El coste de las jubilaciones supone el 72% de la recaudación histórica de impuestos por el IPC

Sin embargo, esto no es novedad toda vez que las rúbricas de déficit que ofrece el Gobierno, del 0,5% del PIB previsto en 2022 –unos 6.000 millones de euros–, responden a una de las maniobras incluidas en la primera parte de la reforma del sistema de separación de fuentes de financiación en la que se establecen «gastos impropios» por valor de 23.000 millones que deben ser asumidos por el Presupuesto General a través de una transferencia anual. En este proceso de separación de fuentes, ya casi culminado en su totalidad, se prevé una transferencia de 19.888 millones de euros en 2023, unos 1.500 millones más que el pasado año.

Pero si comparamos el coste de las pensiones con el resto de impuestos, de toda índole, que recauda el Estado la comparativa no es mejor. Y menos si contabilizamos los ingresos del recién finalizado ejercicio en el que crecieron a un ritmo histórico del 15% por el efecto de la inflación.

Si atendemos a la estadística oficial, el desembolso en pensiones de 2022 se sitúa en 173.600 millones de euros, mientras que esta ola de recaudación se estima deje en las arcas públicas unos 244.072 millones de euros. Es decir, dejando al margen toda la estructura de servicios públicos del Estado, el pago de las pensiones se comería el 71% de esta recaudación. Y lo mismo ocurre con la previsión de ingresos del Ministerio de Hacienda para 2023, de 262.781 millones de euros. Si este fuera el dinero destinado al pago de pensiones supondría que algo más de siete de cada diez euros recaudados iría a parar al pago de pensiones.

Si contabilizamos el Presupuesto General del Estado en todos sus niveles, el pago de la pensiones supone el 40% del desembolso que realiza la Administración Pública durante un año.