Hacienda reconoce ya que solo algunas CC.AA. podrán financiarse por su cuenta tras su «histórica» quita de 83.000 millones

Montero da esos debates por superados. Considera que el ahorro agregado de entre 6.700 y 6.800 millones de euros en intereses que la medida garantizaría a las 15 comunidades autónomas de régimen común es un caramelo lo suficientemente apetitoso para inhibir cualquier debate político sobre sus beneficios "para el interés general de los ciudadanos" y que los criterios de distribución entre territorios -muy contestados por instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cuya función es precisamente velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas; e institutos de análisis especializados como Fedea, por su falta de fundamento técnico- no son tampoco debatibles. El asunto, por tanto, quedaría reducido a si las comunidades autónomas del PP van a optar por "atender a los intereses de los ciudadanos", según Montero, y adherirse al traspaso de su deuda a la cuenta del Estado, o por el contrario la van a rechazar, en contra de lo que la ministra estima que es el interés general. La adhesión a ese traspaso de deuda al Estado será, por cierto, voluntaria, por lo que habrá que solicitarlo.

La ministra, que vaticinó que cuando llegara el momento todas las comunidades autónomas del PP acabarían aceptando la propuesta del Gobierno, obtuvo una respuesta bastante inmediata. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se calificó la iniciativa de "trampa" y se subrayó que "lo que de verdad se pretende es que paguemos entre todos el chantaje que Sánchez le ha aceptado al independentismo". María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, una de las dos únicas autonomías que según la agencia Fitch mejoraría su calificación crediticia y por tanto su acceso al mercado con esta iniciativa del Gobierno, señaló por su parte que este anteproyecto de ley "es la gran mentira del sanchismo y una maniobra trilera para ocultar el traspaso de deuda del procés al resto de España".

Más allá de la refriega política persisten las dudas sobre la eficacia de la absorción de esos más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica a la hora de lograr los objetivos declarados: conseguir que los gobiernos autonómicos recuperen su autonomía financiera y se financien por su cuenta en los mercados.

El escepticismo al respecto alentado por la tibia reacción de las agencias de rating al anuncio del Gobierno, admitiendo que mejorará la situación financiera de las autonomías pero sin ocultar sus dudas respecto a que esto fuera a garantizar un mayor apetito por sus títulos de deuda por parte de los inversores, fue agravado ayer por la propia ministra de Hacienda, quién reconoció en su intervención que esa rebaja de la deuda autonómica solo habilitará el acceso al mercado a "algunas" autonomías, mientras que otras se quedarán en la vía para acceder.

Visto desde la perspectiva del Estado esto significa que deberá seguir prestando auxilio financiero a las comunidades autónomas en una situación más vulnerable para garantizarles los recursos que necesitan para atender sus compromisos y que, por tanto, seguirán dependiendo de la financiación estatal para sobrevivir. Aún así, Montero aseguró que este proyecto garantizará "mayor autonomía financiera y mayor autonomía política" a las regiones.

También dijo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda que eso de que los gobiernos autonómicos no podrán destinar los 6.700 o 6.800 millones de euros que se ahorren en intereses en los próximos años a otros gastos era "un bulo del PP" y que, por supuesto, lo podrán destinar a reforzar el estado del bienestar y a aumentar sus gastos en sanidad o en educación.

No opina lo mismo la Airef, que en su nota sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal en que se trató el asunto recordó que "los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto" y que, por tanto, "no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas". Y tampoco parecen compartir ese criterio los técnicos del Ministerio de Hacienda, que en la documentación que acompañaba a la presentación del anteproyecto de ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las CC.AA. de régimen común reconocían que el artículo 12 de la ley de estabilidad presupuestaria "impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las comunidades autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto", en contradicción con lo que sostiene la ministra.

Montero sí dejó claro que no se tomará en consideración la propuesta lanzada por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, de condicionar la reducción de la deuda planteada a que los gobiernos se comprometan a no bajar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio. Dejó claro que acogerse a la llamada condonación será voluntario pero no estará sometido a ninguna condición adicional.

La controvertida propuesta de absorción de deuda autonómica por el Estado planteada por el Gobierno parte de una singular metodología de cálculo. Para empezar no se tiene en cuenta toda la deuda acumulada desde la activación del sistema de financiación autonómica, como sería razonable dado que Montero admitió ayer que es la primera vez que se reconoce la infrafinanciación que se deriva del actual modelo (aprobado por otro gobierno socialistas, el de José Luis Rodríguez Zapatero), sino que compara el incremento de endeudamiento del cuatrienio 2010-2013 con el del cuatrienio 2020-2023, lo que arroja una brecha de 80.310 millones, que es la base para repartir el 75% de los recursos a absorber por el Estado: 60.232 millones de euros. La única explicación que proporcionó ayer Montero de este singular sistema es que permitía comparar la gestión de crisis del gobierno de Rajoy con la de Sánchez.

Luego se hace una iguala para garantizar que ninguna comunidad autónoma ve condonada menos de un 19% de su deuda y se realizan otros ajustes para tener en cuenta a las autonomías peor financiadas (entre las que incluye a Cataluña, en contra de la opinión de bastante expertos) y a las que subieron el IRPF, obviando cualquier tipo de análisis sobre la intensidad o la razonabilidad de los gastos en que incurrieron los gobiernos autonómicos.

El resultado deja a Cataluña como la segunda autonomía, por detrás de Andalucía, en volumen total de deuda absorbida por el Estado con 17.104 millones (por encima de los 15.000 millones que se acordaron con ERC) y como una de las que obtiene una mayor ventaja por habitante, al mismo nivel que autonomías que están claramente infrafinanciadas en el actual sistema como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Andalucía. Montero destacó por su parte que tanto la que verá absorbida más deuda en términos cuantitativos (Andalucía) como en porcentaje total (La Rioja) son del PP, lo que a su juicio avala el equilibrio de su plan.

Después de esta aprobación en primera lectura se abrirá un periodo de consulta pública, que el Gobierno confía en que desemboque en la aprobación definitiva del proyecto legal y su presentación al Congreso antes de que finalice el año. El objetivo es que esté aprobado en el primer semestre de 2026.