Airbnb sufre un segundo varapalo judicial, que avala la retirada de 65.000 anuncios de pisos turísticos

Y todavía faltan 24.000 anuncios por los que Airbnb todavía no ha presentado recurso y seguramente no lo hará, dado el resultado hasta ahora. A decir verdad, en julio la plataforma ya retiró el total de anuncios señalados por Consumo, que suman 65.000.

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Jaime Mejías

Este nuevo avance constituye un paso adelante en la lucha que libra Bustinduy contra las prácticas abusivas en las plataformas de alquiler turístico

Concretamente, el ministerio detectó tres ilegalidades: no incluir el número de licencia o registro, que es obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad analizada; incluir números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades; y no indicar en los anuncios la naturaleza jurídica de los arrendadores (profesionales o particulares), una cuestión fundamental, por cierto, para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

Para el departamento que dirige Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- se trata de una victoria simbólica de calado, pues la publicidad 'online' y los pisos turísticos son dos frentes de batalla en los que su partido pretende destacarse, dentro del gobierno de coalición. Además, Bustinduy cuenta con la libertad de acción que le da el marco competencial aprobado por el Gobierno en 2022, que otorgó a Consumo la capacidad de vigilar el cumplimiento de las leyes de protección de los consumidores, una atribución que hasta ese momento solo tenían las comunidades autónomas.

En apenas unos meses se han abierto investigaciones sobre plataformas de alquiler de vivienda (Alquiler Seguro, por ejemplo) y aplicaciones de música (Spotify), además de una muy polémica denuncia sobre posibles irregularidades en la venta de las entradas de la gira española que celebrará el músico Bad Bunny en 2026.

Y el frente de los pisos turísticos, la ofensiva no termina hoy, pues en la casilla de salida están otros 54.728 anuncios que según el Gobierno no disponen de número de registro. Estos últimos son las primeras víctimas de la última disposición legal aprobada por el Consejo de Ministros en este frente, un Registro Único de Arrendamientos que -merced a una directiva europea, en realidad-, desde el pasado uno de julio obliga a todos los alquileres de corta duración a inscribirse en una base de datos a nivel nacional.