Sumar presiona a Hacienda para que deje sin quita a las CC.AA. que bajen los impuestos de Sucesiones y Patrimonio
Los socios del PSOE en el Gobierno proclaman que las bajadas de impuestos son un riesgo para «el mantenimiento de la sostenibilidad financiera a largo plazo»
A la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder del socio del PSOE en el Gobierno, Yolanda Díaz, la penalización implícita a las comunidades autónomas que bajaron impuestos tras la gran crisis financiera, que subyace en el reparto de la quita de deuda que ... se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, no le parece castigo suficiente para los gobiernos autonómicos que han decidido hacer uso de sus competencias para bajar la carga fiscal de sus administrados. Según han revelado este lunes fuentes de Sumar la intención de formación que lidera Díaz es que la aplicación efectiva de esa condonación de deuda se condicione a que los gobiernos autonómicos no hagan uso de sus competencias para bajar los impuestos sobre las herencias o sobre el patrimonio, como han venido haciendo desde hace años las gobernadas por el PP.
Sumar pretende dar una vuelta de tuerca más a la penalización que la condonación de deuda autonómica diseñada por el Gobierno ha impuesto a las comunidades autónomas que bajaron impuestos, ya que solo ha tenido en cuesta a la hora de la distribución de la quita los ingresos extra obtenidos por las autonomías que sí lo hicieron, sin realizar análisis alguno sobre la razonabilidad de los gastos en que han incurrido y que habrían podido incrementar de manera arbitraria su endeudamiento. Esta, de hecho, ha sido una de las principales críticas que los expertos han realizado a la propuesta del Gobierno.
La formación que coordina Yolanda Díaz entiende que la merma de ingresos ocasionada por las deducciones en estos impuestos "compromete el mantenimiento de la sostenibilidad financiera a largo plazo", aunque resulta que algunas de las comunidades autónomas que han realizado un uso más intensivo de esta fórmula para bajar los impuestos como la Comunidad de Madrid o Galicia están entre las que tienen una situación financiera más saneada.
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La nota sobre la propuesta circulada ayer por Sumar reconoce sin ambages que la medida supone restringir la utilización de las competencias normativas propias de las comunidades autónomas en esos impuestos o, al menos, condicionarla, ya que supondría no aplicar una medida de alivio fiscal general, basada en la supuestamente insuficiente financiación de las comunidades autónomas, en función de la política fiscal del gobierno autonómico en cuestión.
La propuesta de Sumar abunda en el castigo que, con una muy cuestionable base técnica, como han subrayado los analistas de alguno de los institutos de referencia en materia de financiación autonómica como Fedea, infligió el Ministerio de Hacienda a las autonomías que decidieron no subir los impuestos a sus contribuyentes en los años posteriores a la crisis financiera en su propuesta de condonación de deuda.
Deuda y política fiscal
Por alguna razón el Ministerio de Hacienda decidió que las comunidades autónomas que subieron en algún momento el IRPF entre 2010 y 2022 merecían una compensación adicional a la hora de calcular la quita de deuda que les correspondía "por el esfuerzo fiscal que exigieron a sus ciudadanos", otorgándoles una prima de entre el 5% y el 10% sobre la prima inicial.
La inclusión de este criterio beneficia de forma singular a Cataluña, aunque también a otras autonomías como Extremadura, Aragón o Andalucía, y no solo fue objeto de contestación política por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que lo consideraron un criterio arbitrario y motivado únicamente por razones políticas, sino también por instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
La Airef consideró la utilización del criterio del ejercicio al alza de las competencias normativas en IRPF para modular la magnitud de la condonación de deuda como "un enfoque muy parcial", que además expulsaba del escenario el que según la institución hubiera resultado más razonable: el análisis del gasto computable en que hubieran incurrido las autonomías, un parámetro que contra todo pronóstico no se ha tenido en cuenta más que en términos cuantitativos.
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El director de Fedea, Ángel de la Fuente, fue mucho más contundente a la hora de valorar la introducción de este criterio a la hora de calcular el monto de endeudamiento que el Estado debía asumir en cada autonomía, al considerar que viola la necesaria neutralidad que debe guardar el Estado respecto a las decisiones de los gobiernos autonómicos en el uso de las competencias que la ley les reconoce y que promueve la irresponsabilidad fiscal, al no realizar análisis alguno del gasto.
Una quita desigual
La arbitrariedad de los criterios utilizados a la hora de distribuir el volumen de deuda autonómica que el Gobierno está dispuesto a asumir -entre los que el asunto del IRPF es quizá el más paradigmático- es el principal lastre con el que arranca el proyecto que el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros, inaugurando así su trámite político.
Se reconoce de forma implícita incluso por los propios socios del Gobierno. Las alegaciones o propuestas difundidas ayer por Sumar inciden, por ejemplo, en una de las lagunas más llamativas de la propuesta de Hacienda, que es el trato a la comunidad autónoma que todos los informes técnicos realizados al efecto señalan como la más perjudicada por el actual sistema de financiación autonómica: la Comunidad Valenciana.
Una de las piruetas más llamativas de la propuesta de quita de Hacienda es que no reconoce a la Comunidad Valenciana un solo euro por el criterio de infrafinanciación objetiva, por el que sí se le reconocen cerca de 500 millones de euros a Cataluña y más de 7.500 millones de euros a Andalucía.
Sumar, a propuesta de Compromís, propone habilitar una condonación extra específica para la Comunidad Valenciana de 7.000 millones de euros con el argumento de cubrir el sobreesfuerzo que la administración autonómica haya realizado para paliar el impacto de la dana.
Otra de las propuestas de Sumar, que nuevamente incide en la brecha que ya existe en la propuesta inicial de Hacienda entre el trato que se dispensa a las comunidades autónomas con una situación financiera más vulnerable respecto a las que mantuvieron sus cuentas más en orden, es ofrecer a las más endeudadas un plan de reestructuración de su deuda, que reduzca de forma drástica la carga de intereses que tienen que devolver al Estado por la financiación recibida, desde el 3,449% de media que pagan ahora al 1%, y que amplía de 2028 a 2078 el plazo para su devolución, lo que elevaría de forma sustancial también el coste para el Estado de esta maniobra.
El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, insistió ayer de nuevo en que considera que la quita de deuda es una gran mentira y una argucia para ganarse el apoyo del nacionalismo catalán y mantenerse en el poder.
Las comunidades autónomas del PP ya han denunciado en más de una ocasión que tras la condonación de deuda autonómica lo que se esconde es una mutualización de deuda que tiene ganadores y perdedores, y que hará que los madrileños, los gallegos o los castellano-leoneses paguen las deudas acumuladas por los excesos de gastos en comunidades autónomas como Cataluña. Mientras cada manchego verá condonados 2.341 euros de su deuda y cada catalán, 2.135 euros, en el caso de los madrileños solo verán condonados 1.233 euros
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