Competencia advierte que las medidas para Alcoa podrían tener problemas en la UE

El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a dar luz verde a dos días de las elecciones generales al Estatuto de Consumidores Electrointensivos. El documento establece los mecanismos de apoyo para que este tipo de industria pueda reducir costes de producción. Según la patronal del sector, estas empresas pagan la luz en España 25 euros por megavatio hora más cara que en Alemania y 20 euros más que en Francia.

La aprobación del estatuto es clave también para que aparezca algún inversor interesado en comprar las plantas que la multinacional estadounidense Alcoa pretende cerrar en La Coruña y Avilés, en las que trabajan unas 700 personas. El borrador no ha gustado ni a la patronal del sector, ni a los sindicatos, ni a la Xunta de Galicia, que consideran que tal como está redactado no será suficiente para salvar a factorías como las de Alcoa ni a otras como Ferroatlántica, que también atraviesan problemas. Mañana se sabrá si el Ejecutivo ha incluido algunas de sus alegaciones en el texto final .

Según Competencia, el impacto anual para las arcas públicas de las ayudas del Estado a las electrointesivas será de 41 millones de euros . Pero el organismo explica que también se recogen en el estatuto mecanismos indeterminados, «que quedan condicionados a una regulación futura vía orden ministerial o bien a la existencia de disponibilidad presupuestaria (mecanismos de compensación de costes de emisiones, revisión de coeficientes de pérdidas y la cobertura de riesgos para contratos a largo plazo)». Competencia explica que las medidas para el CO2 (el principal gas responsable del cambio climático) son aceptadas por la Comisión Europea . Sin embargo, censura que sobre el resto de propuestas «no se tiene conocimiento» de que haya sido realizado «el pertinente estudio de adecuación a la normativa de ayudas de Estado». La CNMC recomienda al Gobierno que actúe «siguiendo el criterio de prudencia» para evitar inseguridad jurídica en el futuro .