El Gobierno reduce un 30% la inversión para facilitar el acceso a la vivienda en plena crisis habitacional

Para acometer este fenomenal problema social y económico, el Gobierno lleva varios años comprometiendo créditos presupuestarios sin precedentes -apoyados en fondos europeos-, que en 2024 por ejemplo superaron los 4.000 millones de euros cuando en 2018 apenas superaban los 500 millones. Pero una cosa es lo que se pinta en los Presupuestos y otra muy diferente es lo que se gasta de manera efectiva.

Noticia Relacionada

El sueldo de los jóvenes se reduce por primera vez en la última década

José María Camarero

Hacienda acaba de hacer públicos los datos definitivos de gasto presupuestario correspondientes a 2024 y lo que revelan éstos es que de los 4.173 millones de euros que el Gobierno puso en el capítulo de 'acceso a la vivienda y fomento de la edificación', al cierre del ejercicio solo fue capaz de ejecutar 1.364 millones de euros, apenas una tercera parte. Pero es que, además, si esa partida se limpia de gastos no directamente relacionados con esa política de gasto, el gasto real cae a 1.179 millones de euros.

La cifra supone un recorte del 31% respecto a la efectivamente aplicada a este política en el ejercicio de 2023 y ello en un contexto que el propio Gobierno se empeña en definir como de emergencia social, en el que el número de familias que no encuentran un hogar en el que vivir es creciente. Y en el que, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, dos de cada tres euros inicialmente previstos para esta política quedaron sin aplicar.

La regulación presupuestaria acomodada por el Ministerio de Hacienda para evitar perder los fondos europeos que no se ejecuten han permitido trasladar esos recursos al presupuesto prorrogado de este año, que a golpe de incumplimientos de años anteriores ha alcanzado una dotación récord de 6.326 millones de euros. Consumidos ya los primeros nueve meses del año, el Gobierno ha conseguido autorizar 4.284 millones, de los cuales se han asignado a programas concretos 3.728 millones, pero solo se han ejecutado de manera efectiva 424 millones, un ritmo equiparable al que había en el año 2018 cuando al parecer el capítulo de 'acceso a la vivienda y fomento de la edificación' no constituía una prioridad política.

España tiene un problema categórico con la vivienda y, para colmo, se acerca al vagón de cola de esfuerzo presupuestario destinado a la materia a nivel europeo. Según el informe Gasto público en vivienda y servicios comunitarios publicado por Eurostat, el servicio estadístico europeo, nuestro país destina solo el 0,2% de su PIB a políticas públicas de vivienda (datos correspondientes a 2023), una cifra que es tres veces menor a la media europea del 0,7% y que igualmente significa la mitad de los esfuerzos de Francia (0,4% del PIB) y está infinitamente por debajo de Italia (3,9%).

Ese déficit de inversión pública en vivienda está siendo sostenido por la inversión privada, donde España obtiene claramente una mejor posición. Según el mismo servicio estadístico de la Unión Europea, la exposición al mercado residencial (sumando sector público y privado) significó el año pasado el 5,8% del total del PIB español, ajustándose a la media de todos los países comunitarios, pero aún así por debajo de las otras grandes economías vecinas como Italia (7,5%), Alemania (6,6%) y Francia (6,4%).

Y eso que, quitando de la ecuación al país germano, el precio de la vivienda en España ha crecido mucho más que en Italia y Francia. Según Eurostat, desde 2015 a 2024, el valor de las casas está 47 puntos por encima de lo registrado en 2015, año que coge de referencia. En el caso del país galo, el ascenso ha sido de 31 puntos, mientras que en el estado transalpino ha sido tan solo de ocho.

Con todo, España se prepara para otro pequeño 'boom' constructor que le podría permitir obtener una mejor posición estadística a corto plazo. Con la banca volviendo a abrir el grifo a los promotores y los visados para obra nueva repuntando, la construcción residencial promete elevarse durante los próximos años ante la necesidad imperante de nuevo producto en un contexto de escasez en el mercado respecto a la demanda que existe.

Del lado público también habrá movimiento, pero muy por debajo de lo que los agentes del sector estiman necesario. El Plan Estatal de Vivienda, por ejemplo, movilizará 7.000 millones de euros durante el próximo lustro (el 40% de ese dinero tendrán que ponerlo las comunidades autónomas), cuatro veces más que los 1.717 millones del actual plan. Entre las medidas que recoge la nueva hoja de ruta estatal, están la extensión del bono alquiler para jóvenes y la implementación de ayudas de hasta 30.000 euros para alquiler con opción a compra de vivienda.