Distrito de Columbia ha emitido una segunda decisión que tumba también el recurso presentado por España para frenar el procedimiento vinculado al caso Infrastructure Services (también conocido como 'caso Antin'), cuyo fallo original data de 2018. La compañía desarrolló dos plantas solares en Andalucía.

La denuncia interpuesta por RREEF por la retirada retroactiva de las primas renovables resultó en el reconocimiento de una indemnización de 59,6 millones de euros, cifra a la que se deben sumar más de 13,9 millones en concepto de intereses de demora. En el caso Infrastructure Services, el laudo asciende a 101 millones, mientras que los intereses de demora asciende a 24,3 millones. En total, hablamos de casi 200 millones de euros pendientes de pago.

España alegaba que el laudo no podía ejecutarse porque —según su interpretación del derecho de la Unión Europea— «los Estados miembros no pueden someter a arbitraje disputas con inversores de otros países de la UE (prohibición de arbitraje intra-UE) y porque el pago de la indemnización constituiría «ayuda de Estado» ilegal sin autorización de la Comisión Europea.

La sentencia rechaza de plano esos argumentos, recordando que ya fueron planteados y desestimados durante el arbitraje Ciadi, que la ley estadounidense que incorpora el Convenio Ciadi obliga a otorgar «plena fe y crédito» a estos laudos, y que precedentes como NextEra y 9Ren han cerrado la vía para invocar inmunidad soberana, 'forum non conveniens' o teorías de derecho europeo para evitar su ejecución.