Ana de la Herrán: «La financiación singular de Cataluña ya se está empezando a desplegar sin amparo legal»

¿Por qué rechazan que Cataluña tenga una financiación singular?

Porque va en contra del interés general y de los servicios que prestamos a los ciudadanos. Lo que se plantea modifica el sistema fiscal y cambiar el sistema fiscal es cambiar el Estado.

Dicen que afectará a la lucha contra el fraude.

La Agencia Tributaria, y la Inspección de Hacienda en concreto, funciona de manera centralizada, con una base de datos única y disponible. Si fraccionas ese esquema estás creando una barrera al control fiscal y eso siempre facilita el fraude. No tiene sentido que a nivel internacional estemos trabajando para coordinarnos mejor entre las distintas administraciones tributarias y ahora queramos crear aquí un roto en nuestra propia administración. Si tienes algo que funciona bien, ¿por qué lo vas a estropear? Por eso decimos que se están poniendo por delante otros intereses al interés general porque no tiene sentido ni desde el punto de vista de la eficacia ni de los costes del servicio.

Pero la Generalitat ya dispone de sus propios servicios de inspección.

No es lo mismo inspeccionar un impuesto propio que un gran impuesto como el IRPF. Ahí no puede haber una ruptura. Es un impuesto que se devenga en todo el territorio y que exige de un control centralizado.

¿Cómo juzgan el papel del Ministerio de Hacienda en todo este proceso?

Lo hemos visto con preocupación porque da la sensación de que la posición de los nacionalistas ha sido asumida por el Gobierno. El acuerdo de la comisión bilateral del 14 de julio está firmado por la Generalitat y por el Gobierno de España y en ese acuerdo no se anula el pacto político de 2024, que es un órdago a la grande al sistema fiscal. Además, a ese acuerdo le han seguido una serie de desarrollos legislativos por parte de la Generalitat, que entre otras cosas han modificado el régimen jurídico de la Agencia Tributaria de Cataluña para adaptarse al acuerdo de singularidad fiscal. Ya no es una declaración de intenciones, es una realidad que se está fraguando, y el Ministerio debería explicar a los ciudadanos que está ocurriendo y por qué esto es bueno. Porque hasta la fecha no lo han explicado y hay mucha gente preocupada.

Su asociación se ha reunido con la plantilla de la Agencia en Barcelona, ¿qué 'feeling' percibieron?

Los compañeros de Cataluña sstán inquietos porque una de las cosas que se ha dicho es que va a haber una transferencia de recursos humanos hacia la agencia catalana y nadie les ha dado una explicación sobre qué se está negociando y qué no. Todo esto provoca mucho desasosiego porque la gente se pregunta si tendrá que pedir un traslado y si tendrá que moverse a otra ciudad, trasladar a los hijos, buscar un colegio...es un cambio profundo en sus vidas. Esto está provocando que muchos funcionarios opten por irse de allí en cuanto tienen la oportunidad. Los funcionarios no somos muebles que se pueden mover de un sitio a otro.

Y ante esta situación, ¿cuál es el papel que va a jugar la asociación?

Ya hemos hecho algo, que es recurrir el decreto de la Generalitat del pasado mes de julio que crea el comisionado y el consejo asesor para el despliegue de la hacienda catalana de la financiación singular, y no hemos recurrido el de agosto, que reforma el régimen de la agencia tributaria catalana, porque es un decreto ley y no podemos hacerlo, han de ser otros los que lo hagan. Lo que podamos hacer desde el punto de vista jurídico lo vamos a hacer, porque ya se está gastando dinero de los contribuyentes en el despliegue de algo que no tiene un amparo legal a día de hoy. Se están creando estructuras de Estado sin cobertura legal.

¿Los hay que no entienden que una asociación profesional se esté implicando tanto en este asunto?

Hay compañeros dentro de la Agencia Tributaria que piensan que nos estamos metiendo en política, pero es que este asunto afecta de forma directa a nuestro trabajo y nos sentimos en la obligación de decir, con argumentos técnicos, que esto es negativo. Hubiera sido razonable que los políticos hubieran consultado al personal de la Agencia Tributaria, no solo a nosotros, sobre cómo vemos esta iniciativa y los perjuicios que puede causar a la hora de aplicar el sistema fiscal. No se nos ha tenido en cuenta en absoluto.

Desde esa perspectiva técnica, ¿creen que es factible que la Generalitat asuma la gestión del 100% del IRPF?

Es imposible y manifiesta una profunda ignorancia sobre cómo es el funcionamiento de la administración tributaria. La gestión del IRPF se ha afinado durante muchos años y tiene un nivel de complejidad elevado. Es una barbaridad plantear un traspaso total y en un periodo tan corto de tiempo. Además es poco serio. Si se quiere modificar de manera tan profunda el sistema debe hacerse a partir de lo que plantee gente experta y con un nivel de rigor técnico más alto.

¿Echan de menos que se les consulte, como actores clave en la aplicación del sistema tributario, las posibles reformas del sistema?

Un sistema tributario vale lo que la administración tributaria que lo aplica. De nada sirve plantear sobre el papel cambios en el IRPF o la imposición sobre la riqueza si no se piensa en si será fácil de aplicar o si va a generar un coste de gestión inasumible. Sí, echamos de menos que se nos consulte.

¿Qué les diría a los ciudadanos, que igual ven este asunto como una refriega política más, para persuadirles de las consecuencias que puede tener?

Les diría que vamos hacia el caos y que las consecuencias les afectarán en su día a día porque les va a complicar más la vida en su relación con la administración y van a pagar más de sus impuestos por recibir un servicio de peor calidad.