Fitch chafa el relato de las ventajas de la quita de deuda y solo augura una mejora del rating en dos comunidades autónomas

Un informe sobre la operación aprobada por el Gobierno publicado hace unos días por la agencia de calificación Fitch solo vislumbra una potencial mejora del rating en los casos de las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja, por la reducción de los costes de amortización.

No lo augura, sin embargo, en otros casos. Los analistas de Fitch entienden que la asunción del 26% de la deuda autonómica por parte del Estado no es más que la confirmación de su percepción de que la Administración del Estado está dispuesta a asumir cargas de las comunidades autónomas, algo que la agencia ya descontó en marzo del año pasado, en un cambio de consideración de la deuda del FLA que devino en una mejora de perspectivas para la deuda de la mayoría de las comunidades autónomas, y también el pasado mes de noviembre cuando cambió a positiva la perspectiva crediticia de media docena de comunidades autónomas: País Vasco, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Madrid y Región de Murcia, al calor también de la revisión al alza de la perspectiva para España.

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Fitch subraya que su consideración sobre los títulos de deuda de las comunidades autónomas viene de su fortaleza crediticia individual, pero también de «la calificación del soberano como medida de la habilidad y capacidad del gobierno central para apoyarlas; y nuestra opinión sobre la probabilidad de apoyo ad hoc del gobierno central en caso de necesidad, a través de mecanismos de liquidez para refinanciar la deuda», lo que se ha confirmado con esta operación.

Fitch reconoce, no obstante, que la propuesta aliviará las consecuencias de los desequilibrios de la financiación autonómica y de forma indirecta podría favorecer una mejora en el acceso a los mercados de financiación, limitada a juzgar por los movimientos en sus ratings que prevé.

Las dudas en torno a los efectos prácticos de la fenomenal operación financiera planteada por el Gobierno, que concreta la asunción por parte del Estado de más de 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas que a día de hoy ya financia de alguna manera el Estado con sus emisiones, aparecen justo en el momento en que los técnicos del Ministerio de Hacienda van a iniciar este miércoles con Andalucía la ronda de contactos con gobiernos autonómicos supuestamente para determinar qué títulos de deuda son susceptibles de acogerse a la quita gubernamental.

El Gobierno de la Junta de Andalucía ya ha avanzado que no va a ser cómplice de lo que ven como una concesión al independentismo y que no lo ven ni siquiera como una solución a un problema que, dicen, es de financiación, no de endeudamiento, en línea con lo que es una posición común por parte de las CC.AA. del PP.

Andalucía, a la que los expertos han asignado el cartel de ser una de las comunidades más beneficiadas por la condonación planteada por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata socialista al gobierno andaluz, María Jesús Montero, ha estimado un ahorro de 140 millones de euros anuales en intereses por la maniobra, cuando, subrayan, la factura de la infrafinanciación que sufren por el actual sistema de financiación se estima en unos 1.500 millones de euros anuales.

Las estimaciones realizadas hasta la fecha por las comunidades autónomas apuntan a que la condonación de deuda propuesta por el Gobierno les ahorraría algo más de 1.000 millones de euros al año en intereses, un ahorro que podría diluirse como un azucarillo en el momento en que tuvieran que salir al mercado a financiarse por su cuenta ya que salvo la excepción de la Comunidad de Madrid la mayoría de ellas tendrían que asumir un coste de financiación superior al que le ofrece el FLA en la actualidad.