España blinda con tecnología antifraude su 'oro líquido'

El comercio ilícito, que se mueve al margen de los circuitos masivos de las grandes marcas, es oportunista y ha visto en la escalada de precios del aceite de oliva, derivada de la corta campaña marcada por la sequía y del aumento de costes, la coyuntura ideal para intensificar su actividad. Estos competidores 'piratas', que suelen distribuir su mercancía en lugares poco ortodoxos, tienen un único móvil: sacar rédito económico del engaño, aprovechando que el alza de los precios se ha hecho inasumible para muchos hogares.

Una lacra contra la que se han aliado, en estrecha colaboración y con el apoyo de las nuevas tecnologías, los Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio de Agricultura, los distintos eslabones de la cadena de valor, universidades y empresas tecnológicas. Y es que a la factura de las pérdidas monetarias que estas prácticas traen consigo se añaden los daños intangibles. El propio ministro del ramo, Luis Planas, aseguró días después de que se conociera la noticia de los 65.000 litros de aceite inmovilizados en Extremadura que se trataba de un «caso puntual que no podemos dejar pasar», ya que el perjuicio por este asunto «no es solo para los consumidores, es para la imagen de un sector». Por ese motivo, insistió en que «no nos podemos permitir ninguna falla» en esta materia.

Noticia Relacionada

Inmovilizados en Sevilla más de 140.000 litros de falso aceite de oliva virgen extra

ABC de Sevilla

El aceite era distribuido con una etiqueta dada de baja y era una mezcla de aceite de semillas y de orujo

El Ministerio de Agricultura ha pisado el acelerador para frenar la puesta en circulación de estos lotes que carecen de trazabilidad fiable. Una de sus últimas iniciativas ha sido la aprobación por parte de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, en marzo, de una guía para luchar contra el fraude del aceite de oliva y de orujo de oliva que ofrece una serie de recomendaciones basadas en la experiencia de los servicios de fraudes de las comunidades autónomas y del ministerio para que la programación y ejecución de las inspecciones sea lo más eficaz posible. El pasado mes de noviembre, además, se aprobó un plan de control específico del aceite de oliva y de orujo de oliva para la presente campaña, que está en aplicación, y que integra los controles derivados de la normativa comunitaria y nacional.

A ello se suma que, para el curso actual, en el marco del Programa Nacional de Control Oficial de la Calidad Alimentaria (PNCOCA 2021-2025), las comunidades autónomas han programado 697 controles en el sector del aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva basados en una evaluación del riesgo y en su número de operadores, lo que supone casi un 6% más que el año anterior y controlar aproximadamente un 20% de operadores.

En todas y cada una de estas medidas, la tecnología es una variable que entra en la ecuación. «Su papel es muy relevante tanto como elemento que contribuye a ayudar a la industria a tener unos sistemas de trazabilidad robustos y seguros como también como herramienta potente, en manos de las autoridades, para realizar los controles más adecuados para ver que no hay engaño posible en las calidades que tienen los aceites o en la información que sobre trazabilidad se presenta», subraya Jose María Ferrer, responsable de asuntos regulatorios, alimentarios-formación del centro tecnológico Ainia. Desde el punto de vista legislativo, cree que estamos en un momento «bastante tranquilizador», con una normativa muy actualizada. «En la Unión Europea, los reglamentos que regulan aspectos sobre el aceite de oliva, tanto su comercialización como sus características, son del año pasado y en España, la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva, el Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, es de 2021», recuerda.

En el PNCOCA, dice, se controlan aspectos sobre la calidad del producto, así como cuestiones asociadas con la trazabilidad y el registro de la producción de los aceites de oliva «para tener la certeza de que no hay ninguna zona gris en la que se desconozca qué ha pasado» y, como complemento, la guía que se sacó en marzo «establece un plan de control específico para la verificación de la trazabilidad», un tema en el que el compromiso es máximo. «Si en un alimento como este –continúa– la trazabilidad está perfectamente controlada, la posibilidad de fraude en cuanto a las características de calidad del alimento en sí va a disminuir de forma radical».

El presidente de Asaja, Pedro Barato, comenta en este sentido que tanto desde las almazaras como desde la propia interprofesional se trabaja en proyectos en base a la trazabilidad con el objetivo de que haya una cadena transparente.

Otro reflejo de cómo se buscan soluciones para evitar cualquier fisura es la obligación, introducida por la ley de la cadena, del Registro de Contratos Alimentarios. «Antes de que se mueva la mercancía desde el punto donde se ha producido hasta el primer comprador, se debe registrar el contrato en un sistema informático que gestiona la Agencia de Información y Control de la Cadena Alimentaria (AICA)», explica Primitivo Fernández, director general de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac). De aplicación exclusiva para el llamado 'oro líquido', la norma de calidad del aceite de oliva exige, por su parte, que cualquier movimiento desde la almazara hasta el comprador conste en el REMOA, un sistema informatizado al que los operadores acceden a través de la página web de la AICA.

En el ámbito del Viejo Continente, Fernández hace hincapié en una singularidad aplicable al aceite: el reglamento europeo que regula la comercialización de aceite de oliva exige que todos los estados miembros hagan, al menos, un control por cada 1.000 toneladas comercializadas. «Somos un sector sobrevigilado», señala, no sin añadir que, más allá de los controles, las empresas conocen las normas y las cumplen.

