El volcán pone la guinda al 'annus horribilis' del plátano de Canarias

Según las últimas estimaciones de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN), unas 40 hectáreas de cultivos han quedado sepultadas bajo la lava en La Palma. En paralelo, en la 'zona cero' unas 400 hectáreas, no disponen de agua y soportan una ceniza muy elevada. Esto último ya es una realidad que alcanza a todas las fincas plataneras de La Palma. Por este motivo, se congelarán los plátanos afectados por esta situación para buscarles una segunda oportunidad. En total, las pérdidas superan ya ampliamente los 72 millones de euros . El Gobierno dio luz verde esta semana en el último Consejo de Ministros del martes a ayudas por 14 millones de euros a las explotaciones agrícolas y ganaderas dañadas. Además de otros 4,3 millones para la reparación de las conducciones de regadíos.

En cualquier caso, el sector platanero viene viviendo de sobresalto en sobresalto en los últimos meses. La principal polémica tiene su origen en las masivas protestas de agricultores y ganaderos de toda España a principios de 2020, unas movilizaciones que forzaron una amplia reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria cuya segunda parte se culminará en las próximas semanas en el Senado. Esta modificación legal no contemplaba, en sus primeras versiones, la fuerte competencia de las multinacionales que producen bananas sobre el plátano de Canarias en el mercado español. Además de los bajos precios de este producto en los lineales de los supermercados. Lo que, en opinión de los productores, llevaría a la pérdida del 90% de la producción total por la obligatoriedad de que los precios en origen fueran iguales o superiores a los costes de producción frente a los bajos valores de la banana.

Tras muchas idas y vueltas, amén de un intenso debate dentro y fuera del Parlamento, la semana pasada la Comision de Agricultura del Congreso de los Diptuados aprobó una enmienda transaccional propuesta con el apoyo de los diputados canarios Ana Oramas y Pedro Quevedo y partidos tan diferentes como el PP, Ciudadanos, PNV, Vox, Bildu, Junts, Compromis y ERC. Esta modificación abría la puerta a excepcionalidad del plátano al incluir la cuantía de las ayudas en el cálculo de los costes de producción; así como considerar el precio medio de todas las ventas a todos sus clientes cada año y la posibilidad de concretar el precio de venta tras la maduración.

No ha sido el único cruce de golpes al que han tenido que hacer frente: Más recientemente, este verano, los gobiernos de España y Francia junto con Asprocan y la Asociación de Productores Europeos de Bananas (APEB) lograron que la Comisión Europea rechazase la propuesta de un país miembro de conceder 'una suspensión arancelaria' a la importación de bananas . Una medida que se proponía aplicar sobre aquellas, que una vez en puerto, no cumplieran con las normas europeas y se destinasen a uso industrial. Lo que fue interpretado, desde el lado de los productores españoles, como una forma por parte de las multinacionales para «esquivar los aranceles a la importación de la UE» . En cualquier caso, los aranceles a la importación de bananas ha caído más de un 53% desde 2010 y, en el caso concreto de la banana africana, se sitúa en los 75 euros/tonelada.

Por otra parte, a finales de noviembre llegaba la decisión definitiva de Bruselas de mantener durante este año y el próximo el Programa Comunitario de Apoyo a la Producciones Agrarias (POSEI) . Eso sí, con un matiz muy relevante: La Comisión Europea había puesto sobre la mesa un recorte del 3,9% anual sobre la mesa. Es decir, a 10 millones de euros por ejercicio. Pues bien, esta reducción será compensado por España con fondos de la nueva PAC (Política Agraria Común). Como recordaron desde Asprocan se evitó cruzar «líneas rojas de supervivencia» pero habrá partido de vuelta. El 'tijeretazo' propuesto había tachado de letal la propuesta del ejecutivo comunitario. Solo en ayudas a la agricultura - al plátano- Canarias recibe 268 millones de euros al año sujetos a la producción comercializada por cada productor. En cualquier caso, nadie en Bruselas parece preocuparle que el POSEI lleve pendiente de actualización desde 2007.