El Gobierno concede subvenciones para vivienda en comunidades y administraciones afines y margina a Andalucía

Tanto el Gobierno de España como las Comunidades Autónomas se han lanzado a promover nuevas políticas de vivienda, y los ciudadanos asisten a una colisión, una confrontación, entre dos modelos que buscan arreglar el entuerto pero desde puntos de partida opuestos. Aceptable en democracia, pero hay más. La reunión del Consejo Interterritorial del 2 de octubre, con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al frente, terminó por indignar al Ejecutivo andaluz porque consideran que se produce un nuevo agravio entre las regiones 'aliadas' del PSOE (Cataluña, País Vasco o Navarra) en detrimento de las gobernadas por el Partido Popular.

El Gobierno de Pedro Sánchez diseña una 'cofinanciación' entre Estado y Autonomías y exige a las comunidades la aportación del 40% en la inversión de 7.000 millones para el nuevo plan de Vivienda. Molesta que el plan venga de un Ejecutivo que por tercer año no podrá aprobar los Presupuestos Generales del Estado, mientras que con esta medida pone en riesgo los de las autonomías. Enfada que la iniciativa se haya presentado con un «borrador cerrado» para el que no se ha producido un debate previo: «imposición, falta de diálogo y de respeto», critican. Por ello, irrita que no se tengan en cuenta las peculiaridades de cada zona y se trace la misma actuación para regiones tensionadas, otras con falta de oferta y espacios afectados por la despoblación. La Junta ha presentado hasta 22 alegaciones.

Pero lo más grave es que el Ministerio está concediendo subvenciones millonarias directas a otras autonomías sin que se comunicara en las conferencias multilaterales y sectoriales. La propia Isabel Rodríguez lo ocultó en esa última reunión, demostrando que no sólo existe falta de diálogo sino también discrecionalidad en la colaboración con las Comunidades en materia de vivienda.

Se han detectado al menos dos partidas que han funcionado como subvenciones en este 2025. En el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones, se refleja que 42.511.230 euros, con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio, se aplicarán a Ayuntamiento de Barcelona para la promoción de viviendas en alquiler asequible o social' (15.777.360 euros); Área Metropolitana de Barcelona. Promoción de viviendas en alquiler (5.399.120 euros); Diputación de Barcelona, promoción de viviendas en alquiler (5.399.120,00); Sepes Ciudad Autónoma de Ceuta (3.560.630) y Comunidad Autónoma de Madrid, realojos Cañada Real (8.375.000 euros). Esto supone 26,3 millones de euros para Cataluña, en concreto para el Consistorio (del alcalde socialista Jaume Collboni) y para Diputación (en manos de la socialista Lluïsa Moret).

En esta concesión, hay ayuda económica para Andalucía, concretamente para la Diputación de Sevilla, organismo presidido por el Partido Socialista. Cuatro millones de euros que, tal y como denunció el alcalde hispalense José Luis Sanz, se le había retirado a la capital hispalense (beneficiaria en los tres años anteriores) para otorgárselo a una administración gobernada por el PSOE.

Pero hay más. Existe otro Real Decreto para beneficiar a comunidades que declararon zonas tensionadas, que cerró el plazo de información pública el 30 de septiembre. Y el Ministerio concede el importe máximo de 21.956.255 euros a Cataluña para actuaciones en los 271 municipios declarados zona de mercado residencial tensionado, También, 5,3 millones para el País Vasco (Errentería, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irún, San Sebastián y Galdakao), 4,5 millones de Navarra (21 localidades) y 3,1 a Galicia (La Coruña).

Por tanto, Cataluña recibe por subvenciones directas y por áreas tensionadas en este año 48,5 millones, y Andalucía sólo cuatro. Para la Diputación socialista.

Las posturas entre Gobierno y Comunidades están muy alejadas y en los próximos días se sucederán las reuniones para acercar posiciones. El choque de la ministra Isabel Rodríguez no es sólo con los territorios 'populares', y es que la propia Castilla-La Mancha (presidida por el socialista Emiliano García-Page) manifestaba su disconformidad al término de la cita.

Con una inversión proyectada de 7.000 millones, el Ministerio presentó un modelo de cofinanciación en el que demanda que las CCAA aporten el 40% del presupuesto mientras que el Estado sumará el 60% restante. En el caso de Cataluña será cinco veces menor al que tendrán que añadir Andalucía y Madrid, si bien el Gobierno responde que fue la única región que ya aportó más del 40% de recursos propios en el anterior Plan Estatal (en vigor hasta final de año). La Junta tiene que sumar 80,9 millones cada año y la región catalana, 14,6. En las cuentas de la ministra, Andalucía triplicaría la inversión, llegando hasta «1.200 millones de euros en el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Una oferta que no se puede rechazar».

El propio Juanma Moreno presentaba la nueva Ley de Vivienda de Andalucía a principios del mes de septiembre, con la que espera reducir progresivamente las dificultades del acceso a un nuevo hogar. Entre las claves destacan la creación de una bolsa de suelo público, generar mayor oferta con la construcción de viviendas protegidas y facilidades para la renta libre, menor burocracia, mayor seguridad jurídica y ayudas económicas para la compra y el alquiler.