Junts congela la jornada de 37,5 horas de Yolanda Díaz con una enmienda a la totalidad

Desde un principio Junts avisó que aquel acuerdo, duramente criticado por la CEOE, no pasaría el filtro del Congreso si los cambios no eran negociados y ese recorte se redirigía hacia la negociación colectiva, tal y como han reclamado los empresarios. «La viabilidad de las pymes se puede ver gravemente perjudicada por esta imposición rígida de la reducción de jornada y en lugar de fomentar la creación de ocupación puede acabar traduciéndose en la destrucción de puestos de trabajo especialmente en sectores como el de servicios o el agroalimentario, por citar algunos«, dice la enmienda a la totalidad.

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Susana Alcelay

En la iniciativa los independentistas reivindican el papel de la negociación colectiva como lo ha venido reclamando la organización que dirige Antonio Garamendi. «Las últimas cuatro décadas hemos visto como los sindicatos y las patronales han sabido reducir a mínimos la conflictividad laboral a través de la negociación colectiva y es en el marco de los convenios colectivos de los diferentes sectores donde deben establecerse los mecanismos para ajustar los tiempos para trabajar mejor«. Añade Junts que »trabajando mejor pensando también en términos de eficiencia y productividad, porque sólo la viabilidad de las empresas y de los negocios garantizará nuestro preciado estado del bienestar, que no es nada más que el bienestar de las personas«.

El partido de Puigdemont recuerda al Gobierno que a pesar de que «los macrodatos, que pueden servir para justificar que la economía crece, el mercado laboral continúa teniendo carencias que lo condicionan». Cita la tasa de paro juvenil y de larga duración más elevada de Europa, «que colisiona claramente con una realidad económica en la que se crean puestos de trabajo». Alude igualmente al absentismo «creciente», la caída de la competitividad, el estancamiento de la productividad, la falta de estrategia para general valor añadido, la falta de flexibilidad interna en las empresas, la falta de profesionales, la incapacidad temporal «en máximos históricos sin análisis ni solución, las dificultades de las empresas para cubrir los puestos de trabajo que se crean o los déficit »importantes« en las políticas de ocupación.

Dicen igualmente los independentistas catalanes que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez que el proyecto de ley de rebaja de la jornada «conlleva una mayor exigencia de inversión por el control en tiempo real que abre la puerta a la intromisión en el día a día de los trabajadores y empresas, que ven endurecidas las sanciones sin diferencia entre grandes y pequeñas«, Añade que tampoco se considera en la regulación de la desconexión digital la realidad de la actividad económica y de la negociación colectiva, que hace tiempo trabaja en el desarrollo de los protocolos acordados adaptados a la realidad diferente de cada sector de actividad«.

PP y VOX han seguido el mismo camino de Junts y han presentado también sendas enmiendas a la totalidad en las que coinciden en afear al Gobierno que no haya contado con los empresarios en este cambio laboral y que haya suplantado el papel del diálogo social con una reforma horario que ha sido pactada sólo con los sindicatos. «El Gobierno, minimizando irresponsablemente y hasta el extremo las consecuencias de la implementación forzosa de la reducción de jornada, ha hecho oídos sordos a las estimaciones que las organizaciones empresariales y los centros de análisis han realizado sobre el impacto económico», dice el principal partido de la oposición. Recuerdan el PP que CEOE ha estimado que la reducción de jornada hasta las 37,5 horas tendría un coste para las empresas de 21.300 millones y que para los autónomos la factura se elevaría a 12.000 millones, según cálculos de ATA.

Para el partido de Santiago Abascal, la reducción horaria propuesta «pretende introducir un debate artificial sobre las necesidades de los trabajadores. Argumenta en su enmienda a la totalidad que «el planteamiento en cuestión olvida la realidad de millones de trabajadores españoles, caracterizada por la precariedad y la inestabilidad laboral, unos salarios insuficientes y la pérdida continuada de poder adquisitivo. Todo ello -añaden- unido a problemas estructurales como el paro, la crisis de la vivienda el contexto inflacionario, que impiden a los españoles el mantenimiento de un nivel de vida digno».