La calculada subida del salario mínimo con la que Sánchez dinamitó todos los puentes con la CEOE

A las 16.00 horas de la tarde del martes Pedro Sánchez soltaba la bomba: el salario mínimo subiría hasta los 1.080 euros al mes en 14 pagas y con efectos retroactivos al 1 de enero. Un alza del 8% que se situaba en la parte más elevada de la horquilla que propusieron los expertos nombrados por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (entre 1.046 y 1.082 euros al mes). «Desde que estamos en el Ejecutivo somos el segundo país de la OCDE que ha subido más el SMI. Nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y lograr un reparto más justo acaba de empezar», señaló el presidente en su intervención ante los senadores. No mentía, porque desde 2018 el Ejecutivo ha elevado el indicador un 47% para disgusto de las empresas, sobre todo de muchas pymes y autónomos que aún luchan por recuperarse del impacto de la pandemia en un contexto de elevados precios y de falta de materias primas.

Con la precisión de un reloj, pocos minutos después de hablar el presidente era el Ministerio de Trabajo el que anunciaba un acuerdo que, supuestamente, se había cerrado también pocos minutos antes. Durante toda la jornada del martes los técnicos sindicales y del departamento que dirige Yolanda Díaz escenificaron una maratoniana negociación que comenzaba a las 11.00 horas, y se paraba en seco sobre las 15:00 horas. ¿Qué había ocurrido? El margen de acuerdo estaba agotado; las negociaciones estaban estancadas y los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, eran llamados con urgencia a una reunión con la vicepresidenta segunda para salvar los escollos que permitieran aplicar una nueva subida histórica del salario mínimo hasta los 15.120 euros anuales.

La puesta en escena y los anuncios habían sido preparados con antelación desde La Moncloa, a la espera de que la organización empresarial volviera a dar plantón en las negociaciones. Si así ocurría, el camino estaba despejado para comunicar en dos fases la subida del indicador. Primero lo haría Pedro Sánchez, y a los pocos minutos Yolanda Díaz.

Y así ocurrió. La patronal anunciaba la noche del lunes que el martes no acudiría a la cita en el Ministerio de Trabajo con el argumento de que el Gobierno no había contestado a la oferta de subir el SMI un 4% que envió a Trabajo en diciembre pasado, tras dar el primer plantón a Díaz, y que no había, por tanto, nada de qué hablar. El último mes del año la organización que dirige Antonio Garamendi ya había roto relaciones con Díaz, después de que el PSOE y Unidas Podemos pactaran con EH Bildu una enmienda a la Ley de Empleo que devolvía el control de los despidos colectivos a la Inspección de Trabajo. Esta negociación secreta cayó como un rayo en la patronal, que acusó a la vicepresidenta segunda de «traicionar» el acuerdo de reforma laboral y rompió el diálogo con la ministra. Consideraron la modificación «una ruptura de la buena fe negociadora»

El jefe del Ejecutivo salvaba el martes la intervención en el Senado, al tiempo que rompía los puentes con la CEOE y los reforzaba más, si cabe, con los sindicatos. Durante meses Sordo y Álvarez habían insistido en que no aceptarían un salario mínimo inferior a los 1.100 euros mientras la titular de Trabajo defendía que el indicador subiría acorde con el tramo alto propuesto por los expertos (1.085 euros), pero sin dar ninguna cifra, lo que también activó a la vicepresidenta Nadia Calviño, que pidió prudencia con el SMI para que la subida fuera acorde con la creación de empleo. Avisó la responsable económica a Díaz también de que buscara el consenso con las empresas. No logró ni una cosa, ni la otra. Batalla perdida... de nuevo.

Desde fuentes empresariales se asegura a este diario que si la patronal hubiera acudido el martes a la mesa de negociación nada hubiera cambiado, porque insisten en que este nuevo incremento es una decisión política y ya estaba acordado. La subida del salario mínimo es una competencia del Gobierno, al que solo obliga la ley a consultar a los interlocutores sociales, si bien una medida de estas características siempre es deseable tomarla con el consenso de las partes para su mayor efectividad.

El anuncio del martes tiene recorrido. Lleva cocinándose desde antes de verano, aunque solo se hayan producido dos encuentros. Desde diciembre de 2021 y hasta septiembre tuvo oculto Díaz el informe encargado a un grupo de expertos encabezados por la catedrática de economía, Sara de la Rica, sobre el SMI, en el que se arrojaban más sombras que luces sobre la subida del indicador y su impacto en el empleo. Luego vendría el informe de los misteriosos expertos nombrados por Trabajo, y la recomendación de aumentar el SMI en una banda entre los 1.046 euros y los 1085 euros al mes.

Y de aquí se pasó a un nuevo capítulo de críticas a las empresas, a nuevos dardos tras una ofensiva fiscal sin precedentes. El choque con el Ejecutivo ha llegado a niveles desconocidos y los empleadores comienzan a endurecer su discurso contra unas políticas que considera dañinas para España. A solo unos meses de las elecciones autonómicas y municipales los primeros espadas de las empresas miran nuevos escenarios políticos, en los que emerge con fuerza Alberto Núñez Feijóo, cuyas relaciones con la élite empresarial son cada vez más estrechas. La gira por España que emprendió a su llegada a la Presidencia del PP a primeros del pasado mes de abril ha estado plagada de encuentros con empresarios, a los que presenta la alternativa económica del PP.

En los últimos meses, el líder de la oposición ha marcado distancia con el discurso populista y la estrategia de Pedro Sánchez. Este lleva meses utilizando el lenguaje, sin ser preciso, contra «poderosos y ricos», contra los «poderes oscuros» que buscan desalojarle de La Moncloa y contra «esas empresas que han aumentado de forma millonaria sus beneficios pero no han subido ni un céntimo a sus empleados», como relató en su intervención en el Senado el pasado martes.

Días antes, en un paso más, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó al presidente de Mercadona, Juan Roig, de «capitalista despiadado». De las críticas anónimas se pasó a poner nombres y apellidos. «Somos los que generamos riqueza y bienestar. Si después a los que les toca gestionar lo saben hacer, hay riqueza para todos; si no, hay enfrentamiento», respondía el empresario valenciano a las acusaciones de la ministra morada.

Las fuentes empresariales consultadas creen que la «operación desprestigio» aún no ha acabado y que continuará en los próximos meses, acentuando ese doble lenguaje de ricos y pobres y de ganadores y perdedores.