Una directiva europea abre la puerta a la fusión BBVA-Sabadell

Cuando el Gobierno intervino en la opa de BBVA para vetar la unión posterior durante al menos tres años, ampliables a cinco, lo hizo en base a la Ley de Defensa de la Competencia, que habilita al Consejo de Ministros a revisar en fase tres las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Es más, en el acuerdo del Consejo de Ministros ni siquiera se habla de impedir la fusión sino que utilizan otras palabras como «mantener personalidad jurídica y patrimonio separados», y «autonomía de gestión» cada uno la suya, pero eso se traduce en impedir la unión.

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En realidad lo que hizo ahí el Ejecutivo 'de facto' fue adelantar una decisión que debía tomar mucho más tarde, ya que la fusión solo la puede solicitar BBVA si triunfa con la opa. Es razonable pensar que hasta finales de 2025 o principios de 2026, el banco vasco no iba a dar ese paso.

El veto a la fusión que aún ni siquiera estaba solicitada y que el Gobierno adelantó en junio se basa en la citada ley, pero encuentra base legal en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que es la que establece actualmente que es el ministro de Economía -en este caso Carlos Cuerpo- quien tiene la potestad de autorizar o vetar uniones entre bancos.

El problema surge con la nueva directiva CRD VI, aprobada el 31 de mayo de 2024. Esta norma deben trasponerla a las legislaciones nacionales los Estados miembro antes del 11 de enero de 2026.

Esta directiva supone cierto cambio de paradigma en lo que se refiere a las autorizaciones de fusiones bancarias. La norma recoge que son los supervisores los que han de disponer de «todas las facultades necesarias» sobre las entidades de crédito y que por tanto son estos los que deben revisar las operaciones. No hace referencia ninguna a que el poder político deba tener capacidad de autorizar o vetar fusiones bancarias, sino que viene a señalar que esa función la deberían asumir los supervisores; en el caso de entidades significativas españolas sería el Banco Central Europeo (BCE) y, en su defecto, el Banco de España.

El Gobierno debe tener traspuesta esta directiva antes del 11 de enero y adaptar así el esquema de autorizaciones. En otras palabras, que el Ejecutivo podría tener que quitarse a sí mismo la potestad de vetar fusiones para dársela a los supervisores. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía confirman que están trabajando ya en la trasposición de la directiva, pero no desvelan de qué manera.

Será importante cómo haga el Gobierno la trasposición ya que podría perder esa atribución, con lo que eso implicaría para la operación de BBVA sobre Banco Sabadell. La realidad es que el Ejecutivo vetó la fusión en junio con su intervención en la opa sabiendo ya que en enero tendría que enfrentarse a esta directiva.

Aun así, existen dudas sobre lo que dice la directiva y el alcance de este posible cambio legal ya que no está claro que si a partir de enero la facultad de autorización recayera en los supervisores, estos puedan realmente dar el OK a la fusión de BBVA-Sabadell que fue vetada anteriormente con otra legislación y por otra autoridad; además, se plantean dudas en el sentido de que el Gobierno específica y técnicamente no ha vetado la fusión sino que lo que ha impuesto es que se mantengan sociedades y patrimonios separados. Algunas fuentes señalan que es posible que el banco vasco no pudiera hacer nada para saltarse la prohibición de La Moncloa durante los tres primeros años, aunque la posibilidad está en el aire.

Asimismo, la trasposición de esta directiva es relevante en el sentido de que la tienen presente en la Comisión Europea, que abrió un expediente de infracción al Estado español este julio, tras intervenir en la opa de BBVA, por la capacidad legal que tiene el Gobierno de vetar operaciones bancarias. Bruselas ataca varias legislaciones españolas: tanto la ley de competencia como la ley de ordenación de entidades de crédito. Y se insta a España a cambiar la legislación para que el poder político no tenga capacidad de prohibir operaciones, como ha hecho con esta fusión.

La Comisión Europea, según anunció, «considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales», al tiempo que añadía que el poder de veto que tiene el Gobierno deriva en «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales».

Aparte de ello, otros organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya han criticado en el pasado el poder de veto que tiene el Ejecutivo español sobre fusiones bancarias, además de señalar que la citada directiva CRD VI podría corregir esta situación.