El Gobierno ultima su propuesta para la financiación autonómica

Tras acordar el pasado 14 de julio con la Generalitat de Cataluña de forma bilateral –como preveía la controvertida hoja de ruta marcada por el Gobierno para esta cuestión– las líneas maestras del futuro modelo de financiación de modo que colmaran las aspiraciones de singularidad incluidas en el pacto entre PSC y ERC para la investidura de Illa, el verano ha estado salpicado de declaraciones de dirigentes de ERC condicionando de forma explícita cualquier negociación en torno a los Presupuestos de 2026 a la activación del proceso para acordar lo que desde ese ámbito se denomina la 'financiación singular'.

El posicionamiento claro de los republicanos voló por los aires cualquier ánimo de dilatar la solución a la financiación autonómica que pudiera tener el Gobierno. Las fuentes consultadas revelan que durante el verano el equipo del Ministerio de Hacienda ha estado trabajando en perfilar una propuesta articulada de reforma del modelo de financiación, sobre la base de lo acordado con la Generalitat, con el objetivo de tener preparada una propuesta ante la eventualidad de tener que ponerla encima de la mesa en septiembre u octubre, un periodo que La Moncloa ha identificado como clave para el devenir de la legislatura.

Poco se sabe sobre el contenido concreto del modelo que prepara Hacienda. Las fuentes consultadas por ABC se limitan a recalcar que la propuesta garantizará una financiación suficiente a Cataluña desde dentro del sistema por las competencias extra que ha decidido asumir respecto a otras comunidades autónomas, las llamadas competencias no homogéneas; y que lo hará en el marco de un modelo abierto y compartido, de forma que cualquier otro gobierno regional que decida asumir esas competencias tendría acceso a financiación adicional en las mismas condiciones.

Desde la Generalitat siempre se ha insistido en que el modelo debía garantizar una financiación específica y suficiente a las competencias no homogéneas que ejerce Cataluña, y que en ellas residía la singularidad de la situación catalana. El modelo deberá definir de dónde sale esa financiación, si de la creación de un fondo específico dentro del sistema –algo que los expertos han venido desaconsejando–; de una mayor participación de la Generalitat (y del resto de autonomías que asuman competencias no homogéneas) en la recaudación procedente de la cesta de impuestos que alimenta el sistema (IRPF, IVA o Impuestos Especiales); o del reconocimiento de una mayor capacidad de gestión.

«Sin financiación singular no habrá otros acuerdos de calado, empezando por los Presupuestos». La posición de ERC es firme y así lo ha repetido por activa y por pasiva su líder Oriol Junqueras todo este verano. Con todo, la exigencia de concretar ya la «financiación singular» no es incompatible con analizar el momento político y las posibilidades de amarrar una mejor financiación para Cataluña, con pragmatismo. El mismo pragmatismo que ha conducido a firmar un traspaso de Rodalies en el que Renfe sigue teniendo la mayoría accionarial de la sociedad y la capacidad de bloqueo en las decisiones de calado –aquellas, como avanzó ABC, que impliquen un gasto superior al 10% de los activos de la sociedad que gestionará el servicio–.

«Sabemos dónde estamos y lo que es posible y lo que no», insisten fuentes de ERC a este diario , en relación a las circunstancias que pueden afectar a la definición del sistema, empezando por lo que se puede entender por singularidad. Pese a toda la retórica y la ambición manifestada de avanzar hacia un modelo a la vasca, en ERC tienen claro que la propuesta del Gobierno planteará un modelo que será común para todas las regiones. «Para entendernos, lo que queremos son más recursos para dar mejores servicios a los catalanes, si luego el modelo lo asuman también La Rioja, Murcia o cualquier otro nos da absolutamente igual», señalan fuentes de la formación.

Reconocen que, teniendo que pasar por el Congreso, la reforma tiene que ser asumible por el conjunto. «Lo que sí reclamamos es que el nuevo modelo respete el principio de ordinalidad», añaden. Una exigencia que podría resultar un problema porque los expertos lo ven como el aspecto más complicado de resolver técnicamente.

En este contexto, y asumiendo que la implantación del nuevo modelo no será de un día para otro sino que requerirá de una farragosa tramitación de meses, los nacionalistas reclaman ya para este otoño un «acuerdo cerrado», recordando que otras medidas incluidas en el pacto de investidura, como la quita parcial de la deuda catalana contraída con el FLA –quita que también se extenderá al resto de regiones–, «no es más que el cumplimiento de lo acordado». «Ya está bien de hacer el trilero», sostienen y avisan de que los PGE para 2026, si salen adelante, vendrán condicionados por el nuevo modelo: «Primero lo uno, luego lo otro».