La Justicia avala las multas de Consumo contra siete plataformas por ofertar rebajas falsas en el 'Black Friday'

El caso es que tres de las siete plataformas sancionadas admitieron la culpa, mientras que cuatro presentaron recursos que, a la luz de este primer veredicto, parecen tener poco recorrido. Exactamente, el TSJM ha rechazado -mediante dos autos- las medidas cautelares que había presentado una de las empresas para no tener que hacer frente a la sanción mientras se resolvía su recurso, y lo ha hecho aduciendo que ha habido práctica comercial desleal -y por tanto incumplimiento de la Ley General de Defensa de los Consumidores- y que «no parece ser un caso aislado que pudiera haberse producido por un posible error», según se lee en el auto, al que ha tenido acceso este periódico por fuentes cercanas al caso. Así las cosas, el tribunal descarta que la alteración de esas rebajas fuera un 'accidente'. Por otro lado, el TSJM también ha confirmado la sanción y la permite suspender solo si se entrega un aval de 110.000 euros.

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Está por ver cómo se resuelven los otros recursos, pero este fallo abre la puerta a que las cuatro compañías que aún se resisten tengan que pagar las sanciones, que según el departamento que dirige Pablo Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- ascienden hasta los 348.000 euros en algunos casos. Como ya se ha avanzado, Consumo no ha facilitado los nombres de las compañías, más allá de explicar que comercializan productos como electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética.

Como ya se ha avanzado, no es la primera victoria judicial que consigue el Ministerio, pues a finales de septiembre Airbnb sufrió un segundo varapalo judicial que avaló la retirada de 65.000 anuncios de pisos turísticos. Alojamientos de corta duración, entradas de conciertos 'online' o comparadores de alquileres de vivienda...; todas estas plataformas están en la lupa del Ministerio, que en los últimos meses ha abierto varios expedientes sancionadores muy polémicos. Con todo, el ministro Bustinduy ha hecho amplio uso de una prerrogativa que su departamento solo tiene desde 2022, cuando el Gobierno le otorgó la capacidad de vigilar el cumplimiento de las leyes de protección de los consumidores, una atribución que hasta ese momento solo tenían las comunidades autónomas.