Díaz desata una tormenta con su idea de intervenir y topar el precio de la cesta de la compra

El objetivo es fijar «una cesta de la compra básica, absolutamente legal y sin vulnerar el derecho de la competencia». Para ello se escogerían «entre 20 o 30 productos básicos, que le garanticemos a la ciudadanía», señaló. Con todo, no se dieron a conocer qué productos se verían afectados para los límites y en el Ministerio de Trabajo tampoco han dado más detalles al respecto. Los únicos ejemplos que dio Díaz fueron el pan, los huevos o la leche, y en Twitter la vicepresidenta también se refirió a las naranjas.

Así las cosas, la cesta de la compra no ha parado de encarecerse en los últimos meses. En agosto el dato de IPC adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) fue del 10,4%, lo cual supone solo cuatro décimas menos que un mes antes. Y supone el tercer mes por encima de los dos dígitos. A esa cifra contribuye sobremanera la crisis energética, que ya ha contaminado también a la cesta de la compra.

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Hasta julio, último periodo con datos desagregados por clases de productos, son varios los alimentos básicos que se han disparado. En lo que va de año, las harinas han aumentado su precio un 32,5%; los huevos, un 19,3%; la leche (entera o desnatada), entre un 16,4 y 16,6%; las pastas, un 14,7%; el aceite de oliva, un 12,8%; las patatas, un 12,6%... y así con un sinfín de productos que caminan incluso por encima del índice general.

Para ahondar en lo que fuentes empresariales consideran «populismo que pagarían los agricultores», Díaz se servirá también de Alberto Garzón, ministro de Consumo. La intención de la vicepresidenta es reunirse, junto a Garzón, con las asociaciones de consumidores y la gran distribución para tratar de alcanzar un acuerdo para topar los precios.

Sin embargo, ni aun haciéndolo como un acuerdo la medida estaría exenta de polémica legal. «La fijación de precios de la cesta de la compra básica puede resultar contrario a la vigente Ley de Defensa de la Competencia. Si esa fijación se hiciera mediante pacto que no revista forma de ley, además podría vulnerar el derecho comunitario de la competencia, que busca proteger a empresas y ciudadanos frente a prácticas que impidan o restrinjan la competencia libre en el mercado nacional y europeo. En cambio, si esa fijación se hiciera mediante ley, podría resultar inconstitucional por vulnerar el artículo 38 de la Constitución, que consagra la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado», explica Efrén Díaz, abogado del Bufete Mas y Calvet y doctor en Derecho.

Por su parte, Podemos hila fino para no decir más de la cuenta teniendo en consideración el ambiente de tensión, pero dejó claro que no comparte la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El partido de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, matizó que la medida les parece «sensata» dada la situación de creciente inflación. Pero el portavoz de la ejecutiva de Unidas Podemos, Pablo Fernández, apuntó durante una rueda de prensa «la dificultad» que supone llegar a consensos con las distribuidoras. Es precisamente eso lo que quiere hacer Díaz en las próximas semanas junto al ministro Garzón, convencerles. El partido de Belarra desconocía esta propuesta y, si bien insisten en que «ella está en su derecho de hacer las propuestas que considere», también la reciben con escepticismo. «Sería complejo llegar a un acuerdo con las grandes empresas para que las mismas se rebajen los beneficios, es el Gobierno quien tiene que tomar decisiones», insistió Fernández.

En su lugar, el partido de la ministra Belarra propone un impuesto extraordinario a las empresas alimentarias para sufragar así un cheque-ayuda para la cesta de la compra. Es la respuesta de Podemos a Díaz, enfrentados por el futuro electoral de Unidas Podemos y Sumar en los últimos meses. «Yo no veo al señor de Mercadona aceptando que se topen los precios», explica una fuente de la ejecutiva de Podemos. También hay voces en el partido que consideran que ella está construyendo su traje de líder y que lanzar estos anuncios forma parte de esa estrategia. Porque no ha pasado desapercibido que es una política que no corresponde al Ministerio de Trabajo que lidera, sino a Agricultura o a Consumo.

Por el momento, las empresas de la distribución aseguran que no han recibido citación alguna por parte de ninguno de los dos ministerios, según ha podido saber este periódico. El sector, y en especial los supermercados, llevan meses reclamando un IVA superreducido precisamente para contener las subidas de precios de los productos básicos. Una propuesta que sigue sin tener réplica por parte del Gobierno.

Pero, en cambio, se han topado con las palabras de Díaz que son otro jarro de agua fría para su actividad. «En este contexto necesitamos aplicar rebajas en el IVA de los alimentos y no introducir más medidas impositivas que sumen costes a las empresas y resten competitividad al sector», señalan a ABC fuentes de Aecoc. Desde la asociación que representa a toda la cadena de valor del gran consumo insisten en que España es uno de los países europeos que ha experimentado un menor incremento de los precios de los alimentos este año, «algo que el sector ha conseguido a base de ajustar y reducir sus márgenes».