Las autonomías del PP tumbarán hoy la propuesta de Óscar López para reducir la temporalidad en la administración

López, que ha convocado para esta tarde a sus homólogos territoriales a la Conferencia Sectorial de Administración Pública, trasladó una propuesta a los consejeros que no ha gustado. Fuentes del Partido Popular consultadas por este periódico, señalan que su plan «paraliza la administración» con grave afectación en territorios como los insulares, con unas características muy concretas.

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Aunque Bruselas ya ha sancionado hasta en dos ocasiones a España por culpa de la temporalidad en el empleo público, por lo que se requiere adoptar medidas con cierta urgencia, las comunidades autónomas denuncian que el ministro López les quiere imponer su proyecto de forma unilateral, sin una negociación previa real que tenga en cuenta las necesidades de la administración regional y local.

Copiar las mismas medidas dirigidas al control de la temporalidad incluidas en el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que ha generado tantas críticas a nivel profesional y que sigue encallado en el Congreso por falta de apoyos, es la prioridad del ministro López a día de hoy. La norma judicial impulsada por Félix Bolaños prevé que si la Administración detecta la existencia de necesidades estructurales de empleo, estas puedan ser atendidas con un aumento de los efectivos de carácter permanente.

El departamento que dirige Óscar López apuesta por planes estrictos de recursos humanos y nuevas sanciones para reducir esas cifras de temporalidad en el sector. Se prevé la creación de un sistema de alertas que avise a los responsables de la finalización de los contratos temporales, con multas en caso de no hacer caso, para evitar que se prolonguen.

El objetivo, según explican fuentes gubernamentales, es que «se reduzca el atractivo de hacer contratos eventuales«, obligando a las administraciones a planificar las plazas que necesitan a varios años vista.

Una idea, apuntan en alguna de las autonomías, que «es muy difícil» teniendo en cuenta que no todas las regiones son homogéneas y que en algunos casos los cambios demográficos impiden hace esa previsión a tan largo plazo.

En la actualidad la temporalidad en la administración pública en nuestro país se sitúa alrededor del 30%, cuando el compromiso con Bruselas es que no supere el 8%.