El desbocado gasto en pensiones y bajas abre la puerta a ajustes en 2025

Lo que ocurra con la Seguridad Social y las pensiones el próximo año aún se desconoce, pero las cifras de los dos pilares de gasto de la Seguridad Social han dado la voz de alarma, dentro y fuera del Gobierno. Con férreos crecimientos sostenidos a dos dígitos, y con aún más de dos meses para cerrar el ejercicio, con pagas extra pendientes para los más de nueve millones de jubilados, ambas partidas están desbocadas, especialmente el absentismo, y sin que se hayan puesto en marcha medidas de choque, más allá de un acuerdo con las comunidades autónomas para dar poco margen más de actuación a las mutuas en lo que respecta a las petición de pruebas médicas. Se les sigue negando, sin embargo, la posibilidad de dar altas, pese a las cifras récord, como las bajas de más de un año, que se han disparado casi un 30%.

Ahora, la Seguridad Social se plantea una reforma de la incapacidad temporal para dar cabida a medidas contra el absentismo para dar también así respuesta a las protestas empresariales. Y ahí se enmarca el polémico anuncio de bajas flexibles que anunció la titular Elma Saiz, con el que provocó una dura reacción de los sindicatos y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. «Con la salud no se juega», dijo la también ministra de Trabajo sobre una propuesta que abre la puerta a que en algunos casos el empleado pueda reincorporarse al trabajo de forma voluntaria al mismo tiempo que está de baja. ¿Casos en los que se podría aplicar? Según los ejemplos que indicó la ministra Saiz, sería en personas que estén saliendo de un tratamiento de cáncer y quieran trabajar, o en los casos de pluriactividad (más de un trabajo en alta en la Seguridad Social) donde el tipo de baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones pero no en la otra.

Lo que es una realidad es que el gasto en bajas laborales para la Seguridad Social se ha casi triplicado en las últimas dos décadas y media, pasando de 3.794 millones de euros a 14.121 en 2023, lo que supone un 273% más. El pasado ejercicio la situación llegó a ser muy delicada. Más de ocho millones de bajas terminaron desbordando los gastos, lo que obligó a la Seguridad Social a movilizar hasta en ocho ocasiones parte del presupuesto destinado a la cobertura de la incapacidad temporal para sufragar los desembolsos, que fueron un 20% más de lo estimado por el Gobierno.

Y luego también está el impacto en las empresas, que no se circunscribe únicamente a la cuantía de las prestaciones que paga la Seguridad Social y las mutuas, también supone un coste directo e indirecto en prestaciones, cotizaciones sociales y mejoras de la ayuda pactadas en convenio, añadido también a factores como la productividad o el coste de oportunidad. El coste estimado de empresas por incapacidad temporal por contingencias comunes, que incluye prestaciones, cuotas, complementos y mejoras, creció hasta julio hasta los 4.729,71 millones, un 17,57% más respecto al ejercicio anterior. La factura total en incapacidad para Seguridad Social y empresas se estima este año en 30.000 millones.

La escalada del gasto en bajas no cede ni tampoco el de pensiones. La arquitectura del sistema público se enfrenta al desafío del envejecimiento de la población y la jubilación del 'baby boom', la generación de los 14 millones de personas que ya comenzaron a jubilarse el año pasado con largas carreras de cotización y nóminas elevadas. Elementos todos ellos que tensionan las cuentas del sistema, presionadas también por la vinculación de las nóminas de los jubilados a la inflación. Este año el Estado ha necesitado un presupuesto récord de más de 200.000 millones; el gasto anual crece más de 7% y cada mes el Estado debe pagar una factura cada vez más elevada para cumplir con los jubilados.

Un sistema además endeudado con el récord de 116.000 millones y deficitario. Como dictan las recomendaciones del Pacto de Toledo, cada año el Gobierno avanza en la separación de fuentes de financiación, de modo que las cotizaciones se destinen sólo a sufragar las pensiones contributivas y la inyección de recursos se ha multiplicado en los últimos ejercicios, constituyéndose en la principal fuente de ingresos y en sostén, por tanto, de la escalada del gasto que han provocado las revalorizaciones de la nómina de los mayores y la espiral de bajas por enfermedad. De transferir 19.610 millones en 2019 se ha pasado a los casi 43.500 previstos para este ejercicio, es decir, un aumento del 130%, más que duplicar la aportación.

La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social hasta julio refleja que en el último año el desembolso en pensiones ha crecido un 7,3% y un 18% en bajas por enfermedad, partidas que hacen que cada ejercicio sean precisos más recursos del Presupuesto para poder afrontar puntualmente los pagos, evolución que no ha sido capaz de invertir la reforma de Escrivá. Cada mes la Seguridad Social desembolsa 13.000 millones en pensiones, cifra que se multiplicará por más de dos el mes que viene cuando los jubilados recibirán su paga extraordinaria.