Los inspectores de Hacienda instan a las CC.AA. a dar la batalla legal contra el despliegue de la Agencia Tributaria Catalana

Los inspectores ya impugnaron un primer decreto aprobado en julio que creó el comisionado y el consejo asesor para el despliegue de la hacienda catalana, pero no pueden hacer lo mismo con el texto convalidado ayer porque es un Decreto-Ley, así que ahora han decidido pasar la pelota a las autonomías. Por el momento, el PP nacional ya ha advertido de que valoran elevar una impugnación al Constitucional, así que está por ver si los barones tratan de abrir otro frente legal.

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Bruno Pérez

Hasta que el Gobierno no logre los apoyos necesarios en el Congreso para reformar de arriba a abajo el sistema de financiación autonómica -y cumplir el pacto con ERC que llevó a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat-, el entramado que está disponiendo la Generalitat está en el limbo legal y, precisamente, esta es una de las circunstancias a las que se agarran los inspectores del estado para tratar de derribarlo en los tribunales.

«Se está desarrollando un régimen jurídico basado en una entelequia que no tiene en la actualidad ningún amparo legal», denuncian en un comunicado. Es más, para el IHE tampoco se han presentado aún «razones jurídicas o económicas que justifiquen la duplicación de funciones», lo que convierte el desarrollo del régimen jurídico de la Agencia Tributaria en un «despilfarro de recursos sin justificación económica, instaurando mayores costes y cargas administrativas para la prestación de los servicios públicos».

Entre las novedades que introduce el Decreto ley de la Generalitat, destaca la creación de nuevos cuerpos tributarios con perfiles profesionales ajustados a las necesidades de la futura ATC, así como el otorgamiento de una autonomía más amplia a la entidad para diseñar su estructura organizativa o plena independencia en materia de personal, uno de los extremos que más preocupa a los funcionarios de la Hacienda estatal destinados a Cataluña.

En la nota, el IHE también apunta contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la situación de «desamparo» en la que ha sumido a los funcionarios en Cataluña, que se suma a «la falta de explicaciones» de una ministra, dicen, que «sigue sin aclarar si se producirán o no traslados de funcionarios a la Agencia Tributaria catalana, como desde ERC se indicó a mediados de septiembre».

Sobre esto, recuerdan que el partido liderado por Oriol Junqueras ya ha presentado una proposición de ley en el Congreso que recoge una nueva disposición adicional a la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas para materializar la transferencia «de los medios personales, materiales, presupuestarios y tecnológicos precisos». La sospecha de que la pretensión del PSC y el Gobierno central es nutrir la futura ATC con personal del Estado parece justificada, pues actualmente esta carece de personal técnico especializado -ni siquiera cuenta con un informático- y no tiene más de una treintena de inspectores.