Empleo pondrá coto a las prácticas abusivas en la jubilación parcial
Aumentará por encima de 61 años la edad para combinar salario y pensión
susana alcelay
Trabajar más y cobrar menos. Estas son las dos ideas que repiten una y otra vez los miembros del Gobierno cuando se les pregunta por la soluciones que existen para las deterioradas cuentas de la Seguridad Social, en déficit en 2011 por primera vez desde ... el año 1999. Dos ideas que están inspirando la próxima reforma de las pensiones en la que ya está trabajando el Ejecutivo con la vista puesta en el mes de septiembre, cuando la ministra de Empleo, Fátima Báñez quiere presentarla ante el Pacto de Toledo para su posterior negociación.
Una de las fórmulas que está sobre la mesa para trabajar más y también para gastar menos es atajar primero los abusos que se cometen en la jubilación parcial. El Ministerio de Empleo tiene sobre la mesa distintas combinaciones para endurecer las actuales condiciones de una fórmula que permite compatibilizar salario y pensión antes de cumplir la edad de retiro y que tiene un coste para el sistema superior a los 2.500 millones de euros anuales. Paralelamente a estas limitaciones, la idea es poner en funcionamiento nuevos incentivos a la jubilación flexible, que es aquella en la que la opción para compatibilizar salario y pensión se produce más allá de los 65 años.
La jubilación parcial es utilizada en España por casi 26.000 personas, que cobran una pensión media de poco menos de 1.600 euros mensuales . En muchas ocasiones está siendo utilizada de una forma desviada como vía de acceso a una jubilación anticipada sin merma en la pensión. Y tiene además el gran inconveniente de que es una fórmula costosa para las maltrechas arcas públicas, aunque, por el contrario, es más que beneficiosa para el trabajador.
Contratos de relevo
Para poder acogerse a esta modalidad peculiar de retiro es necesario tener cumplidos 61 años ( si ha cotizado al menos 30 años y tiene seis de antigüedad en la empresa). Con esa edad, el trabajador puede reducirse la jornada de trabajo entre un 25% y un 75%, y el salario en la misma proporción; y es completado en el porcentaje restante por la pensión. Al cumplir los 65 años, el trabajador accede al 100% de su pensión sin ninguna penalización, a diferencia de la jubilación anticipada, que tiene un recorte de la cuantía de la prestación de hasta un 35%.
Pero este retiro también implica a la empresa. Está obligada a contratar en estos casos un trabajador que releve al jubilado parcial en la parte de la jornada que este deja de trabajar. Si el nuevo trabajador tiene un contrato a jornada completa e indefinido, la reducción de la jornada del jubilado parcial puede llegar hasta el 85%.
Entre las fórmulas que estudia el departamento que dirige Báñez está ampliar la edad en la que un trabajador se puede jubilar parcialmente. Si la edad legal de jubilación se desplazará desde 65 años paulatinamente hasta los 67 años, lo coherente es que la edad para compatibilizar pensión y trabajo también lo haga, explican fuentes consultadas por ABC.
Además y como complemento se estarían barajando por el Ejecutivo recortes en el porcentaje de jornada que podría reducirse un jubilado parcial, para que este tuviera que acudir más tiempo al trabajo. Con ello cotizaría algo más y cobraría menos porcentaje de la pensión hasta los 65 años. Menos gasto, por tanto.
Adiós al IPC
No es la primera vez que se quiere retocar esta fórmula. En 2010 ya lo hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Acuciado por el déficit en las cuentas públicas el Ejecutivo socialista adoptó medidas de recorte de gasto y de freno también a la jubilación parcial. La edad para combinar pensión y salario se elevó entonces por encima de 61 años.
Tras el verano el Gobierno presentará sus propuestas para una nueva reforma cuando aún debe entrar en vigor la anterior. Ahora se persigue activar el factor de sostenibilidad que implicará directamente recortar el gasto en pensiones, las cuantías, en un momento en el que menos cotizantes y más pensionistas abren un agujero en las cuentas de la Seguridad Social.
Como ya informó ABC entre ellas figura cambiar el sistema de actualización de las pensiones, que cada año se ajusta teniendo en cuenta el IPC del mes de noviembre respecto a noviembre del año anterior. La idea es suprimir la cláusula automática de las pensiones , cuyo impacto presupuestario sería inmediato, a diferencia de las medidas contenidas en la última reforma de pensiones, todas ellas a largo plazo, igual que su impacto económico. Hay que tener en cuenta que cada punto de revalorización de las pensiones supone para el Estado un gasto adicional de unos 2.000 millones de euros.
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