Sumar presiona a Vivienda para congelar ya los precios de miles de contratos de alquiler que pueden subir más de un 30% tras su revisión

El ala más a la izquierda del Gobierno pone toda la carne en el asador y presiona así al Ministerio de Vivienda con la presentación ayer de un real decreto ley de medidas urgentes con el que busca intervenir el mercado también en las zonas que no han sido declaradas como tensionadas bajo el reglamento de la ley de Vivienda. Con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy a la cabeza, la formación fucsia habla de posponer «el vencimiento de todos los contratos de alquiler» tanto nuevos como vigentes con tres años adicionales y de añadir dos años extra en las zonas tensionadas, «sobre la actual prórroga extraordinaria» de forma que los inquilinos puedan permanecer hasta 10 años en la vivienda.

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En este mismo punto, Sumar quiere que las rentas se regulen «con carácter general, inmediato y transitorio hasta que se declaren zonas tensionadas». Y exige en el caso de las comunidades autónomas donde no se hayan declarado zonas tensionadas, que todos los nuevos contratos o renovaciones se fijen al mismo precio que el contrato anterior. «En aquellas comunidades autónomas que hayan declarado zonas tensionadas, únicamente se aplicará en dichas zonas, como ya ocurre».

El anuncio de Sumar ha puesto ya en guardia al sector residencial dedicado al alquiler y también a los propietarios que, en muchos casos, ya están actualizando los arrendamientos al nivel de las rentas que se piden para los nuevos contratos que se firman en 2025. Desde noviembre de 2020 hasta ahora, la mensualidad media en España ha aumentado un 34,2% desde los 10,1 euros por m2 de entonces a los 14,5 que se pidieron el mes pasado. Es decir que un piso de una superficie media de 80 m2 ha pasado de costar 808 euros a valer 1.160 al mes.

El alza cobra más fuerza en los dos grandes mercados como son Madrid y Barcelona. En la capital, los precios han aumentado desde 2020 un 51,3% desde los 15 a los 22,7 euros por metro cuadrado, mientras en la Ciudad Condal (mercado intervenido) el alza es de un 60% al llegar a los 24 euros por metro, según los datos disponibles en Idealista.

Fuentes del sector aseguran que por el momento lo que perciben es que se están revisando los contratos por debajo de la subida media, y defienden los incrementos porque desde abril de 2022 la actualización anual de los contratos ha estado topada (a un 2% hasta el final de 2023; a un 3% durante 2024 y a un índice especial del INE desde el 1 de enero de 2025) y desligada de la subida del IPC que se ha elevado mucho más desde entonces.

Con todo, el plan de Sumar también aspira a traspasar todas estas medidas de contención al alquiler de habitaciones, una modalidad que está sujeta al Código Civil y no a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El segundo partido del Gobierno propone «extender los derechos de arrendatarios habituales al alquiler de habitaciones, incluyendo el control de rentas», así como que los alquileres de temporada no puedan utilizarse «para sortear la regulación de alquiler habitual» por lo que se exigiría una duración superior a 30 días. «De lo contrario se considerarán alquileres turísticos», aclaran. Según Sumar estas medidas pretenden poner fin a «la elusión de la regulación a través de contratos de temporada o de habitaciones».

Dentro de la amalgama de medidas, el partido de Yolanda Díaz también aboga por implantar un IVA del 21% a la vivienda turística (algo también propuesto por el PSOE); eliminar la bonificación del 40% de las rentas de alquiler en el Impuesto de Sociedades; o que la nueva compra destinada a alquiler sólo pueda estar destinada a alquileres asequibles según el índice de referencia de precios elaborado por Vivienda.