Las subidas de impuestos del Gobierno dejan a España por detrás de Portugal o Grecia en competitividad fiscal

El ILE, que se elabora en colaboración con The Wall Street Journal, trata según los autores de aproximar el grado de libertad económica de los países analizados a través de una docena de indicadores que se enmarcan cuatro grandes grupos según la metodología creada por The Heritage Foundation: el imperio de la ley, el tamaño del Estado, la eficiencia regulatoria y la apertura de los mercados. Lo hace sobre el bien entendido de que a más libertad económica, mayor prosperidad, mayor crecimiento económico y mayor creación de empleo.

Uno de esos indicadores es la carga fiscal. «Existe evidencia suficiente de que la consolidación de un modelo tributario neutral y atractivo contribuye a acelerar el crecimiento económico, lo que termina resultando en mayores ingresos públicos con menor sacrificio o esfuerzo fiscal por parte de los contribuyentes«, señala el informe elaborado para España por el IEE, el servicio de estudio y laboratorio de ideas vinculado a la CEOE. Cuanto más neutral y más atractivo resulte el sistema fiscal, más puntos obtiene en este ránkin. España obtuvo 62 puntos en el año 2018, lo que le situaba en mejor posición que países como Bélgica, Francia, Portugal, Italia, Alemania o Grecia; cuatro años después, este año 2022, su puntuación ha caído hasta los 59,7 puntos, lo que sigue situando el marco fiscal español en mejor condición que el de Francia o Italia (aunque con menos diferencia), pero lo hace caer por debajo de otros países como Alemania, Grecia y Portugal.

Este es uno de los factores que han contribuido en el retroceso de España desde el puesto 26 hasta el puesto 29 del ránkin de libertad económico de los 38 países de la OCDE. Según el análisis del IEE, España presenta un comportamiento positivo en los indicadores que están relacionados con el marco regulatorio y monetario instaurado por la Comisión Europea y las debilidades afloran en los indicadores que tienen que ver con la política nacional: cargas fiscales, nivel del gasto público o salud de las cuentas públicas. También en otros indicadores más cualitativos que tienen que ver con la gobernanza o el funcionamiento del sistema judicial, que no sitúa por detrás de países como Letonia o Lituania y que aparece como un lastre para la actividad económica.

Entre estos lastres, la maraña de normas autonómicas que según el presidente del IEE y vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, hace que en muchas ocasiones "sea más fácil vender bienes y servicios en mercados extranjeros que en los de otras comunidades autónomas". Esta situación, que lleva años siendo denunciada por la Comisión Europea y a la que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado aprobada en 2013 no ha sido capaz de poner coto, genera sobrecostes a las empresas, erosiona la seguridad jurídica y genera litigiosidad. Y esto no es gratis.

Según los cálculos del IEE, si España fuera capaz de resolver las trabas para la actividad económica que genera la heterogeneidad de las normas autonómicas impulsaría entre 1,5 y 3 puntos el PIB a medio y largo plazo, un impacto semejante al que el Gobierno espera de los 140.000 millones en inversiones de los fondos europeos.