Ajuste de cuentas
Estado y antipolítica
La creciente incapacidad para gestionar lo público también da votos a los que nunca han gestionado nada
La caducidad de Milei (11/9/25)
Personas esperando para entrar en una oficina del Servicio de Empleo
Los ciudadanos esperan que el Estado funcione razonablemente. No que sea perfecto, pero sí mínimamente eficaz. Sin embargo, lo que muchos encuentran es un aparato burocrático torpe, desconectado de la realidad y a menudo más obstáculo que solución. El caso del SEPE es paradigmático. ... Lo que comenzó como una medida excepcional -la cita previa durante la pandemia- se ha consolidado como un muro infranqueable para quienes necesitan acceder a prestaciones básicas. Hoy, conseguir una cita es tan complicado que se ha generado un mercado paralelo donde particulares, locutorios y gestorías cobran entre 15 y 35 euros por hacer de intermediarios. La privatización 'de facto' de un servicio público que no funciona.
La situación en el SEPE no es fruto del azar. Con una plantilla menguante -la más baja de su historia, con 7.433 trabajadores-, un sistema informático deficiente y una aplicación, Alma, que costó 20 millones y sigue fallando, el colapso era previsible. La respuesta del Gobierno, sin embargo, ha sido ignorar las advertencias sindicales, restar importancia a las quejas y repetir que todo «funciona con normalidad». Esa desconexión con la realidad cotidiana de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, es inquietante.
Y no es un caso aislado. La gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación revela un patrón similar de opacidad, descoordinación y falta de control. En 2024, la IGAE ha recibido más requerimientos de información por parte de Bruselas que nunca, y ha sido objeto de tres auditorías comunitarias, una cifra inédita. El motivo: deficiencias persistentes en la plataforma Coffee, que debería garantizar la trazabilidad de los fondos pero sigue generando quejas de comunidades autónomas y del propio Tribunal de Cuentas Europeo. La Comisión Europea, de hecho, recortó en 1.100 millones el último desembolso por incumplimientos del Gobierno español.
El problema no es sólo técnico. Es político. Lo que se constata es una incapacidad estructural del Estado para gestionar con rigor, eficiencia y transparencia los recursos públicos. Mientras la macroeconomía ofrece cifras aceptables, el malestar ciudadano crece. No sólo por ideología, sino por experiencia directa. Porque el tren no llega, la cita no aparece, la ayuda se retrasa o simplemente nadie responde al teléfono.
Incluso los defensores convencidos de lo público empiezan a preguntarse cómo es posible que lo colectivo funcione tan mal. Y esa es una pregunta que erosiona la legitimidad del Estado más profundamente que cualquier titular o escándalo puntual. Porque lo público, cuando falla, deja de ser un derecho y se convierte en una frustración polarizadora. Y ahí quienes brillan ante la incompetencia de un gobierno que se dice de izquierda son los que nunca han gestionado nada y permanecen vírgenes en sus escaños, pero prometen que cambiarán las cosas de manera radical. jmuller@abc.es