El Gobierno central pone en jaque el futuro de Alcoa a dos días del 28-A

Para la Xunta y los trabajadores la ausencia del paquete de medidas para abaratar la luz a los grandes consumidores industriales es casi una sentencia de muerte para las factorías de Alcoa. «El Gobierno es al final quien nos va a cerrar» , lamentó el presidente del comité de empresa de la planta coruñesa, Juan Carlos López Corbacho. Los trabajadores se sienten «estafados» porque el Ejecutivo de Sánchez se había comprometido a encontrar una solución para mantener las fábricas en funcionamiento. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también aseguró que en estos momentos «Alcoa está en el aire» ya que «prácticamente no existe ninguna posibilidad» de que pueda mantener el «cien por cien de la plantilla» actual en La Coruña. «Sin este estatuto no hay futuro para Alcoa ni para el resto», aseveró también el conselleiro de Economía e Industria, en referencia a las otras industrias del sector electrointensivo en Galicia que emplean a 5.000 personas.

Alcoa reconoce que es necesario que el estatuto «se apruebe lo antes posible» porque su ausencia «puede condicionar la viabilidad de la industria y el interés de posibles compradores» . Fuentes de la multinacional norteamericana rechazaron ayer ampliar el plazo para recibir ofertas más allá del 30 de junio , lo que supondría un balón de oxígeno para aprobar definitivamente un marco enérgetico estable para esta industria. «El proceso de venta se enmarca en el acuerdo del ERE con los trabajadores», recordaron y el «acuerdo es el acuerdo». La carestía de la electricidad en España, un 50% superior a la de sus competidores cercanos, según Alcoa hace peligrar también la factoría de San Cibrao. «Ahora es la única fábrica de aluminio primario y está en pérdidas», asegura la multinacional estadounidense.

Desde el Gobierno central, sin embargo, se muestran más optimistas. En declaraciones a Ep, el secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, aseguró que el retraso en la aprobación del estatuto «no tiene por qué» afectar al proceso de venta de las factorías de La Coruña y Avilés . Blanco afirmó que el compromiso para aprobarlo «se mantiene plenamente» y que el Gobierno espera poder sacarlo adelante «tan pronto como sea posible», aunque descartó hacerlo con el Ejecutivo en funciones. La vicesecretaria general del PSOE y candidata al Congreso por Asturias Adriana Lastra prometía ayer también a la plantilla de Avilés a que el Ejecutivo ampliará hasta más de 200 millones de euros las ayudas de compensación por costes de emisiones indirectas de CO2. Esta es una de las medidas que estaban previstas en el estatuto y que cuentan con el visto bueno de Bruselas.

Competencia advirtió el jueves al Gobierno que el resto de sus propuestas deberían ser analizadas con más detenimiento antes de aprobarse para no tener problemas con la Comisión Europea, ya que se trataría de ayudas públicas . El organismo avisó de que el texto, tal como estaba redactado, podría crear inseguridad jurídica.