El Senado da luz verde a la expropiación de YPF a Repsol
El vicepresidente de Argentina y presidente del Senado, Amado Boudou, celebra el resultado de las votaciones - AFP

El Senado da luz verde a la expropiación de YPF a Repsol

Telefónica y otras empresas de servicios públicos, en la mira de la Cámara Alta

Carmen de carlos
BUENOS AIRES Actualizado:

El primer acto legislativo para la expropiación de YPF a Repsol se consumó esta madrugada. El Senado argentino, en una sesión maratónica de casi catorce horas, aprobó por aplastante mayoría el proyecto de ley que presentó, hace diez días, Cristina Fernández de Kirchner. Los votos a favor sumaron 63, en contra fueron tres y las abstenciones cuatro. El fantasma de la renacionalización de otros servicios públicos como la telefonía celular (Movistar) se agitó desde el bloque socialista. Hoy sigue el trámite en la Cámara de Diputados.

El senador Rubén Giustiniani, a medianoche, tomó la palabra y sentenció, «el cuchillo en la Argentina fue hasta el hueso». Se refería al proceso de privatizaciones de los años 90 impulsado desde el Gobierno de Carlos Menem y, en particular, a YPF. Giustiniani criticó la política energética de los últimos años y pidió la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN) para fiscalizar a la futura YPF.

Este detalle no era menor ya que el oficialismo pretende, expresamente, dejar fuera de control de YPF a la AGN, única organismo fiscalizador del Estado independiente. Pero la alocución de Giustiniani tuvo más miga. El senador fue al tuétano de la cuestión nacional y defendió la recuperación para el Estado de la totalidad de los servicios públicos. En este sentido no fue casual que lo primero que planteara fuera la posibilidad de «declarar de utilidad pública la telefonía celular». Las multinacionales españolas y europeas que podrían estar, en un futuro no demasiado lejano en la mira de la expropiación, podrían ser Telefónica, Edesur (Endesa) –al borde de la quiebra- o Gas Natural.

Abánico de críticas a Repsol

El pleno del Senado arrancó y terminó con un variado abanico de críticas a Repsol por un lado, a las privatizaciones de los años 90 por otro y, por último, a la gestión del Gobierno por su política energética. «No apostó nunca al crecimiento de Argentina…Realizó inversiones en Africa y no en la Argentina». El que hacía los reproches a Repsol era el senador Miguel Angel Pichetto, portavoz del Frente Para la Victoria, facción del peronismo creada por el matrimonio Kirchner. Tanto la presidente como su difunto marido y el peronismo al completo dieron luz verde a la privatización de YPF en el 92 (Repsol entraría en el 99). «Fue el primer error de la dirigencia política. Lo tenemos que asumir», añadió Picheto para justificar un cambio de posición tan radical.

Otro peronista, Adolfo Rodríguez Saá (Alianza Frente Justicialista), votó en contra. «Tenemos la ley de Enarsa que tiene lo mismos objetivos que ésta», dijo en alusión a la petrolera estatal creada por el ex presidente Néstor Kirchner de la que se desconoce una sola operación de exploración o extracción en suelo argentino. Rodríguez Saá, ex presidente que declaró la suspensión de pagos en diciembre del 2001, reprochó al Gobierno, «Si hubieran cumplido con la ley que ustedes sancionaron y pensaron hoy Argentina tendría autoabastecimiento y tendríamos la soberanía sobre el petróleo»

Luis Naidenoff, titular de la Unión Cívica Radical (UCR) criticó, «con esta expropiación no se resuelve el problema energético de Argentina» pero votó a favor, como la mayoría, «porque es lo mejor para el país». La UCR, no obstante, insistió en que «el Gobierno jamás realizó una política energética seria. Esto le costará al país 12.000 millones» de dólares, lamentó.

Norma Morandini, senadora y ex candidata a la vicepresidencia en las últimas elecciones, observó, «los que ayer defendían la privatización hoy defienden lo opuesto». Su abstención fue precedida de una defensa, «no somos antipatria por advertir errores» y rechazó la «encerrona ideológica y el chantaje emocional», al que el Gobierno ha recurrido para sacar adelante la iniciativa.

El proyecto de ley aprobado declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF» que está en manos de Repsol y a YPF Gas, distribuidora de gas donde YPF no tiene ninguna participación pero sí Repsol. En cuanto a la indemnización, se adjudica al Tribunal de Tasaciones de la Nación, ese cometido.

El ex presidente y actual senador, Carlos Menen, no acudió a la cita en el Senado pese a su anunció de que votaría a favor de la medida. Mientras el debate continúa y las críticas arrecian contra Repsol la compañía desarrolla una campaña de desmentidos en la prensa local para defenderse de los reproches de vaciamiento y desinversión.