El 21% de las licitaciones públicas quedan desiertas por la inflación

El presidente de la gran patronal de la construcción, Pedro Fernández Alén, denuncia que el coste del consumo de los materiales en la construcción se incrementó en solo un ejercicio, entre los años 2020 y 2021, tanto como en los trece ejercicios precedentes, mientras que el índice de los precios de la energía creció un 38% entre enero y agosto de 2022, frente al 3% que se incrementó entre 2005 y 2020.

Mencionó, asimismo, que el incremento del 54% del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 2018 ha impactado también en los costes de las empresas que realizan obras de construcción. En conjunto, todo ello ha ocasionado que en 2022 un tercio de los 241 contratos públicos licitados quedaran desiertos, hubiera renuncia o hubiera desistimiento de la empresa adjudicataria, una cifra que impactó a 318 licitaciones entre enero y marzo de 2023, según Fernández Alén.

Para el presidente de la organización que aglutina a las principales empresas españolas del sector de la construcción, esta situación tiene un origen claro: que las licitaciones no están sujetas a mecanismos de revisión de precios, como consecuencia de la operativa de la controvertida Ley de Desindexación, que CEOE trató de corregir por enésima vez en el marco de las negociaciones para la subida del SMI en 2024 y que en su opinión supone «un riesgo» para las pymes, que acaban «renunciado, desistiendo o abandonando» los contratos a los que acceden ante la imposibilidad de asumir los incrementos de costes que se producen durante su desarrollo.

Fernández Alén recalcó este martes que según los datos que ellos manejan un 41% de las empresas de la construcción están en riesgo de incurrir en impago, en gran medida por este dispositivo que convierte la adjudicación de contratos públicos en un riesgo.

La patronal de la construcción está apoyada en esta reivindicación por los grandes sindicatos, que coinciden en que el veto administrativo y legal a las revisiones de precios no solo afectan a las empresas sino también a los trabajadores ya que favorece la precariedad laboral y condiciona la actividad de las pequeñas compañías del sector.

Bajo este prisma CNC y las divisiones de construcción de CC.OO. y UGT realizaron ayer un llamamiento a modificar el actual régimen excepcional de revisión de precios y ampliar el tope que se prevé en la norma y que limita al 20% las desviaciones de precio que las administraciones públicas pueden incorporar a este tipo de contratos.

Los datos que maneja el sector señalan que el incremento de precios que se ha producido en los últimos años ronda al 26% en los contratos públicos de obra, concesión y servicio, incluyendo la mano de obra y energía. Razón por la que la CNC ha abogado por elevar ese umbral hasta el 30%, teniendo en cuenta además que la norma no cubre ni el primer 20% de sobrecostes ni los que se produzcan en los primeros seis meses de duración del contrato.

La patronal plantea volver al modelo de 2015 -antes de la entrada en vigor de la Ley de Desindexación, aprobada en un contexto de recortes en el que el Gobierno de Rajoy dispuso un puñado de dispositivos excepcionales para poder cumplir los objetivos de reducción del déficit marcados por Bruselas- en contratación pública tanto de obra como de concesiones, así como que la norma sobre desindexación se ajuste para que «no se aplique a la contratación pública».

En esta línea, el secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, pidió a la Administración «dignidad» para dejar de licitar usando la lógica de dar el contrato a la empresa que menos precio ofrece. El secretario general de CC.OO., Daniel Barragán, admitió que la Ley de Contratación Pública tiene «carencias» y denunció que se pueda licitar con reglas de «pura subasta» porque la ley así lo permite.

La situación puede condicionar incluso el cumplimiento de los ambiciosos planes de puesta en el mercado de viviendas de promoción pública del Gobierno, que durante la pasada campaña electoral llegó a prometer la promoción de hasta 184.000 nuevos viviendas para mejorar la oferta de vivienda asequible de alquiler.

Desde la CNC se estima en más de 700.000 trabajadores el capital humano que se necesitaría para hacer frente a los planes de desarrollo residencial del Gobierno. Los sindicatos no validan esas cifras, pero advierten sobre la solución de emergencia que se ha deslizado desde el Gobierno para cubrir esas carencias a golpe de contingentes de inmigrantes. CC.OO. subrayó ayer su rechazo a la estrategia de traer «inmigrantes al peso», de manera temporal, precaria y que se desechen al día siguiente y advirtió que «si se tienen que perder fondos europeos por ello, que se pierdan».