El BBVA lleva al Gobierno ante el Supremo para tumbar su intervención en la opa

El banco ha mantenido en absoluto secreto la presentación del recurso contra la intervención del Gobierno, hasta el punto de transmitir en las últimas semanas que la situación todavía estaba en el aire. «Tomaremos la decisión y la haremos pública más adelante. No hablamos sobre posibles demandas», dijo el consejero delegado, Onur Genç, en la presentación de resultados semestrales el pasado 31 de julio ante los medios de comunicación, cuando en realidad habían acudido al Alto Tribunal más de dos semanas antes. Fuentes de mercado confirman que, a día de hoy, no hay solicitada ninguna medida cautelar.

En realidad lo que llegó al Alto Tribunal el pasado 15 de julio fue el anuncio de recurso por parte de la entidad, que sirve para poner en conocimiento de los tribunales la intención de impugnar una decisión administrativa, en este caso del propio Ejecutivo de Sánchez, pero sin aportar más razones. Tras esto, llegará la interposición del recurso como tal, que debe especificar la resolución administrativa contra la que se actúa y los argumentos, informa Javier Lillo. Tras esa interposición del recurso, lo normal es que el Supremo admita el asunto –en Contencioso siempre se pasa ese primer filtro- y dé diez días al Gobierno para que aporte la documentación relativa al asunto en cuestión.

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Por su parte, el Ejecutivo trata de defender su actuación en la opa. «El Gobierno ha actuado en todo momento en línea con la normativa nacional, tal y como avalan los informes de la Abogacía del Estado y con respeto a la participación de todas las instituciones involucradas y sus competencias», indican fuentes oficiales del Ministerio de Economía, que fue el departamento que lideró la intervención. El ministerio de Carlos Cuerpo destaca, asimismo, que su actuación cumple a rajatabla la ley de defensa de la competencia, que está vigente desde 2007 y «ha sido aplicada en numerosas ocasiones desde entonces. En cualquier caso, respetamos la decisión del BBVA».

Así las cosas, la entidad sube el tono contra el Gobierno después de que este, el 24 de junio, decidiera hacer más duras las condiciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para proteger, dijeron, el interés general. El Consejo de Ministros impuso a los vascos una única condición pero muy amplia: vetó durante al menos tres años la fusión posterior a la opa, obligando así a BBVA a mantener a Sabadell como una entidad separada para evitar que desaparezca.

Aquella intervención sentó como una bomba en el seno de la entidad vasca, que durante varios días estuvo estudiando el nuevo marco que se le abría, es decir, cómo quedaba la rentabilidad de la operación teniendo en cuenta la prohibición de fusión impuesta por el Gobierno. Aunque finalmente el BBVA decidió seguir adelante con la opa, la intervención del Consejo de Ministros es evidente que golpea en buena medida los cálculos del banco, en especial las sinergias, que como mínimo se retrasarían en parte.

Asimismo, se da la situación de que BBVA recurrió la intervención pública ante el Supremo dos días antes de que Bruselas expedientara a España precisamente por esto mismo; lo cierto es que el procedimiento comunitario se descontaba que iba a ocurrir ya desde días atrás, lo que podría haber terminado de animar a los vascos. La Comisión Europea decidió abrir un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de varias disposiciones europeas en la tramitación de la opa, en concreto por «la utilización» que ha hecho el Gobierno de distintas disposiciones legales que, a su juicio, contradice las normas comunitarias sobre libertad de establecimiento y libre circulación de capitales.

BBVA lleva varios meses sosteniendo que el Gobierno en realidad no podía actuar de esta manera. El presidente de BBVA, Carlos Torres, y su CEO, Onur Genç, han señalado en varias ocasiones que, a su juicio, el Gobierno no tiene capacidad legal para hacer más duras las condiciones de Competencia, es decir, que el Consejo de Ministros solo podía mantener o suavizar lo dictaminado por la CNMC. En esas tesis han estado los últimos meses, aconsejados por sus asesores jurídicos.

Los argumentos del banco son varios. Por una parte, igual que señalan algunos analistas, creen que el espíritu de la ley de defensa de la competencia sería el de permitir al gobierno de turno suavizar condiciones de la CNMC que pudieran hacer descarrilar una operación que tuviera sentido para España, y no al contrario. Por otra, señalan al dictamen del Consejo de Estado de 2006 previo a la aprobación de esa normativa, como publicó ABC.

El dictamen de la institución consultiva apuntó a que el Gobierno no puede «imponer más condiciones que las previamente fijadas por el consejo de la CNMC, de manera que solo podrá eliminar las condiciones impuestas o suavizarlas». Y destacaba que esto se «deriva de la propia lógica del anteproyecto, que parte de la idea de que el Consejo de Ministros puede autorizar lo que prohíbe la Comisión pero no puede prohibir lo que ella autoriza».

El Gobierno, por su parte, apunta a la dirección totalmente opuesta. En el acuerdo del Consejo de Ministros de la intervención en la opa, el Gobierno destacaba que la redacción de la ley les permite fijar condiciones distintas a las de Competencia. Para afirmar esto, el Gobierno se basa en informes de la Abogacía del Estado.

En ese mismo acuerdo del Consejo de Ministros se apuntaba también a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 en la que se recoge que «resulta coherente que sólo el Estado pueda privar de eficacia a las decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que prohíban o condicionen una determinada concentración económica, a través de un órgano especialmente idóneo para valorar intereses generales de tal naturaleza, cual es el Consejo de Ministros». El Ejecutivo interpreta esto como que el Consejo de Ministros es «una última instancia de protección, garante de las razones de interés general».