Los trabajadores de Alcoa en La Coruña en una de las protestas en defensa de sus puestos de trabajo
Los trabajadores de Alcoa en La Coruña en una de las protestas en defensa de sus puestos de trabajo - MIGUEL MUÑIZ

La plantilla de Alcoa se juega su futuro en los próximos dos meses

El fracaso del borrador de las electrointensivas complica la aparición de un posible inversor

SantiagoActualizado:

La producción de aluminio en España pende de un hilo. Tras meses de lucha, los trabajadores de Alcoa celebraron este Primero de Mayo con los ánimos bajos. En octubre del año pasado la multinacional estadounidense comunicó su decisión de cerrar las fábricas de La Coruña y Avilés con una plantilla conjunta de 700 personas. En enero, la empresa les daba un respiro. Posponía la clausura inmediata hasta el 30 de junio para dar tiempo a buscar un inversor que se haga cargo de las factorías. La esperanza para encontrarlo pasaba porque el Gobierno aprobase un conjunto de medidas capaz de abaratar la factura eléctrica a la industria gran consumidora de energía antes del 28-A. Pero el Ejecutivo de Sánchez incumplió su promesa.

En Alcoa hasta el 40% de sus costes de producción se van a abonar la factura eléctrica. La empresa justificó el cierre apelando a la carestía de la luz y también a que las plantas de La Coruña y Avilés contaban con una tecnología obsoleta. Si no hay rebajas, la dirección del grupo ha dejado entrever que incluso podrían cerrar la única fábrica de aluminio que todavía produce en España, la de San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo. También ha entrado en pérdidas.

Doce posibles compradores están interesados pero exigen luz más barata

La plantilla fiaba su futuro a la aprobación del estatuto de las electrointensivas, el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez para conseguir que la industria gran consumidora de energía pudiese ser competitiva. Según la patronal del sector, en España pagan el megavatio hora 25 euros más caro que en Alemania. A tres días de las elecciones, las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC) tumbaron el borrador que pretendía aprobar el Gobierno. Competencia alertaba que la Comisión Europea podía considerar ilegales las medidas al considerarse ayudas de Estado. Instaba al Gobierno a realizar un análisis pormenorizado de cada una de ellas y a buscar fórmulas aplicadas en otros países de la UE. Cuando se forme el nuevo Gobierno tendrá que retomar la aprobación del estatuto, pero el tiempo se acaba. Hasta el 3 de junio no empezarán las consultas del Rey y si no aparece comprador, Alcoa clausurará definitivamente las fábricas el 1 de julio. Hasta ahora ha apagado las cubas de la electrólisis, pero de tal forma que puedan ser reiniciadas si algún inversor se hace cargo de las fábricas. La multinacional se muestra, por el momento, reacia a aplazar nuevamente el cierre de las factorías de La Coruña y Avilés.

En los últimos meses hasta 12 inversores han mostrado su interés por las plantas. Pero todos ellos, advierten tanto fuentes de la Xunta como de la Confederación de Empresarios de Galicia, condicionan la presentación de una oferta a que se garantice por ley una rebaja en la factura de la luz de las electrointensivas. El borrador presentado por el Gobierno no parecía tampoco suficiente para conseguirlo. Los sindicatos, la patronal de las electrointensivas, Alcoa o la Xunta de Galicia advirtieron de que tal como estaba redactado no sería suficiente para garantizar el futuro de este tipo de industria.

Otra amenaza de cierre

Los trabajadores de Alcoa en La Coruña y Avilés llevan, sin embargo, mucho más tiempo sumidos en la incertidumbre. En 2014 la multinacional ya amenazó con cerrar las plantas por la carestía eléctrica. El desembarco de Alcoa en España se produjo en 1998. En plena ola de privatizaciones de empresas públicas puesta en marcha por el Gobierno de Aznar, la multinacional compró Inespal a la Sepi. La operación se selló por 383 millones de euros y permitió al grupo estadounidense hacerse propietario de una decena de plantas de aluminio.

Con la operación de compra, Alcoa negoció también un precio especial para su factura eléctrica. En 2009 comenzaron los problemas cuando la UE prohibió esta tarifa especial. El Gobierno diseñó entonces un sistema para compensar a las industrias electrointensivas por ofrecer un servicio de interrumpibilidad. En los periodos en que la demanda de electricidad es muy alto estas fábricas reducen drásticamente su consumo para permitir que la luz llegue a todos los hogares. A cambio reciben pagos millonarios. Pero en 2013, la UE manifestó su recelo a estas ayudas y se introdujo un modelo de subasta para el reparto de estas compensaciones atendiese a las reglas de la competencia. La multinacional amenazó con cerrar sus plantas. A finales de 2014 se produjeron dos subastas y Alcoa logró que se le abonasen unos 130 millones de euros por la interrumpibilidad. Dio carpetazo a sus planes y los centros de La Coruña y Avilés siguieron funcionando.