Escrivá anuncia que eliminará la cita previa obligatoria en las administraciones públicas
El cambio se llevará a cabo «lo antes posible» modificando la Ley de Procedimiento Administrativo Común
Asegura que se sustituirá la tasa de reposición desde 2025 por un sistema de planificación plurianual de plantillas con más autonomía para los gestores
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Madrid
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Iniciar sesiónSe acaba el ajetreo digital para conseguir una cita con la Administración. El Gobierno ha anunciado este miércoles que, a lo largo de esta legislatura, modificará la ley que obliga a los ciudadanos a contar con una cita previa para poder realizar trámites con ... la Administración Pública. Así, el ejecutivo pretende «simplificar las vías digitales de acceso y el lenguaje administrativo».
«Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria», ha recalcado el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Según ha indicado el ministerio en una nota de prensa, los datos del CIS muestran que casi tres de cada cuatro ciudadanos españoles han utilizado vías telemáticas para hacer consultas con la administración en los últimos 12 meses. Esto, aseguran, «consolida la vía digital como una de las formas principales de interacción y acceso a los servicios públicos».
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Bruno Pérez«La macro no lo es todo, si la renta per cápita no progresa, los alimentos se encarecen y se cambian las leyes cada semana es lógico que no se vea el futuro con alegría», explica Valentín Pich, presidente del colectivo
Así, consideran desde Función Pública, que es «la obligación de los poderes públicos garantizar que la vía telemática es una fórmula segura y rápida y, a la vez, complementaria y no sustitutiva de los canales tradicionales». Que han recordado, «son los preferidos de muchos ciudadanos» ya que «los consideran más convenientes».
Este cambio se hará a través de un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una modificación que se llevará «lo antes posible» al Congreso de los Diputados para mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos, según ha indicado el titular de Función Pública.
Reforma del portal
Además, el ministerio ha comunicado que realizará una reforma del portal de la Administración para organizarlo por hechos vitales (nacimiento, matrimonio, jubilación…) y facilitar así su uso. En esta, incluirá pilotos de prestación de servicios de atención ciudadana alimentados con inteligencia artificial.
Por último, el ministro concluyó que «para garantizar la rápida respuesta de las administraciones ante las situaciones cambiantes y fortalecer su capacidad de adaptación ante shocks externos, se creará una unidad operativa que pueda dar respuesta a crisis inesperadas, como la pandemia, o retos de amplio alcance, como la gestión de planes de recuperación».
Fin de la tasa de reposición
El Gobierno cambiará para 2025 la tasa de reposición de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) ante el hecho de que el 60% de la plantilla de los empleados públicos se jubilará en los próximos 10 años y que el número de efectivos al servicio de la AGE es casi un 10% inferior al de antes de la crisis financiera de 2008, informa EP.
«Hay que reemplazar la fórmula actual, basada en instrumentos de crecimiento vegetativo de las plantillas -la tasa de reposición de efectivos- por una nueva que diseñe las plantillas a partir de los servicios públicos que ha de prestar el Estado de Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea», ha asegurado el ministro.
De esta manera, la cartera de Función Pública buscará durante esta legislatura sustituir la tasa de reposición de efectivos, un modelo basado en el crecimiento vegetativo de las plantillas, por un modelo que diseñe las plantillas con arreglo a los servicios públicos que presta el Estado del Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea.
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