Las bajas laborales flexibles amenazan con abrir otro cisma en el diálogo social

Pues a pesar de este paso, que ya ha sido calificado como altamente insuficiente -según un reciente informe publicado por Fedea- para cualquier objetivo de reducción del gasto público que supone la incapacidad temporal y de los costes asociados para las empresas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha descolgado en las últimas horas con el anuncio de la apertura de una mesa de diálogo sobre la cuestión, en la que ha planteado la posibilidad e introducir cambios regulatorios que desemboquen en lo que se han denominado como la aplicación de las bajas laborales flexibles, que permitirían a los trabajadores incorporarse al puesto de trabajo de manera paulatina pese estar en ciertas situaciones de incapacidad temporal.

Aunque en el convenio marco de ampliación de las actuaciones de las mutuas colaboradoras que ha sido suscrito en el reciente acuerdo -aún no aprobado por el Gobierno- sí recoge expresamente el objetivo de aligerar las cargas que asumen el sistema público mediante una reducción de la duración de las bajas, con el consecuente ahorro que implicaría para las arcas públicas, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha asegurado en las últimas horas que en este caso, la propuesta no tiene que ver con aligerar los costes para el sistema, sino que habla de una «ampliación de derechos». Y asegura que la idea emana de los encuentros mantenidos con las empresas, asociaciones, colectivos, trabajadores.

No obstante, parece que el elefante en la habitación hace tanto ruido como el que genera en las cuentas el incremento desorbitado del gasto. El gasto para la Seguridad Social se ha casi triplicado en las últimas dos décadas y media (pasando de 3.794 millones de euros a 14.121 en 2023, lo que supone un 273% más). Aunque como señalan desde Fedea, el aumento se reduce cuando se tiene en cuenta la inflación, pero aun así se ha más que duplicado (de 6.409 a 14.122 millones ambos en euros de 2023, lo que supone un 120% más).

Fuerte desviación del

gasto previsto por el

Gobierno para incapacidad

temporal (IT)

Movilizaciones de presupuesto para

cubrir el exceso de gasto en IT

En millones de euros acumulados. Año 2023

2.444

1.944

1.544

502

356

19

4,9

5,9

E

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Evolución del gasto total

en cobertura de la IT

En millones de euros anuales

2012

5.360

2013

5.014

2014

5.472

2015

6.149

2016

6.888

2017

7.586

2018

7.484

2019

9.527

2020

11.887

2021

12.468

2022

13.590

2023

14.121

Fuente: Ministerio de Seguridad Social / ABC

Fuerte desviación del gasto previsto

por el Gobierno para incapacidad temporal (IT)

Movilizaciones de presupuesto para

cubrir el exceso de gasto en IT

2.444

1.944

En millones de euros acumulados. Año 2023

1.544

502

356

356

19

4,9

5,9

5,9

5,9

5,9

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Evolución del gasto total en cobertura de la IT

En millones de euros anuales

14.121

13.590

12.468

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9.527

7.586

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5.472

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2015

2016

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2020

2021

2022

2023

Fuente: Ministerio de Seguridad Social / ABC

Además, la Seguridad Social tuvo que movilizar hasta en ocho ocasiones parte del presupuesto destinado a la cobertura de la incapacidad temporal en 2023 para poder sufragar los más de 14.000 millones en que se saldó el desembolso a cierre de año, un 20% más de lo estimado por el Gobierno en la configuración inicial de las cuentas del sistema. Concretamente, a través de la figura de la modificación presupuestaria, que permite bascular a lo largo del año las partidas para adecuarlas a las necesidades que se produzcan durante su ejecución mediante la distribución de los créditos ya consignados, Seguridad Social llegó a desviar en el acumulado del pasado ejercicio un total de 2.444 millones de euros.

Sólo desde el impacto de la pandemia, la partida destinada a la cobertura de la incapacidad temporal se ha duplicado y en lo que va de 2024 -hasta agosto, último dato disponible de ejecución presupuestaria-, el coste ya crece a un ritmo del 17,6%. Aunque la previsión inicial de gasto con presupuesto prorrogado para el conjunto del año ascendía a 11.764 millones de euros, el montante previsto tras nuevas modificaciones presupuestarias por valor de 350 millones de euros se sitúa en 12.115 millones de euros, pero las obligaciones reconocidas hasta el octavo mes del año (10.421 millones) suponen el 86% del total previsto, a falta del saldo de cuatro meses.

Con estos mimbres, aunque desde el Gobierno rechazan que la medida esté destinada a embridar este gasto, lo cierto es que la música suena con unas notas que apuntan en la dirección de tomar medidas efectivas que sirvan para lograr un alivio que no lograrán las incluidas en el pacto de pensiones -toda vez que el mantenimiento de la decisión final de las altas en manos del servicio público y la voluntariedad del tratamiento por parte de las mutuas apuntan los expertos que deja poco margen para la reducción de costes-. Lo que sí parece, tras una primera toma del pulso de los agentes sociales es la posibilidad de que esta negociación anunciada abra un nuevo cisma, una nueva grieta, en un momento en el que la mesa destinada a la reducción de jornada -en el perímetro del Ministerio de Trabajo- ya ha elevado la tensión entre la patronal y sindicatos hasta niveles poco desdeñables, tal y como se demostró en las últimas movilizaciones realizadas por UGT y CC.OO. en las sedes patronales. Y pese al rechazo de CEOE y Cepyme de las últimas ofertas del departamento de Yolanda Díaz para ablandar la postura empresarial.

