El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros para más de 2 millones de trabajadores

Tras su aprobación en Consejo de Ministros, la ley será publicada en el BOE en las próximas horas, cuando pasará a ser efectiva la actualización de las nóminas. Todo pese al espinoso camino por el que ha transcurrido la negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. De hecho, en este caso, el Gobierno ha orillado a los empresarios de la negociación desechando la propuesta emitida por la patronal CEOE, que planteó una subida del 4%, que limitase los posibles impactos nocivos sobre el empleo.

Por contra, el gabinete capitaneado por la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha esforzado en pactar una subida con los sindicatos UGT y CC.OO. que reclamaban eso sí un impulso mayor al SMI, del 10% hasta los 1.100 euros. De hecho, pese a esta media, ambos secretarios generales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han comunicado su intención de negociar futuras revalorizaciones ante el contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

La ministra de Trabajo, no obstante, ha hablado este martes de la medida como el punto de llegada de un objetivo y de un acuerdo de Gobierno. "Hoy se cumple el acuerdo de Gobierno y hoy se cumple también el compromiso de que el salario mínimo llegue al 60% del salario medio como pide la Carta Social Europea", ha señalado en su intervención, tras el Consejo de Ministros, en la que ha ensalzado la subida del salario mínimo como una medida que cambiar la vida de la gente, "que permite que una madre trabajadora puede facilitar que sus hijos coman pescado o fruta fresca o que los jóvenes tengan menos problemas de salud mental".

Aparte de haber ignorado las advertencias de los empresarios sobre el impacto de la subida, que asciende al 47% -cuando entró Pedro Sánchez en La Moncloa se situaba en los 735,9 euros- en los últimos cinco años, principalmente entre las pequeñas y medianas empresas, el Ministerio de Trabajo también ha llevado a cabo una prolija labor de amasamiento de la medida a partir de los encargos de informes realizados a expertos y catedráticos sobre la conveniencia de elevar nuevamente el SMI.

De hecho, el Ejecutivo se ha preocupado de sepultar el primer informe solicitado a la catedrática de Economía y actual directora de ISEAK, Sara de la Rica, en el que advertía que las revalorizaciones suponen efectivamente un catalizador redistributivo de renta potente pero que también tiene implicaciones inevitables sobre el desempeño del mercado laboral. Llega a concluir este informe que el incremento histórico del 22,3% aprobado en 2019 se llevó por delante casi 30.000 empleos en España.

Lo que ha dicho la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros es que el potencial impacto negativo del salario mínimo sobre el empleo no pasa de ser un "mantra neoliberal" y también que todas las evidencias científicas (no ha especificado a cuáles se refería) subrayan que es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza laboral.

En este punto, la principal queja de los empresarios viene por el nuevo incremento de costes laborales que lleva asociado la medida. Y que se suma a la subida de las bases máximas de cotización del 8,6% y la entrada en vigor de nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que aplica sobre todas las nóminas de nuestro país una cotización del 0,6% destinada a reflotar la 'hucha' de las pensiones.

Incluso la senda de incremento del SMI es más acusada para los empresarios. Las pequeñas y medianas empresas de nuestro país que emplean a siete de cada diez trabajadores acumulan una subida del 64% en los últimos ocho años. A estos costes laborales hay que añadir el golpe de la inflación del pasado año que encarecido los bienes y servicios que se producen un 25% de media.

Desde Cepyme han insistido hoy en que la subida del salario mínimo a 1.080 euros mensuales en 14 pagas se traduce para el empresario en hasta 1.734 euros de coste mensual total por trabajador. Asimismo, subrayan que este aumento afecta especialmente al 40% de las pequeñas y medianas empresas, frente al 15% en el conjunto del tejido productivo y que, al margen de la coyuntura económica, "minan la creación de empleo y dificultan la inserción laboral de los colectivos más vulnerables".

Por último, cabe recordar que estos 2,5 millones de trabajadores tendrán para este año una subida que será el triple de la experimentada en 2022 por los más de nueve millones de trabajadores asalariados en España afectados por un convenio colectivo, que experimentaron revalorizaciones salariales del 2,8% de media. Precisamente, los empleadores de esos 2,2 millones de ocupados con SMI deberán pagar este año unos 1.500 euros más a la Seguridad Social por el incremento de la base de cotización.