Ángel Escribano 'seduce' a la consejera más rebelde de Indra para que apoye la compra de su empresa

Se da la circunstancia de que Amatriain es una de los miembros del consejo que cumplía mandato el pasado martes, 28 de octubre, junto con otros cuatro independientes: Virginia Arce, Olga San Jacinto, Coloma Armero y Bernardo Villazán; y de un vocal dominical, Juan Mocoso del Prado, en representación del Estado (a través de la SEPI, accionista mayoritario de Indra, con el 28%). Y, precisamente, el consejo reunido ayer tenía previsto aprobar la propuesta de renovar en el cargo a Amatriain. También, la de Arce, Villazán y Moscoso del Prado; mientras que la previsión era también dar salida del máximo órgano de gobierno de la compañía de otras dos vocales: Armero y San Jacinto, si bien continuarían en sus sillones hasta que se celebre la junta de accionistas, previsiblemente antes de que acabe el año.

No obstante, a cierre de esta edición, la compañía no había emitido ningún comunicado ni hecho relevante a la CNMV informando de lo votado ayer en el consejo, ante los resultados del tercer trimestre que anuncian hoy a las 7.30 de la mañana antes de apertura de mercado y presentaban a los analistas a partir de las 9.00.

Las mismas fuentes consultadas por este periódico apuntan que Amatriain –junto con Coloma Armero, las dos consejeras independientes más hostiles a la compra a priori– decidió cambiar su postura de absoluta oposición a la potencial operación con EM&E en el momento de la creación de la comisión que preside. Ahora bien, la consejera la condicionó a que los asesores externos emitan un dictamen favorable.

Por tanto, hasta ayer mismo, la comisión se mantiene activa con Amatriain al frente, junto a Josep Oriol Piña y Eva María Fernández, nombrados vocales independientes en mayo, y ya sin Villazán, que renunció al puesto un mes después de su creación.

Según las fuentes consultadas, a favor de la operación rema también el compromiso de los hermanos Escribano con la SEPI de no superar en ningún caso la participación mayoritaria del Estado en Indra de llevarse a cabo la compra de su empresa. Y si la valoración superase los 1.500 millones de euros, que les reportase una participación superior a ese 28% estarían por la labor de vender un paquete de acciones tal que les situara como máximo en el entorno del 25%, lo que les permitiría financiar la «pequeña deuda de su empresa familiar».

Así, con cada vez más apoyos a la operación entre los consejeros y accionistas, Indra enfila, de la mano de su consejero delegado, José Vicente de los Mozos –al mando de las negociaciones en la operación puesto que el presidente y su hermano, sentado en el consejo representando el 41,3% del capital de EM&E, se inhibieron para cumplir con las normas de buen gobierno corporativo– una nueva etapa en la que no solo intentará sacar adelante la compra de la empresa familiar del presidente, si no también la de Hispasat. Ambas deberán ser ratificadas por los accionistas en próximas juntas, desligadas la una de la otra.

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A fecha de hoy, aseguran las fuentes, los representantes en el consejo de la SEPI (los dominicales Antonio Cuevas, Moscoso del Prado y Miguel Sebastián), Javier Escribano y Amber –propiedad del inversor Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, con el 7,24% del capital de Indra, representado por el dominical Pablo Jiménez de Parga– votarán sí; mientras, los vascos de Sapa Placencia (con el 7,94% de la compañía de Defensa) aún no se han pronunciado oficialmente pero, a priori, son contrarios a la misma.

La reunión de los consejeros de Indra también abordó ayer los últimos avances sobre la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia, valorada en 725 millones de euros –anunciada en enero y ya aprobada en consejo–, una operación, que incluye también el 43% del capital social de Hisdesat, que facilitará a Indra controlar la rama de satélites militares de la compañía. Fuentes consultadas por ABC explican que Indra confía en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia autorice sin problemas esta operación, lo que se producirá antes de un mes en caso de que se resuelva el asunto en primera fase, para cerrar la transacción definitiva en noviembre.