Ahora, sobre la propuesta de las bajas flexibles, las sensibilidades vuelven a ser opuestas. Por un lado, las patronales reciben el planteamiento con buenos ojos. «Es algo que en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base, primero de la voluntariedad, que la ministra ha dicho, y dos, de los casos donde se pueda hacer», señalaba este viernes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, señalando que «hay veces» en los que los propios médicos recomiendan la reincorporación laboral de manera voluntaria. «Por ejemplo, una persona que esté trabajando dando clases en un gimnasio y a la vez tiene otro trabajo, de clases de inglés, sea profesor de inglés en digital, pues igual tiene un problema en una rodilla o la ha tenido que escayolar, no podrá dar clases de gimnasio, pero podría estar activa para dar esas clases de inglés de la tarde», explicaba.

Por su parta la patronal de pequeñas y medianas empresas Pimec reclama la «implementación inmediata» de esta flexibilización de las bajas laborales asegurado que es «un primer paso positivo» hacia la adaptación de la normativa a las necesidades que tienen las empresas y los empleados -apuntando también hacia la necesidad del refuerzo del papel de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social- asegurado que esta medida permitiría «mitigar la altísima incidencia de las bajas laborales que tienen impactos sobre las personas, las empresas y la economía».

Por su parte, fuentes de UGT consideran que lo que hay que hacer es centrarse en el origen de las bajas para mejorar la prevención, y en el diagnóstico, tratamiento y curación para que las personas reciban toda la atención a la que tienen derecho, incluida la situación de IT que sea precisa, y recuperen totalmente la salud. «Lo que se encierra en esta flexibilidad es una especie de compatibilidad entre capacidad e incapacidad laboral. Veremos que nos presentan pero conceptualmente nos parece muy complicado que en un mismo paciente se den ambas situaciones a la vez», han indicado desde la organización dirigida por Pepe Álvarez.

Lo que añaden desde el sindicato en conversaciones con ABC es la sorpresa por una mesa de negociación y un planteamiento que «no estaba encima de la mesa» y que pilla «por sorpresa» a las organizaciones, mostrando su escepticismo sobre la medida.

«La propuesta que se lanza esta mañana de compatibilizar la situación de incapacidad temporal con el trabajo en determinadas circunstancias es una propuesta peculiar, curiosa y difícil de entender en muchos apartados y que puede transmitir cierta inseguridad a las personas que están en esa situación», criticaba el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC.OO., Carlos Bravo, calificando de «sorprendentes y singulares» los planteamientos de la ministra.

Preguntado por la postura inicial de rechazo de los sindicatos a la propuesta, el líder de CEOE, Antonio Garamendi, ya apunta hacia una discrepancia inicial asegurando que no entiende que se diga «no» sin haber escuchado antes la propuesta. «Creo que las cosas no son blancas o negras, pueden tener espacios, y creo que lo que en este caso el Ministerio ha propuesto es abrir una mesa para hablar de este tema, yo creo que el negar la mayor, o lo contrario, o así, porque sí, pues me parece que es negar ese espacio presente del diálogo social que es lo que nosotros reclamamos», apunta.

Por último, más allá de la complejidad preliminar que se vislumbra para un acuerdo sobre la materia en la mesa de diálogo social, la medida también ha distanciado a los partidos políticos que sustentan la coalición del Gobierno. Por lo que un eventual entendimiento tripartito podría no tener un refrendo parlamentario a la vista de los posicionamientos de las fuerzas políticas tras conocerse la medida.

Además del primer rechazo emitido por la vicepresidenta Yolanda Díaz, este viernes el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, pedía ser «extremadamente prudentes» sosteniendo que ve «peligroso» flexibilizar las bajas porque cree que hay que tener en cuenta cómo podría ser utilizada esta medida «por parte de determinados empleadores». «A nosotros esta propuesta, de entrada, no nos gusta nada», subrayaba.

La posición de Podemos es incluso más contundente en el rechazo y la líder de la formación morada, Ione Belarra, apunta la necesidad de «poner pie en pared» con esa medida propuesta desde el ala socialista del Gobierno, más si cabe teniendo en cuenta, ha apostillado, que «todas las medidas que ha tomado este Gobierno en este primer año de legislatura podría haberlas tomado el PP». A su juicio, la propuesta es más propia de la patronal o del PP y se traduce en «decirle a la gente que va a tener que ir a trabajar enferma». «Eso es abrirle la puerta a todo tipo de presiones por parte de las grandes empresas», criticaba.