El Gobierno abre la puerta a adelantar la jubilación a los 67 años antes de 2027

La intención del Ejecutivo es acelerar la aplicación del denominado «factor de sostenibilidad» , tal y como anunció Rajoy el pasado miércoles. Es decir, garantizar que la ratio de dependencia del sistema (número de trabajadores sobre el de pensionistas) se mantenga en positivo para asegurar la viabilidad de la Seguridad Social. Adelantar la revisión de este factor prevista por la reforma de las pensiones para el año 2027 abre la puerta a adelantar la entrada en vigor del retiro a los 67 años, diseñada de forma paulatina para ese año 2027. Lo mismo podría ocurrir con ampliar de 15 a 25 años el periodo de cotización para calcular la pensión previsto para 2022.

Desde Bruselas se ha respaldado la reforma de las pensiones que entró en vigor el pasado 1 de agosto como un paso significativo en favor de la sostenibilidad a largo plazo del sistema , pero reclaman nuevas medidas sobre la previsión de los mayores gastos que se derivan del envejecimiento de la población. En un primer momento, la Comisión reclamó al Ejecutivo que retrasara más allá de 67 años la edad legal de jubilación, aunque finalmente las alegaciones de España lograron aparcar la «sugerencia». También ha reclamado a nuestro país que acelere la jubilación a los 67 años, a lo que igualmente se ha negado el Ejecutivo, pero no lo ha hecho a adelantar el factor de jubilación, una vía por la que de forma indirecta se abre la puerta a la llegada adelantada del retiro a los 67 años.

Desde Bruselas también se ha aconsejado al Gobierno de Rajoy «mejorar las condiciones de trabajo de los mayores y fomentar la reincorporación de este grupo al mercado de trabajo». En línea con esta petición, Rajoy anunciaba esta semana su intención de «abordar» el tratamiento de la jubilación anticipada». Esta recomendación se traducirá en una nueva vuelta de tuerca a las prejubilaciones, un colectivo machacado por la crisis.

El Ejecutivo ya ha puesto coto en la reforma laboral. Desde junio, cuando la norma fue definitivamente aprobada por el Congreso, las empresas con beneficios están obligadas a pagar una aportación económica al Tesoro por los despidos a trabajadores de 50 o más años de edad en empresas con más de cien trabajadores.

En próximas semanas el Ejecutivo presentará un proyecto de ley ante el Pacto de Toledo para que sus señorías se pongan de acuerdo. En esa norma habrá incentivos para prolongar voluntariamente la vida laboral, fórmula que ya existe en la actualidad, aunque solo de forma proporcional y también realizar esfuerzos de cotización acordes con la prestación futura que se recibirá.