¿Es realmente posible limitar los precios de productos de la cesta de la compra como propone Yolanda Díaz?

En un principio, el Gobierno español aprobó una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, aunque las constantes subidas de la gasolina y el diésel han hecho que esta ayuda se note muy ligeramente. Más tarde, la Unión Europea reconoció el estatus de 'excepción ibérica' a España y Portugal, por la que permitía a estos países a poner un tope al precio del gas. Ahora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto la intervención del precio de «20 o 30 productos básicos que le garanticemos a la ciudadanía».

«No hay nada que tensione más la vida de la gente que no poder hacer la cesta de la compra, y esto está pasando en nuestro país. Los oligopolios de nuestro país no solo están en el sector bancario o en el energético, tenemos cinco grandes distribuidoras de alimentación que concentran el 50%«, ha asegurado la ministra.

No pasaron ni unos instantes cuando desde numerosos sectores se criticó esta propuesta de Díaz, incluso desde el mismo Gobierno de la que ella forma parte. «Estamos en un mercado libre y las medidas del Gobierno para combatir la inflación van en otra dirección», ha asegurado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Más allá de controversias y discusiones internas dentro de Moncloa sobre esta idea, la pregunta más repetida en estos momentos es una: ¿es legal poner un tope a los precios de los alimentos?

En primer lugar, dicha medida no es competencia única del Ministerio de Trabajo, que es el que preside Yolanda Díaz, sino que englobaría a diferentes carteras con las que habría que consensuar un acuerdo, como por ejemplo Consumo, en manos de Alberto Garzón (Podemos), y Agricultura, Pesca y Alimentación, ministerio dirigido por Luis Planas (PSOE).

Dicho esto, y en consonancia con lo dicho por Isabel Rodríguez, topar los precios de los alimentos es contrario al sistema de libre mercado que rige en España. Y en caso de que esta idea se llevase finalmente a la práctica, habría que distinguir entre las dos formas en que se consolidaría: si se hace en forma de ley o no.

En caso de revestir forma de ley, poner un límite a la factura de los alimentos puede vulnerar el artículo 38 de la Constitución española. En citado apartado, queda reflejada la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

«Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación», explica el artículo 38.

Por otra parte, si no se hace con rango de ley puede contravenir el derecho comunitario de la competencia, con el que se busca proteger a empresas y ciudadanos frente a prácticas que impidan o restrinjan la competencia libre en el mercado nacional y europeo.

Así pues, la decisión de topar los precios de determinados puede aprobarse, ya sea en forma de ley o no, pero dicha acción podría ser recurrida a los tribunales competentes y ser tumbada ateniéndose a los argumentos anteriormente expuestos.