El Gobierno aprueba la reforma de pensiones que subirá las cotizaciones de los trabajadores

«Frente a los recortes del pasado, reforzamos el Estado de Bienestar», explicaba el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó definitivamente el decreto de medidas urgentes para la reforma del sistema público de pensiones.

«Cuando una reforma está bien hecha, tienen a perdurar. Y esta reforma es parte del plan de recuperación de España. Recibirá el apoyo de Bruselas, tengo la convicción y seguridad» del refrendo incuestionable de las autoridades europeas, señalaba el ministro durante su intervención en el palacio de La Moncloa. «La reforma es para muchísimos años y aporta muchísima seguridad y certidumbre a los pensionistas», argumentaba ante el cuestionamiento de viabilidad del paquete de medidas que no apoya ni el principal partido de la oposición ni la mitad del diálogo social, las empresas.

Con todo, el Gobierno da este paso definitivo tras haber amarrado los apoyos parlamentarios que permitirán convalidar el real decreto ley en los próximos días y tras unas últimas semanas de duras negociaciones en el terreno de la Comisión Europea y en el parlamentario, donde el ministro Escrivá parece haber logrado un consenso amplio por el lado de la izquierda. Eso sí, el responsable dela Seguridad Social, tras escuchar a los grupos políticos el pasado miércoles en el Pacto de Toledo -donde recibió críticas incluso de los socios por el rodillo aplicado en las negociaciones-, confirmó que el decreto será tramitado como proyecto de ley en el Congreso para recoger aportaciones de los partidos.

El Ejecutivo, no en vano, llega hasta este punto no sin haberse dejado algunos pelos en la gatera. Ante la imposibilidad de acordar el segundo paquete de medidas con la totalidad de los agentes sociales y el rechazo del principal socio, Unidas Podemos, a la propuesta planteada por Escrivá, se vio obligado a acudir a Bruselas para modular los compromisos plasmados en el componente 30 del Plan de Reformas.

Tras lograr una rebaja de las expectativas sobre la ampliación del periodo de años cotizados computable para el cálculo de la pensión, recibió el visto bueno del ala morada del Ejecutivo capitaneada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y con ese acuerdo volvió a la mesa de negociación con los agentes sociales, pero ya sin una expectativa real de acuerdo total, en el que participasen los empresarios. Y es que esta rebaja de la propuesta de ampliación del periodo de cómputo solo fue posible ofreciendo a cambio a la Comisión una fuerte subida de cotizaciones que permitiese cubrir el gasto creciente previsto por el conjunto de medidas.

Ya con este último texto en el que se descartan recorten en las pensiones y en el que se fía todo al aumento de contribuciones sociales de empresarios y trabajadores, sobre todo aquellos que se encuentran en la base máxima de cotización, el Gobierno encontró el camino allanado para arrimar a los sindicatos al acuerdo, cuyo apoyo fue confirmado en la mañana de este miércoles. Por lo que el ministro Escrivá cierra un acuerdo de reforma en el que no participarán ni empresarios ni el PP, que ya ha comunicado que cambiará la reforma si llega al Gobierno.

Con todo, el pliego de medidas incluida en esta segunda remesa de medidas incluirá una premisa, que es la limitada ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. Con dos posibilidades que cohabitarán: se podrán elegir los últimos 25 años cotizados o se podrán elegir de los últimos 29 años cotizados los 27 mejores, es decir, se descartan los dos peores ejercicios de cotización.

Y sobre esta premisa, cuyo impacto presupuestario es claro, aumentará el gasto en pensiones, se enarbola el resto del decreto aprobado y que articula diferentes sendas y vías para el incremento de recaudación de cotizaciones sociales, que comenzará a desplegarse desde el próximo año. Ya en enero de 2024, el Gobierno prevé un aumento del mecanismo de equidad intergeneracional que aplica desde enero de 2023 una cuota del 0,6% sobre las nóminas de la totalidad de los afiliados a la Seguridad Social. "En el año 2024, será de 0,70 puntos porcentuales, de los que el 0,58 corresponderá a la empresa y el 0,12 al trabajador", recoge el decreto que viene desvelando ABC en los últimos días.

Por su parte, el primer 1% de cotización solidaria para los sueldos que superen en cada momento la base máxima de cotización comenzará aplicarse sobre estas nóminas a partir del 1 de enero de 2025. En un plazo de veinte años, esta cuota crecerá hasta el 6% de la nómina mensual.

También desde el 1 de enero de 2024, el Gobierno comenzará a desplegar la senda de destope de la base máxima con la que se pretende elevar el límite máximo a partir de cual el salario no cotiza en un 30% en el plazo de 25 años. Será un 1,2% anual en estos veinticinco años que se sumará al aumento previsto cada año en los Presupuestos Generales asociado a la actualización ordinaria de bases máximas que se hace en función del IPC.