La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado esta mañana que el Ejecutivo vinculará la subida de pensiones mínimas y no contributivas a un nuevo marco. Hasta ahora, el ministerio no tenía un referente para su revalorización, y , por lo ... tanto, lo decidía en función de cada año.
Saiz lo ha comunicado esta mañana en una comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados para exponer las claves de la nueva legislatura en su Ministerio.
En concreto, el marco expuesto establece una senda para estos próximos años que pretende alcanzar la convergencia con el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos en 2027 para las pensiones mínimas. Asimismo, las no contributivas llegarán, ese mismo año al 75% del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal.
Esto supone una subida de las pensiones mínimas de entre el 5,8 y el 6,9%, aunque se llega al 14,1% en algunos supuestos. En este sentido Saiz ha enfatizado que la pensión mínima se ha incrementado en un 29%, lo que supone casi 4.000 euros más que hace seis años.
Además, la ministra ha informado que, para la próxima legislatura, el Gobierno quiere favorecer «la salida gradual y basada en la voluntariedad del mercado de trabajo» y que así los trabajadores puedan combinar de forma más sencilla el empleo con la pensión.
Saiz se ha referido a encuestas que demuestran que «hay trabajadores que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria». Pero, eso sí, lo quiere hacer «con unas condiciones que favorezcan su actividad» y por eso es una cuestión que el Ministerio ha comenzado a analizar con los interlocutores sociales.
Coeficientes reductores
Pero además del desarrollo de la jubilación parcial, la intención del Ejecutivo es, en el marco del diálogo social, diseñar un procedimiento general para el establecimiento de coeficientes reductores de la edad jubilación. Es decir, para adelantar la edad de retiro en ciertos casos.
Elma Saiz ha explicado que su plan pasa por contar con indicadores objetivos para justificar los coeficientes, en los que se tendrá en cuenta factores como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar.
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