ERC aprieta a Hacienda para que ceda en 2026 a la Generalitat el personal y el presupuesto necesario para gestionar el IRPF

La iniciativa plantea una reestructuración mayor de la actual arquitectura de la financiación autonómica, que requiere la modificación de hasta tres leyes no precisamente menores: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de 1980, para permitir la cesión por delegación de la aplicación del IRPF a la Generalitat; la ley por la que se regula el sistema de financiación autonómica de las comunidades autónomas de régimen común, de 2009, para añadir el IRPF a la lista de impuestos cedidos a las CC.AA. bajo el mismo régimen que los de Patrimonio o Sucesiones y Donaciones; y la ley de cesión de tributos a Cataluña, de 2010, para transponer esta nueva distribución del sistema tributario al caso catalán.

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Bruno Pérez

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La propuesta de ERC busca, básicamente, que el Gobierno de España respalde la habilitación legal para que la Generalitat pueda gestionar de forma integral el IRPF, algo que bajo la legislación actual no es posible; pero también que se comprometa con un calendario para esa cesión. Hasta ahora esos tiempos solo figuraban en un documento político. Esquerra quiere que estén negro sobre blanco en una ley.

Entre las exigencias de los republicanos figura que el Gobierno se comprometa a resolver todos estos cambios legales en el transcurso de 2026 y que una vez sustanciado ese se comprometa a ceder a la Generalitat, también a lo largo del año que viene, «los medios personales, materiales, presupuestarios y tecnológicos precisos para la efectividad de la delegación en las diferentes fases previstas». En otras palabras, que Hacienda tiene que comprometerse a transferir a la Generalitat la plantilla y los recursos económicos que sean necesarios para hacer efectiva la asunción del IRPF por parte de la Generalitat, y además darle acceso a las bases de datos a la Agencia Tributaria en tanto el gobierno catalán desarrolle el sistema informático propio para desarrollar todo esto.

Los republicanos aspiran a esquivar de este modo uno de los principales problemas operativos que el gobierno de Illa ya había detectado a la hora de cumplir con lo firmado con ERC: la falta de recursos de la Hacienda catalana para asumir en el calendario fijado en el acuerdo político toda la gestión del IRPF, que es el mayor impuesto del sistema fiscal español y cuya gestión es de una complejidad extraordinaria.