Los parados ya pagan por lograr una cita en el Servicio de Empleo

La situación está provocando que, a la desesperada, los desempleados paguen para esquivar gestiones farragosas, como ya ocurrió en los primeros meses de 2023 cuando la Seguridad Social, con José Luis Escrivá de ministro, entró en un colapso que llenó de largas colas las oficinas y demoró el cobro de una pensión durante varios meses.

Como entonces, el caos que ahora sufre el SEPE ha abierto la puerta a un negocio paralelo de compra y venta de citas ante la demora en ser atendido por la Administración. La sede electrónica se hace un mundo para muchos, que no están familiarizados con la informática, con códigos, firmas y requisitos complejos; pedir cita por teléfono no es nada fácil, con remarcaciones una y otra vez del número abierto para este fin por el servicio de empleo. La tercera opción es acudir a la oficina para lograrla, una opción prácticamente inviable.

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Es el peor momento para toparse con problemas; con una situación en muchos casos traumática a las espaldas tras la pérdida de un empleo, las gestiones con la Administración deberían resolverse con un solo golpe de clic, lejos de lo que ocurre en estos momentos.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que el tapón en las oficinas es tal que en ocasiones la demora en la concesión de las citas supera los 15 días hábiles que hay de plazo para solicitar la prestación tras perder el puesto de trabajo. Y aunque pedir el subsidio fuera de plazo no implica perderlo, sí retrasa el comienzo el cobro.

El pasado mes de junio el sindicato CC.OO. denunció que en la primera semana de ese mes el 40% de las 715 oficinas de atención presencial con las que cuenta el SEPE en toda España no daban cita para gestionar las prestaciones o estaban cerradas. Y según CSIF, el sindicato mayoritario de funcionarios, el 52% de ellas están infradotadas de personal, con grandes problemas en Barcelona, Gerona, Lérida y Madrid, además de que que el 56% de la plantilla tiene más de 50 años. «Este año se jubilarán 800», asegura a ABC Manuel Galdeano, coordinador nacional de CSIF en el SEPE, dando una idea de en qué condiciones trabaja la plantilla. Insiste en que el cupo diario de citas que se ofertan es muy inferior a las que se demandan.

El organismo lleva años arrastrando problemas con la plantilla en mínimos. La red del SEPE está formada por 7.433 trabajadores, la cifra más baja de la historia tras haber perdido unos 3.500 empleados en diez años. Cuenta con casi medio millar de interinos o eventuales y el 60% de los trabajadores con más de 50 años. Todo ello con el agravante de que nadie quiere trabajar en el SEPE por la situación crítica que arrastra. En las últimas convocatorias se han llegado a quedar desiertas hasta el 44% de las plazas ofertadas.

Mientras, el Gobierno parece mirar para otro lado. En junio pasado CSIF lanzó un SOS al Ejecutivo por la crítica situación en la que se encuentra el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo después de que su titular, Yolanda Díaz, ignorara las quejas que le hicieron llegar en una carta hace más de un año. En ella fue informada de que la situación era crítica, por la falta de medios físicos y humanos y le acusaban de no tener «la más mínima empatía» con la mayor plantilla que tiene el departamento que dirige.

Las quejas llegaron después de conocer que unos meses después, en noviembre, se añadiría más carga de trabajo con la gestión de nuevos subsidios por la reforma del nivel asistencial, además de la gestión del tránsito al ingreso mínimo vital una vez agotada la ayuda.

Un año después de aquella carta y con el funcionamiento del servicio estatal de empleo al rojo vivo, el sindicato que dirige Miguel Borra recurrió al director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez. Como ya avanzó este diario, en una misiva enviada el pasado 13 de mayo el coordinador nacional de CSIF en el SEPE trasladó al responsable del servicio de empleo la «situación de hartazgo y mayúsculo malestar» en el que se encuentran la plantilla del organismo, especialmente la que gestiona las prestaciones por desempleo. En este punto, Galdeano expuso las quejas de los funcionarios sobre el funcionamiento de Alma, la aplicación informática millonaria que se puso en marcha en el SEPE cuando tuvo que asumir la gestión de los nuevos subsidios, una herramienta que costó 20 millones de euros y que sigue dando fallos.

Entonces, el sindicato afeó al responsable del SEPE el «auténtico desastre» que supone para los gestores de prestaciones el funcionamiento de Alma. Denunciaron que «todas las personas relacionadas con la implementación de la aplicación se ven literalmente desbordadas ante la infinidad de incidencias y quejas que, a diario, les son comunicadas por aquellos e imposibles de resolver en un tiempo prudencial».

El responsable del sindicato de funcionarios recordaba la «lentitud y extrema dificultad con la que se aborda cada expediente, con una dependencia máxima de un funcionamiento a todas luces nefasto, que hace inviable disponer de la agilidad que requiere la gestión de un volumen mensual de prestaciones considerable».

Los problemas persisten hoy. Recuerda Galdeano que en uno de los encuentros mantenidos con el director general del organismo este reconoció que la implementación y la puesta en práctica de la aplicación Alma se hizo de forma urgente y precipitada, sin haber pasado previamente por la imprescindible fase de pruebas y experiencia piloto que permitiera testar debidamente esta herramienta antes de su uso generalizado por parte de la plantilla.

Aunque el responsable sindical reconoce que algo ha mejorado su funcionamiento, insiste en que está siendo «a costa de un sobresfuerzo de la plantilla desde su implementación, por las numerosísimas incidencias que entrañaba su uso y que, a día de hoy, aún existen».

El refuerzo de la plantilla es una de las peticiones sindicales para salvar el caos del organismo, como también hacer de los puestos del SEPE una oferta atractiva para evitar que las plazas queden desiertas. Además, reclaman la implantación de la jornada de tarde, de manera universal y voluntaria para poder gestionar más carga de trabajo diario, como ocurre en las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Los problemas que denuncian los sindicatos no son tales para Yolanda Díaz, que ha insistido en que el organismo trabaja «a 'full'». Según Trabajo, el funcionamiento del SEPE está «absolutamente normalizado» en lo que respecta al reconocimiento de prestaciones, tanto contributivas como no contributivas. Lo que no dicen es la carrera de obstáculos que supone gestionar una prestación.