La banca advirtió al Gobierno de riesgos por la quita de deuda

La teoría que manejan los bancos es que la quita de la deuda debería facilitar a todas las comunidades autónomas acudir a financiarse al mercado y hacerlo a un interés más barato del que venían soportando hasta ahora, pero nada de eso está garantizado, y a ello se unen una serie de riesgos que las entidades ya han comunicado al Gobierno. Concretamente, lo que piensan en el sector bancario es que una quita de deuda como la que pretende el Ejecutivo debería hacerse teniendo previamente unas reglas muy claras sobre cómo sería el nuevo sistema de financiación autonómico, un melón que aún no está sobre la mesa, y que, además, debería plantearse en la legislación algún tipo de condicionalidad para que las autonomías puedan beneficiarse de que el Estado asuma parte de su deuda. Para las entidades financieras se trata de un riesgo importante el hecho de que no se desincentive el mal o excesivo endeudamiento, y que no se establezcan condiciones estrictas para disfrutar de la quita.

Todas estas ideas están en manos del Gobierno desde hace algunos meses. El Ministerio de Economía, a través del equipo de la Secretaría General del Tesoro y de Financiación Internacional que dirige Paula Conthe, mantuvo entre el 12 y el 29 de mayo pasados al menos cinco reuniones con las principales entidades financieras del país para abordar diversas cuestiones técnicas relacionadas con la absorción por parte del Estado de más de 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas y prevenir las principales dificultades operativas que esta operación sin precedentes pudiera suscitar.

En esos días el equipo de Conthe se reunió por separado con representantes de Abanca, BBVA, Santander y Sabadell, y mantuvo también un encuentro grupal con entidades financieras afectadas por el proceso, según se recoge en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del anteproyecto gubernamental.

En el documento, el Gobierno, que descarta por su menor ambición cualquier alternativa a la mal llamada quita para aliviar la carga de deuda de las comunidades autónomas, justifica esta ronda de contactos por la complejidad de la operación propuesta, que entre otras cosas exige cambiar la legislación vigente para habilitar la aprobación de «las medidas y procedimientos necesarios que faciliten la subrogación del Estado en las operaciones de endeudamiento con entidades financieras de mercado objeto de la asunción».

El procedimiento es más sencillo cuando se trata de absorber las deudas de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ya que se trata al fin y al cabo de amortizar emisiones de deuda realizadas por el Estado para financiar a las comunidades autónomas, así que en el fondo se trata simplemente de imputar un pasivo que hoy figura en el balance de las comunidades autónomas al endeudamiento del Estado. Más enrevesado es el procedimiento para que el Estado absorba los títulos de deuda emitidos en los mercados por las comunidades autónomas o los préstamos bancarios solicitados por éstas para financiarse, ya que no todas las comunidades tienen deuda con el FLA ni tienen tanto pasivo de este tipo a asumir; en esos casos, lo que haría el Estado es asumir deuda emitida a mercado o que tengan con los bancos, ocupando su lugar como deudor.

En texto planteado por el Gobierno, que ahora se somete al trámite de audiencia pública, establece un serie de condiciones a la asunción de deuda ajena al FLA que podrían resultar problemáticas. Plantea, por ejemplo, que el Gobierno podrá acordar con el acreedor cambios en el contrato «de manera que faciliten la asunción de la deuda por parte del Estado» y que para ello se regulará un procedimiento por parte de la Secretaría General del Tesoro.

En este sentido, según fuentes financieras, los bancos, como acreedores, tienen capacidad de vetar el hecho de que el Estado asuma la deuda que tiene la comunidad autónoma en cuestión. Es decir, las entidades acreedoras deben dar el OK para que el Estado ocupe la posición de deudor de la región de que se trate, aunque las fuentes consultadas señalan que esto no debería suscitar grandes problemas ya que lo normal es que el Reino de España tenga un mejor 'rating' de deuda que las comunidades autónomas; como mucho, solo alguna comunidad como Madrid iguala la calificación del Estado, pero no la supera, con lo que en ningún caso las entidades quedarían en una peor posición que de la que parten.

La clave de que el Estado asuma la deuda de las comunidades autónomas estará en cómo seleccionará el Gobierno la deuda bancaria que asume de las comunidades y cómo divide ese pasivo por entidades financieras; algunas fuentes apuntan a un sistema por cuotas en función del peso de cada banco en la deuda de las comunidades. Ese es un nivel de detalle que, según fuentes del sector, todavía no se ha trasladado a la banca y mantiene a esta en la incertidumbre.

La norma especifica también que el acreedor «no podrá aplicar ningún coste ni comisión al Estado» y que la subrogación por parte del Estado de esa deuda no dará derecho al acreedor a «exigir el vencimiento anticipado de la deuda», lo que restringe de partida la capacidad de maniobra de los acreedores. Siempre, claro, que las comunidades autónomas menos endeudadas, que son las que entrarían por este canal de la quita, decidan sujetarse a la misma, algo que a día de hoy está en el aire.

Las urgencias del Gobierno por cumplir con el acuerdo político alcanzado con ERC para condonar 15.000 millones de la deuda de Cataluña, que finalmente han resultado ser 17.100 millones de euros, y la voluntad de presentar una propuesta más o menos equilibrada en la que se absorbiera deuda de todas las autonomías -aunque se haya hecho según una metodología singular y muy contestada por los gobiernos regionales- han obligado a Hacienda a un encaje de bolillos, en el que se ha visto obligada a ofrecer a autonomías como la Comunidad de Madrid, con una situación saneada, la absorción de 8.644 millones de deuda, aún cuando no tiene dificultad alguna para financiarse en los mercados y tiene una consideración crediticia similar a la del Estado que se va a quedar con su deuda.