Bruselas amenaza el gravamen del Gobierno a las energéticas

Así lo han señalado este martes el que fuera director general de Tributos del Ministerio de Hacienda y ahora ejerce como asesor en el despacho Gómez Acebo & Pombo, Diego Martín Abril y Begoña García Rozado, ex subdirectora general de impuestos sobre las personas jurídicas y actual responsable del Área Fiscal de Iberdrola, que han denunciado el uso abusivo de la política tributaria que se ha hecho en los últimos años para obtener nuevos ingresos y la ruptura del consenso internacional para poner en marcha figuras tributarias de carácter nacional que han generado distorsiones para las empresas españolas.

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Han puesto varios ejemplos, como el impuesto sobre los plásticos de un solo uso, activado el pasado 1 de enero, cuya aplicación se está convirtiendo en un foco permanente de problemas para las empresas; o los nuevos gravámenes a banca y energéticas, que se apartan del consenso europeo y que se han convertido según denuncian las empresas en un lastre competitivo.

Martín Abril y García Rozado, que estuvieron en la estructura de Hacienda entre 2012 y 2016, han coincidido, en el marco de una jornada de análisis organizada por el Registro de Asesores Fiscales (Reaf), en que se ha producido un retroceso en la competitividad del sistema fiscal español en los últimos cinco años. «Ha sido una fase complicada, en la que la falta de estabilidad social ha hecho difícil también la estabilidad jurídica, pero es cierto que ha habido un cierto abuso de la política tributaria», señala Martín Abril. «Pese a no tener objetivos de reducción del déficit público no se han dejado de introducir medidas de subida de impuestos», ha lamentado García Rozado, que subrayó ayer que lo primero que tendrían que buscar las autoridades fiscales para preservar la competitividad de la economía es «no espantar el negocio».

Tanto Martín Abril como García Rozado admitieron lagunas de seguridad jurídica en el sistema fiscal español y reivindicaron la necesidad de una mayor estabilidad regulatoria y de una actuación legislativa predecible.

La jornada organizada por el Registro de Asesores Fiscales trató de identificar las estrategias necesarias para mejorar la competitividad del sistema fiscal español, que ha salido particularmente zarandeada en los últimos indicadores internacionales difundidos en los últimos meses.

Begoña García Rozado, a la que le ha tocado lidiar en los últimos meses como responsable fiscal de Iberdrola con el gravamen a las energéticas, recalcó la necesidad de intentar evitar tener figuras tributarias estrictamente españolas cuando en la Comisión Europea o en la OCDE se trabaja en establecer figuras armonizadas para evitar diferencias de competencias entre empresas de diversos países.

En cuanto a cambios críticos, García Rozado y Martín Abril apuntaron en primer lugar a la derogación del tipo del 5% sobre los dividendos de fuente extranjera, «que es algo que miran mucho los inversores antes de operar en un país y que obliga a las empresas a pagar un peaje fiscal solo por tener una matriz en España», introducido desde el 1 de enero de 2021 por el Gobierno.

También coincidieron en la propuesta de deflactar la tarifa del IRPF para aligerar las cargas tributarias de las clases medias, en línea con lo que ha planteado el Partido Popular y ya han empezado a hacer un puñado de gobiernos autonómicos gobernados por los populares.

El polémico gravamen español a las empresas energéticas, cuyo diseño desbordó claramente los parámetros establecidos por la Comisión Europea para armonizar el establecimiento de ese tipo de impuestos extraordinarios a lo largo y ancho de toda la Unión Europea, será sometido antes del próximo 15 de octubre a examen por la Comisión para determinar si se adecúa o no a los objetivos detallados en el reglamento europeo aprobado el pasado mes de octubre. La decisión puede determinar su aplicación o no el próximo año en caso de que el próximo 23J alumbrara un cambio de Gobierno, según se da a entender desde el PP.

La Comisión diseñó un esquema diferente al que ha decidido aplicar España en el que los beneficios de las empresas eléctricas se contenían por la vía de los límites de precio y se utilizaba la herramienta fiscal para gravar los beneficios extraordinarios de la industrias extractivas. El Gobierno decidió tirar por otro lado, amplió el impuesto a las empresas eléctricas, alargó su duración de uno a dos años y además no gravó únicamente los beneficios extraordinarios sino que lo extendió a toda la cifra de negocios.

Los funcionarios de Bruselas deberán ahora decidir si el impuesto español es «análogo», según la terminología que utiliza la Comisión, al establecido por el reglamento o por el contrario ni cumple los mismo fines ni los mismos objetivos, lo cual podría llevar a una reprimenda pública por parte de Bruselas o quién sabe si a una petición de rectificación.

Esa es la puerta a la que se refirió el pasado lunes el portavoz económico del PP, Juan Bravo, para remitir cualquier decisión de un eventual futuro gobierno de Alberto Núñez Feijóo sobre ese gravamen al análisis que realice la Comisión Europea, lo que significaría que no se decidiría su reversión automática.