Cristóbal Cano, responsable de Olivar de la organización agraria UPA, recuerda que, en números redondos, casi el 50% del aceite de oliva producido en todo el mundo tiene su origen en nuestro país, por lo que «cualquier mala práctica hace daño, de ahí que la mayoría de los que nos dedicamos a esto estemos vigilantes para cuidarnos de que no haya problemas». Una lucha sin cuartel en la que las administraciones españolas han dado un paso al frente, como reconoce Cano: «Son conscientes de que se trata de un sector estratégico y prueba de ello es el avance en la legislación experimentado en los últimos años, siempre con el objetivo de proteger y prestigiar el aceite de oliva». Unos esfuerzos que a día de hoy se antojan más necesarios que nunca. «Es cierto que para quien esté pensando en cometer prácticas ilícitas, puede ser más tentador ponerlas en marcha en el actual escenario de precios y, en ese sentido, tenemos un contacto muy directo con las administraciones regionales, que son las encargadas del control e inspección de todo lo relativo a consumo», asegura.

En esta batalla por la autenticidad, diferentes actores de la industria han desarrollado soluciones tecnológicas para aportar transparencia. UPA, por ejemplo, coordina un proyecto que utiliza el 'blockchain' o cadena de bloques para realizar un registro de datos de forma segura, de manera que se garantiza la trazabilidad y el consumidor dispone de información sobre los agentes de la cadena de valor que intervienen en la producción. Denominado Grupo Operativo AOVE tradicional, en él participan también Grupo Migasa, Wealize, Lidl y la Universidad de Jaén. Está financiado por la Unión Europea con 480.000 euros y echó a rodar en enero de 2023, con la previsión de que finalice a mediados de 2024.

Por parte de Asaja, otra de las principales organizaciones agrarias, su presidente, Pedro Barato, recalca que los fraudes que han saltado a la palestra se han generado en circuitos pequeños, donde «gracias a las fuerzas de seguridad y a las denuncias que ha habido se ha controlado rápido». En la gran cadena de distribución y de consumo, aclara, no llegan estos piratas. En esta línea, Primitivo Fernández (Anierac) recomienda a los consumidores sospechar de ofertas que no sean razonables y, sobre todo, comprar en canales conocidos, que son los que dan garantías.

La empresa Sicpa ayuda, desde hace casi 100 años, a gobiernos y empresas a luchar contra el comercio ilícito, una trayectoria en la que, como afirma Fabián Torres, director de Desarrollo de Negocio de Sicpa España, el denominador común es que «cuando suben los precios de los productos, el crimen organizado empieza a tomar posición para su propio lucro». Cabe recordar que el aceite virgen extra alcanzó los 8,32€/kg en origen en la semana 39 de este año (del 25 de septiembre al 1 de octubre), lo que supone un incremento del 110,20% respecto a la misma semana de la campaña anterior y del 189,11% en comparación con la media de las cuatro campañas anteriores, según el Boletín de precios de aceite de oliva del Ministerio.

Con el propósito de evitar que los delincuentes desplieguen sus tretas, la compañía dispone de diversas soluciones para proteger la identidad de marca. En lo que se refiere a falsificaciones, recurren a tintas de óptica variable, como las empleadas en los billetes, para la etiqueta y contraetiqueta. «Son tintas se suministran por canales seguros a los impresores y que dan al ciudadano la garantía de que el producto que tiene enfrente es legítimo», explica Torres.

Otra de las prácticas que pueden cometer estos grupos es el rellenado de botellas de producto legítimo, algo que Sicpa quiere atajar con unas modernas etiquetas de seguridad craqueables que se rompen ante cualquier manipulación y quedan inservibles. «Van cubriendo el tapón, como es típico con las botellas de vino. Si una marca de aceite las utiliza, el consumidor ya sabe que esa etiqueta debe estar y, si no, empieza a sospechar», comenta Torres, que asegura que cada vez será más frecuente encontrar este precinto en botellas de alta gama de aceite como una manera de proteger a los clientes de los malhechores.

La tecnología desempeña también un papel clave para perseguir hasta el último rincón a los que engañan. «Hemos desarrollado una tecnología –dice Torres– que protege los códigos QR, de forma que podemos saber si son legítimos o falsificados, lo cual es muy importante porque 'los malos' llevan a webs que confunden al cliente en cuanto al producto que tiene en sus manos. Nosotros dotamos a las marcas de unas apps que distribuyen entre sus clientes y que detectan la legitimidad de los códigos QR».

Desde el ámbito universitario se trabaja en nuevas soluciones que contribuyan a acabar con las irregularidades en torno a la 'joya de la corona' de nuestro sector agroalimentario. Sirva como botón de muestra el dispositivo portátil para clasificar sobre el terreno aceites de oliva y detectar adulteraciones de aceites de oliva con otros aceites vegetales en un corto espacio de tiempo que han desarrollado los investigadores Diego Martínez y Javier Gámez, de la Universidad de Jaén, en colaboración con la spin-off Isr.

Despliegues tecnológicos para proteger uno de los alimentos estrella de la producción agraria española.